EscucharLa Sala IV ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Salud atender a un enfermo que requiere trasplante de hígado y cuyo hermano denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el supuesto desvío del órgano que iba a ser trasplantado a su familiar en el Hospital México. El hombre tiene 66 años y padece una enfermedad hepática terminal que lo tiene entre los candidatos a lista de espera de esas cirugías.
La orden es del 16 de marzo anterior y es una medida cautelar mientras los magistrados emiten la sentencia sobre el recurso de amparo interpuesto por el paciente. El recurso forma parte del expediente 22-005529-007-C0, en trámite en la Sala Constitucional.
“Se ordena a las autoridades recurridas tomar las medidas necesarias y girar las órdenes pertinentes a fin de que (nombre del paciente) reciba la atención médica que requiere para tratar adecuadamente su condición de salud, garantizando que no se ponga en riesgo su vida, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso o no disponga otra cosa”, dicta la orden.
El recurso de amparo es una acción más interpuesta por la familia del paciente (que pidió reservar su identidad), luego de que este fuera llamado por el equipo de trasplantes del Hospital México para realizarle el procedimiento, el domingo 13 de marzo.
Daniel Montoya Vargas, hermano del hombre afectado, fue quien presentó la denuncia ante el OIJ un día después de que ocurrieran los hechos. Según relató Montoya, su hermano fue convocado por ese centro médico y pasó todos los exámenes de rigor previo a la operación, pero sin mayores explicaciones para él o para el equipo de cirujanos que lo intervendrían, el órgano se llevó al Hospital Calderón Guardia, donde se le trasplantó a otro paciente.
Lo contactaron, explicó, porque otro paciente que estaba de primero en esa lista salió positivo por covid-19 y, en esas condiciones, era imposible hacerle la cirugía. Así, el hermano de Montoya fue convocado para los exámenes previos a la operación de trasplante, incluida la prueba para detectar SARS-CoV-2, la cual salió negativa.
“A pocos minutos de las 12 de la noche, un médico le informó de que, por razones administrativas y no médicas, se decidió reasignar el hígado legalmente asignado a mi hermano a otro paciente. Por eso, denuncio la manipulación de la lista de espera de trasplante al arrebatarle el hígado a mi hermano a pesar de ser el paciente a quien le tocaba.
“Con mi hermano ya hospitalizado y todo listo para ser trasplantado, el hígado fue asignado ilegalmente a otro receptor en una reunión de tres autoridades utilizando argumentos y procedimientos que no están en la ley”, mencionó Montoya al referirse a funcionarios relacionados con la donación y trasplante en el Ministerio de Salud y la CCSS.
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El Ministerio de Salud, con funcionarios que se citan entre los denunciados por Montoya, confirmó a La Nación que realizará un informe sobre lo sucedido y que pedirá a la Caja cuentas sobre lo que pasó ese 13 de marzo.
Por su parte, la Gerencia Médica de la CCSS se abstuvo de brindar detalles a la prensa sobre lo acaecido ese día por estar el caso judicializado.
“Como en esas ocasiones, varias circunstancias pueden provocar cambios en el curso de la distribución e implante del órgano y, ante determinadas circunstancias, el objetivo es asegurar que ese órgano sea utilizado y colocado en la persona idónea, cumpliendo así la voluntad de la persona donante y su familia”, señaló la CCSS.
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La presidenta de la Fundación Vida Nueva Donación y Trasplante, Rosibel Arrieta Alvarado, espera que esta situación se aclare y solicita intervenir la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud y la Coordinación Institucional de Donación y Trasplante de la CCSS.
“Como representantes de muchos pacientes, esperamos que el país cumpla con los principios orientadores de diversos acuerdos que ha suscrito en materia de salud, como son la equidad, ética, igualdad y no discriminación, transparencia y enforque de derechos, entre otros. Tenemos confianza en que esta denuncia se dilucide de una forma responsable y ética”, aseveró Arrieta.
