EscucharEl Estado costarricense deberá pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al menos ¢400.000 millones adeudados al seguro de salud en las últimas dos décadas.
Un fallo unánime de la Sala I, notificado en los últimos días a las partes, confirma que el Estado debe pagar esa deuda multimillonaria con la Caja, al rechazar una apelación presentada en la administración de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018).
El fallo es parte del proceso iniciado contra el Estado costarricense en el 2013 por el diputado José María Villalta, quien recurrió a los tribunales para obligar al Estado a cumplir con el financiamiento del traslado de los Ebáis (primer nivel de atención) del Ministerio de Salud a la Caja.
Ese traslado se dio a inicios de la década de los noventa, con la llamada reforma del sector salud.
"(...) dentro del Estado Social que predica la Constitución, la conducta del Ministerio de Hacienda y de la CCSS debió ser, en ambos casos, más proclive a la tutela del derecho a la salud, pues en la falta de pago de los fondos, y en la falta de requerimiento efectivo de pago, resultó perjudicada la prestación del servicio de salud, en tanto se comprometió su eficiencia, celeridad, accesibilidad, calidad y disponibilidad.
“Es indudable que la afluencia de los recursos financieros no transferidos oportunamente, habría permitido, con una adecuada gestión, una mejora de los servicios de salud”, indica la sentencia, que tiene fecha del 8 de marzo del 2018.
Según la oficina de prensa del Poder Judicial, por la complejidad del asunto, se tardó un año en redactar la sentencia, que recién se notificó a las partes.
"Me notificaron hoy el fallo. Es la casación del juicio que ganamos en el 2015 por la demanda que presenté en 2013 contra el Estado.
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“Durante años, el Ministerio de Hacienda no cumplió y por eso presentamos la demanda en el 2013, que fue declarada con lugar por el Contencioso. Por eso, el Poder Ejecutivo acudió a casación”, explicó el Villlalta, legislador del partido Frente Amplio.
El monto final que tendrá que cancelar el Estado así como el mecanismo de pago, se definirán en el proceso de ejecución de sentencia, pero se prevé multimillonario pues fueron más de dos décadas de deudas acumuladas.
Estos daños y perjuicios se estiman provisionalmente en la suma de ¢200.000 millones por los daños y otro tanto por perjuicios.
La sentencia, señaló el legislador, le da una “regañada” a la Caja porque ella omitió durante muchos años ese cobro.
"Ahora, ni Hacienda ni la CCSS tienen excusas. Hacienda para reconocer la deuda y la Caja para cobrarla”, agregó Villalta.
La oficina de prensa de Casa Presidencial dijo que el Poder Ejecutivo no ha sido notificado oficialmente, “porque la defensa del Estado es competencia de la Procuraduría de la República.
“Una vez que el Poder Ejecutivo reciba formalmente el fallo se procederá con el análisis”, manifestó Presidencia.
El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, considera que esta sentencia en firme concluye un proceso judicial de varios años.
“La CCSS fue notificada el 20 de marzo, y lo que corresponde ahora es establecer una mesa de trabajo entre la CCSS y Hacienda para precisar el monto final y la modalidad de pago de la deuda, lo cual es muy importante porque esto consolida la certeza jurídica de esta cuenta por cobrar”, dijo Macaya.
