Los siete magistrados que integran la Sala Constitucional citaron este jueves a las máximas autoridades de Salud del país no solo para pedirles cuentas sobre lo que están haciendo o dejando de hacer para resolver los largos tiempos de espera de atención en hospitales públicos.

También los convocaron para advertirles sobre la necesidad de resolver con celeridad un asunto que es de altísimo interés nacional, como lo reflejan la gran cantidad de quejas y reclamos que llegan hasta ese tribunal por parte de los asegurados.

"Definitivamente, no lograron empatar los tiempos que la historia nos marcaba. (...) Nuestros constituyentes determinaron que nuestro país sería un Estado social de derecho, creo que con una gran visión, y conocedores de lo indispensable que es el derecho a la salud para una sociedad.

“A nivel de Sala IV, cuando el reclamo social representa más del 30% de los recursos de amparo que atendemos, eso definitivamente raya en lo irrazonable", dijo la magistrada suplente Marta Esquivel.

La jueza se refirió a la histórica cifra de 7.037 recursos de amparo atendidos el año pasado por las listas de espera y medicamentos: un 34,5% del total de amparos.

Según la Sala Constitucional, un año antes se atendieron 5.520 amparos en materia de salud, lo que entonces representó un 26,7% del total de casos atendidos por los magistrados en el 2017.

Esquivel fue la instructora de un recurso de amparo que sirvió para justificar la inusual audiencia realizada este jueves en una sala de la Corte Suprema de Justicia.

A la vista acudieron el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya Hayes, y el gerente general de esa institución, Roberto Barrantes Cervantes. También estuvieron presentes el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, el presidente del Colegio de Médicos, Andrés Castillo Saborío, y a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

La audiencia se prolongó poco más de cuatro horas, y de ahí saldrá, en los próximos días, lo que se conoce como una sentencia estructural, explicó Fernando Castillo, presidente de esa Sala.

Se trata de un fallo que más allá de ver el caso particular, pretende establecer pautas generales sobre cómo tratar, en este caso, las listas de espera en los hospitales públicos.

La magistrada Marta Esquivel fue una de las que más preguntas realizó a los convocados: los cuestionó, entre otras cosas, por el funcionamiento del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), por la existencia de un sistema de rendición de cuentas y sobre el peso que da la institución a las acciones preventivas y a las curativas.

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"Nuestro deber –advirtió Esquivel– como actores fundamentales en el desarrollo de este país es cumplir eficientemente con los mandatos que nos da la ley, y el país se merece que aunque tengamos problemas de índole económico, los recursos deben ser usados eficientemente. Todos tenemos que contribuir con esto porque la seguridad social es del país”.

Magistrado: “Si la Caja funcionara mejor no estaríamos en esta vista"

Las listas de espera para operaciones, exámenes diagnósticos y citas con el médico especialista han sido un problema crónico en la Caja.

En el último año, según las autoridades de la CCSS, estrategias como las jornadas de producción han permitido bajar los tiempos de espera 198 días a 149 en algunos procedimientos diagnósticos, y de 442 días a 378 en algunas cirugías electivas o programadas.

Hace una semana, se informó oficialmente sobre la intensificación de varias medidas, como el pago de horas extra para las jornadas de producción, el uso de la telemedicina y el trabajo en red, permitiendo que pacientes en lista de un hospital sean resueltos en otro con capacidad para operar o hacer exámenes.

Solo en este año, la CCSS invertirá ¢15.000 millones, informó Román Macaya hace una semana.

Estas y otras acciones fueron informadas a los magistrados.

En su intervención, la jueza Nancy Hernández les informó a las autoridades de la CCSS que el año pasado, por primera vez, los amparos relacionados con la atención en salud rebasaron cualquier otro asunto recibido en la Sala.

“Esto ha cambiado la dinámica para trabajar otras materias”, dijo Hernández, quien les reclamó la desarticulación en el abordaje de los casos entre los diferentes centros de la Caja: mientras unos hospitales resuelven pronto, otros no.

Esta magistrada solicitó a la CCSS la lista de todos los proyectos de inversión en infraestructura mencionada por esa institución como una de las formas para paliar las largas esperas. Hernández dijo que busca detectar cuáles de esos proyectos tienen un impacto real, como lo promete la Caja.

“Todos los que estamos aquí amamos la Caja y quisiéramos que funcione mejor. Si funcionara mejor no estaríamos en esta vista”, agregó el magistrado Luis Fernando Salazar.

El juez constitucional presentó un cálculo de tiempos realizado por él mismo a partir de datos aportados por la CCSS.

Dijo que, en promedio, las esperas rondaban los 429 días: más de 14 meses. No especificó si se trataba de cirugías, exámenes o consultas.

Su preocupación por el tiempo se concentró, principalmente, en las personas adultas mayores que deben esperar tiempos prolongados por atención.

Por su parte, el magistrado Huberth Fernández pidió explicaciones sobre los tiempos para que el plan anunciado por la CCSS dé resultados: dos años para ver los primeros impactos, y otro tanto para que sea sostenible.

Al finalizar, el presidente de la Sala, Fernando Castillo, les recordó a los presentes que “este es un tema de mucha relevancia. Es un tema país”.