EscucharLos magistrados de la Sala Constitucional pedirán cuentas a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el avance en su plan para reducir la espera que soportan los pacientes por una cirugía o una cita médica. Con ese fin realizarán una audiencia oral y pública el 4 de agosto, a las 9 a . m.
El 29 de marzo de 2019, ese tribunal dictó la llamada sentencia estructural N°2019005560, en la que se le ordenó a la Caja “elaborar un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de listas de espera”. La intención con la audiencia del próximo jueves es conocer qué resultados ha tenido el plan pasados tres años desde el fallo, aunque con una pandemia que obligó a paralizar muchos servicios para atender a los enfermos de covid-19.
Según la Sala, la audiencia fue solicitada por la Defensoría de los Habitantes, coadyuvante en el proceso. Esta sesión se realizará en la sala de vistas del edificio de la Corte Suprema de Justicia.
“A la actividad están citados el presidente ejecutivo y el gerente médico de la CCSS, quienes deberán exponer ante el pleno de la Sala Constitucional las acciones y medidas que se están implementando para dar cumplimiento a la sentencia; así como la Defensora de los Habitantes, la ministra de Salud y el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica”, informó la oficina de prensa del alto tribunal.
Problema estructural
También acudiría la parte recurrente. El fallo respondió a un recurso de amparo presentado por una adulta mayor que requería una operación en el Hospital San Rafael de Alajuela. No obstante, la Sala no solo atendió el caso específico sino que exigió una solución al problema integral de las listas de espera, de ahí que se considere una sentencia estructural.
En aquel momento, los magistrados dieron a la Caja seis meses para elaborar un plan. El tema fue nuevamente abordado en una audiencia en agosto siguiente, en el cual la Caja aseguró que desde antes había implementado una estrategia mediante la cual los tiempos de espera para cirugía se habían reducido de 451 días en 2014 a 369 en ese año, 2019.
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Ahora, la entidad también se enfrenta a todo lo que fue pospuesto durante los tiempos de mayores picos de la emergencia por covid-19.
En otro fallo, dado a conocer este miércoles 27 de julio, el magistrado Paul Ruedo hizo un llamado de atención sobre la gran cantidad de recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud. Según Rueda, solo el año pasado hubo 7.776 gestiones de este tipo, frente a 1.745 registrados en el 2012. De estos, buena cantidad corresponde a listas de espera.
