“Estaban aquí con todos sus asesores, había un montón de gente... y un montón de abogados. Todos dijeron que esa era la vía, que eso no contravenía la ley”.

Las palabras son de Marielos Alfaro, una de las tres representantes empresariales ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Alfaro y siete directores más acudieron al llamado del equipo negociador del Poder Ejecutivo para asistir, el domingo 11 de agosto, a una exposición de las propuestas que llevarían a la negociación con los sindicatos, un día después.

Fue una reunión que se inició oficialmente a las 11 a. m., apenas llegaron el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el de Trabajo, Steven Núñez, y se prolongó casi hasta las 7 p. m.

Alfaro aclara que no se trató de una sesión formal de Junta Directiva. “Solo llegamos a escuchar y a preguntar”, dijo.

Veinticuatro horas después de terminado ese encuentro, la huelga que trastornó todos los servicios de salud durante ocho días de protestas escribía su punto final con un polémico acuerdo.

Los 15 compromisos firmados por el Gobierno, autoridades de la CCSS y los sindicatos contravienen lo pactado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal, aprobada en diciembre del 2018, según han afirmado en los medios juristas, legisladores y la propia ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, la primera en salir a reprobarlo.

Principalmente, el acuerdo fue dejar en manos de los tribunales contencioso-administrativos la tarea de aclarar los diferendos en materia de pago de anualidades y pluses.

Mientras el tribunal emite una sentencia en firme –para lo cual no tardará menos de cinco años, según juristas consultados por La Nación–, los más de 57.000 empleados de la institución seguirán recibiendo esos beneficios calculados como porcentaje de su salario y no con un monto nominal o fijo.

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‘Dirección adecuada’

Alfaro reconoce que todos los abogados presentes –de la Dirección Jurídica de la Caja, encabezada por Gilberth Alfaro, y los asesores legales de los ministros– aseguraron ese domingo que la propuesta de llevar el caso a los tribunales de lo contencioso-administrativo era la vía.

“Todos preguntamos por qué estaban yendo en esa dirección, y ellos dijeron que esa era la dirección adecuada, pero ahora surgen cuestionamientos sobre la legalidad de todos los acuerdos que se tomaron. Como directores, se les dio un voto de confianza. Se les dijo: ‘Vayan negocien y resuelvan en el marco de la legalidad’.

”Entendemos que es muy duro, tienen que negociar para que esto se termine y en medio de amenazas de paralizar servicios como el de emergencias, pero advertimos de que no podían negociar asuntos que rocen con la ilegalidad”, explicó Alfaro a La Nación en una entrevista telefónica en la cual amplió las declaraciones que posteó en su página de Facebook la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Según la directora, lo primero que hará en la próxima sesión ordinaria de Junta Directiva, programada para el jueves 22 de agosto, será preguntarle al director jurídico de la Caja, Gilberth Alfaro, cuál es la posición de esa dirección ante todo el cuestionamiento sobre legalidad.

"La ley se cumple, en eso no hay discusión. Pero en este momento, se están cuestionando la legalidad de algunas concesiones que se dieron. En la próxima sesión, el director jurídico y el cuerpo legal nos tendrán que explicar qué está pasando. Aquí hay una cadena de responsabilidades. El acuerdo queda expuesto, es un documento público; lo tienen personas con formación jurídica que salen a los medios, y también la Unión de Cámaras le ve vicios de ilegalidad.

”Uno se pregunta: ¿dónde están los abogados de la Caja? Sí, tengo dudas con todo lo que han planteado algunos juristas y lo que se analizó en el seno de la Uccaep. Parece que hay que hacer una revisión muy fina, porque parece que hay elementos no consistentes con la legalidad”, agregó Alfaro.

Precisamente, este viernes 16 de agosto comenzó a trabajar un abogado como asesor legal de la Junta Directiva, informó la representante empresarial.

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“Inmediatamente, manifestamos que lo primero que queremos que haga este asesor de la Junta es que estudie todos los acuerdos a los que llegó la Caja, desde el (acuerdo del) 20 de febrero hasta el del lunes. Que los estudie y nos presente un informe a la Junta del jueves”, informó la representante empresarial, visiblemente molesta y preocupada por la situación a la que se expuso a la Caja con todo este asunto.

La Nación intentó conversar este viernes con Gilberth Alfaro, director jurídico, pero la oficina de prensa de la Caja informó de que estaba de vacaciones. Se solicitó coordinar una entrevista para este lunes, pero quedó pendiente.

Conflicto en escalada

Según Marielos Alfaro, la huelga estaba escalando en intensidad.

Precisamente, y a pedido de Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, los directivos recibieron a un grupo de sindicalistas en su sesión del jueves 8 de agosto, cuando todavía la protesta estaba activa.

Ahí fue donde los dirigentes, asegura Alfaro, amenazaron con paralizar hasta los servicios de salud más esenciales, como es la atención de emergencias.

“El jueves anterior se hizo un planteamiento: depongan la huelga y empezamos a hablar de lo que ustedes aspiran, y ellos (sindicatos) dijeron que no. Entonces, ¿cuál era la aspiración en esa reunión del domingo?

”Bueno, terminemos esta huelga porque definitivamente la gente requiere el servicio de salud, pero insistimos: no a toda costa, no incumpliendo la ley. No por encima de lo que todos los costarricenses tenemos que cumplir. Lo que se dijo fue: sigan la negociación”, aclaró Alfaro.

A esa reunión con los ministros del Ejecutivo, además de Alfaro, acudieron María de los Ángeles Solís Umaña, Fabiola Abarca Jiménez –ambas, representantes del Estado junto a Román Macaya, quien preside la Junta–; los representantes empresariales Christian Steinvorth, Marielos Alfaro y Álvaro Salas, y dos de los trabajadores, José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez.

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Mario Devandas, vocero sindical ante la Junta, está con un permiso especial.

Ese domingo, ante la exposición de la propuesta del proceso de lesividad, Alfaro cuestionó la proposición de los representantes gubernamentales de que sería el Estado el que cubriera el monto, si el fallo resultaba favorable para la Caja.

“Lo que muchos cuestionamos es que el Gobierno es un mal pagador para la Caja. ¡Cómo vamos a confiar en un pagador que no paga! Pero el ministro de la Presidencia dijo que había un compromiso por eso.

”Teníamos en la mesa a Román Macaya, al ministro de la Presidencia y al de Trabajo, como representantes del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que está diciendo ‘ese es el camino, es lo que proponemos’”, comentó Alfaro.

Según la directora, cuando ellos preguntaron quién va a poner la plata, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, dijo: ‘Nosotros’, y fue cuando hablaron de un acuerdo de compromiso...

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“Yo le pregunté, el domingo, quiénes van a firmar ese acuerdo, y él (Morales) dijo: ‘Los jerarcas que tengan competencias para esto'. ‘Entonces, ¿va a firmar la ministra de Hacienda’, le pregunté. ‘Sí corresponde, ella firmará’, me dijo.

”‘¿Y cuándo lo vamos a tener? El viernes 16 de agosto’. No solamente lo dice, lo firmó (Morales). Y ese fue el primer incumplimiento. No le puedo contestar qué pasó entre Presidencia (de la Caja), el Ejecutivo y Hacienda”, dijo Alfaro.

El domingo, agregó Alfaro, durante la discusión del compromiso del Gobierno para pagar las sumas que no se pudieran recuperar, el jerarca de la Presidencia aseguró que el presidente Carlos Alvarado estaba de acuerdo.