EscucharLa Sala Constitucional declaró que el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) lesionó los derechos al buen funcionamiento de los servicios públicos, a la salud y al acceso al agua potable, por no contar con protocolos eficientes para detectar rápidamente la contaminación del agua en los cantones de Tibás, Moravia, Goicoechea y San José.
Según determinaron los magistrados, los vecinos reportaron problemas con el suministro del agua desde el 22 de enero, pero el Ministerio de Salud confirmó la presencia de contaminantes por hidrocarburos hasta el 25 del mismo mes. Si bien las autoridades del AyA instaron a la población a no consumir agua, no actuaron con la prontitud necesaria para atender el problema.
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La Sala IV también señaló que el AyA carece de un sistema efectivo para la prevención de la contaminación en las fuentes de agua. Este motivo agravó la situación en los distritos Anselmo Llorente, Cinco Esquinas, León XIII, Colima y San Juan, en Tibás; así como en Carmen, Merced, Mercedes, San Francisco y Uruca, en San José; Calle Blancos y Guadalupe, en Goicoechea,y San Vicente, en Moravia.
Esta sentencia se lee en un recurso de amparo dado con lugar a un vecino de Tibás, de 69 años, quien reclamó verse afectado por la contaminación del agua potable. El recurrente alegó que la salud y la vida de los consumidores fueron puestas en grave riesgo, debido a que no podían utilizar el recurso hídrico para consumo, cocina ni higiene personal.
Unos 107.000 habitantes de estos cantones se vieron afectados por la imposibilidad de utilizar el servicio. Las alertas comenzaron por un olor y sabor a combustible en el líquido.
Los magistrados también ordenaron que el AyA solucione de manera definitiva el problema de contaminación en las zonas afectadas. Aparte de realizar los estudios pertinentes para garantizar la calidad de agua, deberán definir e implementar las medidas requeridas para garantizar la potabilidad del recurso hídrico.
Además, ordenaron el inicio de las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, en un plazo de un mes, para la posterior ejecución de los procedimientos interdisciplinarios respectivos.
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