El cierre del relleno sanitario de La Carpio, en la Uruca, San José, estaba previsto para el 2021, luego de 21 años de operación.
Sin embargo, no será este año ni posiblemente el próximo cuando se le ponga llave, pues el Ministerio de Salud amplió por segunda vez el límite de esas instalaciones para recibir los residuos de 10 cantones.
La decisión se tomó con fundamento en estudios y proyecciones de la empresa Berthier EBI de Costa Rica, la misma que está a cargo del relleno.
Sin embargo, existe otra razón de fondo para justificar esa resolución de Salud: el país no ha tenido la capacidad de resolver el problema de cara al futuro y por eso los actuales rellenos deben seguir en funcionamiento.
En las instalaciones de la Uruca se depositan desechos de unos 610.000 habitantes de San José, Santa Ana, Escazú (en San José), San Rafael, Santo Domingo, San Pablo, San Isidro y Belén (en Heredia) y Sarchí y Naranjo (Alajuela), para un ingreso promedio mensual de 18.000 toneladas.
Aunque el relleno inició su “cierre técnico”, Salud autorizó a inicios de año ampliar su límite de capacidad o cota de 995 metros sobre el nivel del mar (msnm) a 1.005. La actualización de la cota fue resuelta el 15 de enero pasado.
De esta forma, las celdas actuales y futuras donde se entierran los residuos no pueden elevarse por encima de ese límite.
Para 2019, Costa Rica tenía 16 vertederos semicontrolados y siete rellenos sanitarios activos. De los rellenos, seis vienen en cierre técnico desde el año 2016, al igual que diez de los vertederos existentes, según el Informe del Estado de la Nación del 2019.
El cierre técnico ocurre cuando se alcanza el tope de la capacidad para la cual se diseñó originalmente, por lo que se deben iniciar obras de estabilización y mitigación de los cúmulos de desechos para atajar efectos nocivos para poblaciones aledañas y el ambiente.
La mayoría de rellenos sanitarios ya cruzaron ese límite, impactados por el crecimiento de la población y sus patrones de consumo y de desecho.
Aun así, ha sido necesario mantenerlos en uso mediante ampliaciones o mejoras en el manejo de los materiales que recibe.
Estimaciones del Ministerio de Salud, señalan que en 1991 se producían unas 1.400 toneladas diarias de residuos, pero para 2011 habían aumentado a 3.955 toneladas diarias, comparables al peso de unos 358 autobuses escolares de los amarillos.
Actualmente, según el Estado de la Nación, en el país se generarían al menos 4.000 toneladas diarias, de las cuales llegarían a rellenos sanitarios o vertederos unas 3.100 (hay 79% de cobertura). Del restante 21%, se ignora dónde quedan.
¿Qué desechamos?
Al 2019, Costa Rica tenía siete rellenos sanitarios activos de los cuales seis vienen en “cierre técnico” desde el 2016.
FUENTE: Ministerio de Salud e Informe Estado de la Nación, 2019 || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Orden de la Sala IV
En el caso del relleno en La Carpio, llamado Parque de Tecnología Ambiental La Uruka, la empresa EBI defiende la continuidad de la operación al afirmar que es segura y apegada a la normativa vigente.
Según explicaron sus representantes, los rellenos sanitarios pueden iniciar con una previsión de cierre que luego es posible modificar, tal y como lo hizo Salud.
Al mismo tiempo, atribuyen a las autoridades falta de voluntad política e interés en solucionar la problemática del manejo de desechos, y reclaman ausencia de conocimiento de la población sobre cómo funciona este tipo de instalación.
Para el Ministerio, entretanto, mantener el relleno de la Uruca evita problemas mayores de salud pública como una explosión de vertederos con desechos de todo tipo acumulándose en calles y aceras.
Eso sí, está claro en que no podrá darle más ampliaciones y largas a este relleno.
Así lo advirtió la Sala Constitucional en el fallo 14301-2021 del 25 de junio pasado, en el cual le indica que una vez que se alcancen los 1.005 msnm debe cesar su funcionamiento.
