EscucharReiniciar el proceso de licitación para construir el nuevo hospital de Cartago, tomaría al menos dos años: uno para recibir ofertas y otro para realizar la adjudicación. Ese plazo podría extenderse hasta una década si la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decide cambiar el terreno adquirido en 2011 en El Guarco.
Esta fue la estimación que hicieron representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ante los diputados de la comisión legislativa de Cartago, quienes los convocaron este lunes 28 de octubre como parte de la investigación en torno a la decisión de la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S.A. de C.V. de retirarse del proyecto para levantar el nuevo Max Peralta.
Por parte de esa cámara acudieron el director ejecutivo, Randall Murillo Astúa, y el asesor legal, José Adolfo Gell Loría. También compareció Santiago Aguilar Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de la Industria y Comercio Costa Rica-México (Cicomex).
Para Gell Loría, readjudicar a la empresa que sigue, como lo propuso la Dirección Jurídica de la CCSS a la Junta Directiva, “sería la vía más rápida”.
“Si no, estaríamos hablando de al menos dos años más para volver al estado actual de tener una oferta adjudicada. Sería un retraso significativo. (Incluso así) estaría dentro del margen de lo razonable, en comparación con hacer la sustitución del lote”, advirtió el asesor legal.
En este segundo caso, con cambio de terreno, el retraso sería de hasta casi una década.
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Readjudicar a la segunda empresa calificada depende de la Junta Directiva de la CCSS, que no sesiona desde hace un mes. En esta licitación, por un monto de ¢178.479.493.230, participaron otras tres empresas que ofertaron así: Van der Laat y Jiménez S. A. ($398,9 millones), Consorcio Edica HMPJ ($419,5 millones), y el Consorcio Edificar-Estructuras ($263,9 millones).
Estas ofertas, explicó Gell, pasaron el análisis de admisibilidad. “Sería decisión de la Junta Directiva dejar sin efecto la adjudicación actual y otorgar a la del segundo lugar. Para eso, debería tener la disponibilidad presupuestaria”, aclaró el abogado.
El director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, Randall Murillo, admitió ante los diputados que el retiro de la empresa mexicana les llamó la atención, sin embargo, no los tomó “por sorpresa”. Según Murillo, desde el momento en que la Cámara analizó las diferentes ofertas les llamó la atención el precio de la firma que finalmente fue adjudicada.
“(...) tenía una diferencia de precio con respecto a la segunda oferta de casi el 27%. En construcción no es normal en ofertas de esta naturaleza, en un proyecto de alta complejidad técnica y financiera. Los márgenes normalmente andan entre el 6% y 7% dependiendo del apetito del oferente. En este caso, una diferencia de casi el 27% nos llamaba que estábamos ante un precio ruinoso. La empresa, posiblemente, con ese precio no iba a poder salir”, dijo Murillo.
Ante la consulta de la diputada liberacionista Paulina Ramírez de si en este caso cabe sentar responsabilidades a la constructora, Murillo declaró que desde el punto de vista técnico, no han encontrado un elemento suficientemente sólido para la salida del proyecto.
“Hasta hoy no hemos encontrado ningún argumento técnico sólido que haga pensar que el proyecto no se deba construir. Para nada. Hasta hoy no encuentro materia sólida para decir que hay justificación en la salida”, dijo.
Para el abogado de la Cámara, en el tema de la eventual sanción, el siguiente paso es un procedimiento administrativo para proceder con la inhabilitación de la empresa. No obstante, advirtió desconocer si esta firma tiene algún interés en volver a participar en otro proceso de contratación en Costa Rica.
Salida de mexicanos de hospital de Cartago crea ‘riesgo reputacional’
Santiago Aguilar, de Cicomex, aclaró que la empresa mexicana no forma parte de la Cámara. Esta organización, explicó, busca fomentar las relaciones comerciales entre ambos países y ser un puente entre empresas.
“Creería yo que la empresa tomó una decisión de acuerdo con su interpretación interna del ambiente que estaba reinando. Que hicieron un análisis concienzudo de esa decisión que implica un riesgo reputacional enorme. (...) Creo que hay un tema reputacional para el empresariado mexicano producto de la situación que se ha dado. Esta situación nos tomó por sorpresa. No la veíamos venir.
“Espero que sea (un caso) aislado, que sea el único, que por la coyuntura por la cual se presentó y no afecte el resto de la relación comercial que Costa Rica tiene con México”, manifestó Aguilar a los diputados.
La presidenta de la comisión, la diputada liberacionista Rosaura Méndez Gamboa, preguntó a los comparecientes si consideraban que las declaraciones contra la construcción del hospital dadas por el presidente Rodrigo Chaves Robles, el 14 de setiembre, en Cartago, afectaron de manera directa la toma de decisiones en este proyecto.
Randall Murillo no dijo ni sí ni no: “Las empresas constructoras son eso: empresas con gente acostumbrada a lidiar con procesos técnicos y análisis muy detallados. Cuando una empresa de este calibre técnico debe pasarse a un plano político o empieza a percibir riesgos que se salen de lo técnico, ninguna empresa quiere estar ahí, ni nacional ni extranjera. Ninguna empresa seria quisiera estar en ese plano.
“Con eso no quiero decir que hubo presión. No me consta de ninguna manera. Pero ciertamente le agrega un componente que no es deseable en un proceso de construcción de tal envergadura. (...) Lo que recomendamos es proceder técnicamente con el hospital con lo que corresponde, ojalá podamos avanzar sin tener interferencia de temas que no tienen relación con el proyecto, que tiene una alta rigurosidad técnica y financiera”, recomendó Murillo.
