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El ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, dio 48 horas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que responda si usará o no hospitales privados para desahogar los saturados servicios médicos públicos.
Hasta este miércoles, ni un solo paciente no covid había sido trasladado a alguna de las 55 camas ofrecidas por los hospitales privados, confirmó a La Nación, Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.
El plan original era pasar a cuatro centros ya seleccionados pacientes no complicados con otras enfermedades diferentes a covid, para que los hospitales de la CCSS se concentraran en la atención de la pandemia.
En una nota enviada este 9 de junio al gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz Cubillo, el ministro Salas expresa lo siguiente:
“A la fecha no se ha utilizado el servicio, por lo que (...) le solicitamos indicarnos, en un plazo de 48 horas, si harán uso de dichas camas privadas o asumirán la atención únicamente con el recurso disponible dentro de la CCSS, en el marco de la saturación de los servicios que se enfrenta la institución actualmente.
“En caso de no respuesta en el plazo indicado, se asumirá que el servicio no es requerido y se procederá a retrotraer las resoluciones que fueron notificadas a los representantes legales de los centros privados en las que se les indicaba que se haría uso de sus recursos hospitalarios, según lo establecido en el artículo 368 de la Ley General de Salud”.
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El ministro de Salud le recuerda a Ruiz que, desde el 31 de mayo, los hospitales privados fueron notificados y están listos para recibir pacientes del sistema público.
“La notificación se dio luego de un proceso técnico y jurídico de implementación con participación de representantes de este ministerio, CNE (Comisión Nacional de Emergencias), MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio), OPS (Organización Panamericana de la Salud) y CCSS”, reiteró Salas.
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De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio de Salud, “es de interés informar a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias si el plan de inversión destinado para dicho fin va a ser requerido, o de lo contrario, los recursos pueden ser direccionados a otros objetivos que dicha Junta considere pertinentes”.
De hecho, fue el 4 de junio cuando Salas envió la primera nota al presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, sobre el tema. En la misiva expresa su preocupación porque la entidad no había utilizado este mecanismo de ayuda.
“Es preocupación de este despacho que transcurridos los días no se ha hecho uso de este recurso, dada la saturación que enfrenta el sistema de salud y reafirmada por su institución (...), por lo que, para información de los centros privados, agradezco se nos indique la fecha en que se harán los primeros traslados de pacientes”, solicitó Salas cinco días.
El gerente general de la Caja, Roberto Cervantes Barrantes, confirmó a La Nación que espera que Ruiz Cubillo y el equipo técnico de la Gerencia Médica le presenten este jueves los indicadores que son necesarios para agilizar la referencia de pacientes a hospitales privados.
Cervantes reiteró el interés de la institución en usar esos recursos, pero aclaró que corresponde a la Gerencia Médica definir los indicadores de ocupación.
La Gerencia General envió a Ruiz dos oficios recordándole la urgencia de tener esa información pronto. El primero, se le envió el 3 de junio, y el último el martes 8.
“Si usted me pregunta si esta estrategia es necesaria, yo le diría que sí porque veo en los hospitales la necesidad. En una emergencia como esta requerimos de la ayuda de todos.
“La Caja va a necesitar no solo la ayuda de los hospitales privados, sino de todas las instituciones que atienden el sector salud para la fase de reconstrucción de esta emergencia. Las listas de espera se han disparado y hay que hacer un abordaje meteórico”, dijo Cervantes.
El gerente general espera una respuesta a satisfacción de la Gerencia Médica para hacer uso de los hospitales privados. Si no se diera, está dispuesto a conversar con el Ministerio de Salud para que dé un tiempo mayor.
“Creo que esto se va a solucionar mañana (jueves 10 de junio). Parte de los atrasos es por el volumen de trabajo de la Gerencia Médica, que no solo está atendiendo la emergencia, sino coordinando la vacunación”, justificó Cervantes.
Gestiones de apoyo
Desde abril, cuando el país comenzó a experimentar el incremento de enfermos y muertes relacionadas con la covid-19 como consecuencia de una nueva ola pandémica, las autoridades de la Caja expusieron el interés de recurrir a centros privados para bajar la presión sobre los servicios públicos de salud.
En esas semanas, trascendieron los esfuerzos institucionales para ubicar enfermos no covid en sitios como bodegas acondicionadas y unidades móviles, también conocidas como hospitales de campaña.
También han tenido que intensificar el uso de Centros de Atención Integral en Salud (CAIS), en Cañas, Desamparados, Puriscal y Siquirres.
De hecho, el gobierno panameño prestó a Costa Rica un hospital de campaña, que ya está instalado en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.
Después de varios procesos, que incluyeron un exhaustivo análisis legal de parte de la CNE, el jerarca de esa institución, Alexánder Solís, confirmó la aprobación de los fondos para hacer uso de cuatro centros privados: Clínica Bíblica, Hospital Cima, Hospital Metropolitano y Hospital La Católica.
Según se anunció el 28 de mayo, podrían ser trasladados pacientes con cuadros menos complejos y que requieran internamientos inferiores a cinco días. Deben tener una prueba negativa de SARS-CoV-2 tomada, al menos, en las anteriores 48 horas.
El plan de inversión aprobado por la CNE supera los ¢2.399 millones, y son dineros que saldrán del Fondo Nacional de Emergencias.
Alexánder Solís precisó en ese momento que el plan se hizo con un estimado de 3.300 días hospital.
La decisión tomada por la CNE tiene como base el artículo 368 de la Ley General de Salud, en concordancia con el régimen de excepción, que faculta al Ministerio de Salud a disponer de edificios y hospitales públicos o privados, por el tiempo que el Poder Ejecutivo decrete.
Desde setiembre del 2020, el Ministerio de Salud emitió un decreto para regular este tipo de servicios en situaciones de emergencia nacional, como la que se vive en este momento.
En la conferencia de prensa de este 8 de junio, Daniel Salas Peraza, jerarca de Salud, confirmó que hay una tendencia hacia la reducción de casos, pero que la presión sobre los hospitales públicos se mantiene.
Este miércoles se mantenían 1.297 personas estaban internadas. De estos pacientes, 507 permanecían en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Información actualizada a las 7 p. m. con declaraciones del gerente general de la CCSS