En esta sentencia, el tribunal constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo de la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cariari contra Salud al que reclamaron lesiones al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Esta comunidad, de Belén de Heredia, está a 600 metros lineales del relleno y sus habitantes sufren, principalmente, por los malos olores.
Nuevo relleno en suspenso
Mientras el relleno de la Uruca ve acercarse ese momento, la empresa Berthier EBI de Costa Rica sigue a la espera de construir otro.
Precisamente, en el oficio MS-DPRSA-262-2020 del Área de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Salud, la compañía señaló al Ministerio que su operación en la Uruca debía extenderse por atrasos en su plan en Bajo Pita, en Turrúcares de Alajuela.
Desde el 2016, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó la viabilidad por dos años para iniciar el proyecto.
No obstante, recursos y acciones judiciales lo dejaron en suspenso, entre estas un proceso de lesividad interpuesto por la Municipalidad de Alajuela ante el Tribunal Contencioso Administrativo y tramitado bajo el expediente 17-001622-1027-CA. El objetivo es anular un acto propio que le resulta lesivo.
Ante consultas de La Nación, Setena explicó que Bajo Pita deberá esperar a que el Tribunal Contencioso Administrativo resuelva y el desarrollador pueda solicitar un levantamiento de la suspensión a la viabilidad ambiental.
“La burocracia, miedos institucionales, egoísmo, inseguridad jurídica y otros factores impiden determinar la fecha cierta de construcción y puesta en operación de Bajo Pita”, se quejó Óscar Guzmán Coto, gerente técnico de Berthier EBI de Costa Rica.
Mientras tanto, el vocero y el propio ministerio argumentan que extender la vida útil del relleno de La Carpio es posible técnicamente y es seguro.
Vida útil variable
El Parque de Tecnología Ambiental La Uruka opera desde el año 2000 por medio de la licencia ambiental 652-2000-SETENA, según la cual tendría una vida útil de 10 años.
Un relleno sanitario permite depositar en celdas acondicionadas residuos que se esparcen, acomodan, compactan y luego se cubren diariamente mediante un proceso de sellado especial con varias capas de materiales aislantes, explicó Guzmán Coto.
Según dijo, la descomposición de residuos orgánicos reduce el volumen de materiales lo cual abre espacio para recibir más.
Como los desechos ingresados tienen un alto contenido orgánico, afirmó, en uno a dos años, pesan menos y requieren menos espacio por esa degradación orgánica.
“Somos la operación más vigilada que puede existir para esta actividad”, indicó Guzmán.
Salud confirmó el procedimiento y atribuyó a esta dinámica que la vida útil de estas instalaciones puede ampliarse, según explicó por escrito ante consultas.
Según el Informe Estado de la Nación, el 53% de residuos enviados a rellenos sanitarios son materia orgánica (desperdicios de comida o cáscaras), otro 33% es material valorizable (plástico, aluminio y otros) y 14% sí requieren disposición final allí.
Sin datos claros
Desde el 2010, la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839) ordenó a Salud establecer el llamado Sistema Nacional de Información sobre Gestión Integral de Residuos (Sinigir) el cual permanece sin implementarse, confirmó el Ministerio al ser consultado.
“Actualmente, la plataforma de Sinigir, se encuentra en proceso de prueba por parte de la Unidad de Tecnología de la Información”, indicó la entidad.
Para el Estado de la Nación eso es “una grave falencia” porque mientras Salud carezca de una plataforma integrada, con métricas y estadísticas año a año, no es posible conocer qué ocurre realmente con la basura nacional.
Por su parte, EBI es del criterio de que el Ministerio de Salud no reconoce que el tratamiento y manejo de residuos sólidos es un problema nacional.
“Hay una completa ausencia de un plan estratégico nacional para regionalizar el manejo de residuos y un egoísmo generalizado: todos producimos basura, pero no queremos asumir la responsabilidad de su tratamiento y disposición final”, enfatizó.