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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) necesita tiempo para aplicar la reforma fiscal.
“Tendremos imposibilidad material para cumplir con los tiempos establecidos en la Ley para algunos de los rubros contemplados”, sostiene el jerarca de la institución, Román Macaya Hayes y cita entre varios ejemplos lo numeroso y complejo de la planilla (más de 57.000 empleados), y un débil sistema de información.
Como presidente ejecutivo de la Caja, Macaya respaldó el acuerdo firmado con los sindicatos de la institución el 20 de febrero, y acuerpó el acuerdo de la Junta Directiva, tomado hace una semana, para “tomar las medidas necesarias” que les eviten los recortes presupuestarios que trae la llamada regla fiscal.
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El miércoles pasado, junto al ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocart, y el ministro de Trabajo, Steven Núñez Rímolo, Macaya escuchó la propuesta del gobierno de emitir un decreto presidencial que aplazaría, por 17 meses (hasta diciembre de 2020), la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finazas Públicas (número 9635).
Era un intento, según Piza, de dar tiempo a la institución para que, en diálogo con los trabajadores, encontrara fórmulas para cumplir con la obligación de ley. Los sindicatos, en bloque, rechazaron esta propuesta y volvieron a lanzar amenazas de huelga.
Las siguientes son las preguntas enviadas a Macaya sobre el tema. Las contestó por medio de su oficina de prensa.
–¿Cuánto le costaría a la CCSS mantener el convenio de febrero con los sindicatos hasta diciembre del 2020?
–Esa estimación no es factible determinarla ya que se desconoce los posibles aumentos salariales para este segundo semestre y el próximo año 2020, insumos necesarios para realizar esta estimación.
–¿Por qué ese nuevo decreto tendría una vigencia hasta diciembre de 2020?
–Lo que hemos manifestado como institución, es que tendremos imposibilidad material para cumplir con los tiempos establecidos en la Ley para algunos de los rubros contemplados. Las razones han sido expuestas:
"Tenemos planilla más compleja del país. La Caja tiene más de 57.000 empleados, ubicados en más de 580 perfiles profesionales y no profesionales, cada uno con, al menos, 30 variables que afectan las compensaciones salariales. Las jornadas laborales se desarrollan en tres turnos distintos, que se compensan de manera diferente, durante los 365 días del año.
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“El sistema de información con el cual se administran los pagos de todos los funcionarios no cuenta con la robustez necesaria para que los cambios se ejecuten de forma inmediata. Es un sistema legado, que incluso motivó que desde enero 2018 se iniciara un proceso para actualizar tecnológicamente este sistema de pago en forma integral, programado en tecnología de punta (Oracle y Java), misma tecnología utilizada en el EDUS (Expediente Digital Único en Salud) y que se estima estará en funcionamiento en marzo del 2021”.
–¿Qué piensa de la propuesta del Poder Ejecutivo (un decreto)?
–Como institución, lo que hemos solicitado es tiempo. Una decisión de este tipo nos permite en el marco de legalidad, tiempo razonable para aplicar la forma de pago contemplada en la Ley de manera integral y segura.
–¿Qué se decidió en cuanto al otro decreto ejecutivo, origen de este nuevo conflicto (el decreto 41.729-MIDEPLAN-H, que cambiaría las reglas del juego)? ¿Solicitaron algo los sindicatos? ¿Planteó algo el Gobierno? ¿Qué propone la CCSS?
–La CCSS ha mantenido la posición de ser respetuosa del ordenamiento jurídico nacional. En materia de empleo público reiteradamente hemos dicho que no somos autónomos, de ahí que se aplica la norma que esta vigente. En el caso específico la institución respetará en todos sus extremos la ley 9635 en esta materia de empleo público y los decretos ejecutivos relacionados con esta.
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“En el rango de acción de la Institución la Caja está en plena disposición de establecer una mesa de diálogo permanente con las agrupaciones sindicales, para alcanzar acuerdos sustentados en la legalidad”.
–¿De qué lado está el presidente ejecutivo de la CCSS: del Gobierno o de los sindicatos?
–Como reiteradamente se ha dicho, el Presidente Ejecutivo solo puede atender y gestionar dentro del marco de legalidad. Soy respetuoso del marco jurídico, de forma tal que desde la publicación de la Ley, el pasado 04 de diciembre, se han venido realizando las acciones administrativas y técnicas necesarias para implementarla y su correspondiente reglamento.
