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El Ministerio de Salud realizó la primera reunión para revisar la norma técnica que permite la interrupción del embarazo cuando peligra la vida o la salud de la madre, la cual rige desde diciembre del 2019. El encuentro virtual se realizó el lunes 13 de junio y se acordó una segunda reunión para el próximo lunes 20 de junio.
Aunque la oficina de prensa del Ministerio negó a La Nación que se hubiera celebrado un encuentro sobre el tema, Carla Gríos Dávila, asesora de la Gerencia Médica y coordinadora del Programa de Normalización de Atención a la Mujer, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó la cita ante consulta de este medio.
Gríos participó en representación de la CCSS en el encuentro virtual, que se hizo a las 2 p. m. y se prolongó por aproximadamente hora y media. Fue convocado, dijo, por César Gamboa Peñaranda, quien actualmente funge como director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud.
Aunque la funcionaria no conoce a la totalidad de los convocados, pudo ver a representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), gerentes médicos de hospitales privados, tres funcionarios del Ministerio de Salud, y dos abogados, uno de ellos de una Organización No Gubernamental (ONG).
“No se tenía agenda específica para ese día; fue un primer acercamiento para la revisión de la norma técnica. Quedó pactada una próxima reunión para el lunes 20 de junio”, informó la médica a La Nación por medio de la oficina de prensa de la CCSS.
La revisión de la norma fue ofrecida por el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles a la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), en un encuentro solicitado por los obispos, que se realizó el 19 de mayo anterior.
Luego de esa reunión con los obispos, la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, prometió abrir una mesa de diálogo en junio para iniciar los análisis. “No vamos a ser un Gobierno en pro del aborto, pero siempre salvaguardando la vida de la madre”, declaró la ministra en mayo.
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La figura del aborto terapéutico o aborto impune está establecida en el artículo 121 del Código Penal costarricense desde 1970. Antes de la publicación de la norma técnica, era la única herramienta en manos del personal de salud. Los médicos, principalmente, en más de una ocasión externaron dudas sobre su aplicación ante la falta de un protocolo para aclarar las condiciones en las cuales debían o no interrumpir el embarazo cuando mediaban razones de salud de la madre.
La Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el Artículo 121 del Código Penal salió publicada como decreto ejecutivo el 17 de diciembre del 2019.
La precedieron cuatro años de trabajo técnico y dos demandas contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentadas en el 2015 por dos mujeres, identificadas como ‘Ana’ y ‘Aurora’, a quienes se les negó el procedimiento. Ellas denunciaron las dificultades que vivieron en hospitales públicos al pedir la interrupción de su embarazo.
Después de la publicación de la norma técnica, el Ministerio de Salud aprobó el protocolo para atender solicitudes de interrupción de embarazo en hospitales de la CCSS, en diciembre del 2020. En marzo pasado, solo un hospital privado había presentado su protocolo para ser sometido a aprobación. El Ministerio tiene la responsabilidad de vigilar la aplicación de la norma.
Herramienta y guía
Hasta el momento, solo se han realizado dos interrupciones terapéuticas del embarazo aplicando la norma técnica. El año pasado, los hospitales públicos atendieron seis solicitudes: cuatro se presentaron en el Hospital San Juan de Dios, de las cuales solo dos procedimientos fueron aprobados y realizados después de cumplir los pasos establecidos en la norma.
Las otras dos peticiones las hicieron pacientes del Hospital Nacional de las Mujeres (antigua Maternidad Carit) y fueron rechazadas.
En lo que va del 2022, no se han presentado solicitudes, confirmó Gríos Dávila. Para la asesora de la Gerencia Médica, la protocolización de la norma técnica es una ayuda esencial en la labor de los profesionales en Ginecología y Obstetricia.
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“(...) dicta las pautas, los tiempos reglamentarios, cómo debe ejecutarse según la patología de la usuaria. Este es un proceso normativo que viene a facilitar y a ser una guía conductual en el quehacer de este problema asociado a las necesidades de las usuarias”, manifestó Gríos quien confirmó que, hasta la fecha, no ha recibido reportes sobre problemas en la ejecución de la normativa ni de profesionales ni de pacientes.
La interrupción del embarazo para proteger la salud y vida de la madre debe pasar por una exhaustiva revisión que incluye el criterio colegiado de médicos especialistas en Ginecoobstetricia, y la firma de un consentimiento informado de la mujer.
Como apunta Gríos, la norma pone plazos de uno y tres días para resolver cada caso. Como parte del proceso, también contempla el derecho del personal de salud de invocar la objeción de conciencia para no realizar este procedimiento si implica para él o ella ir en contra de sus convicciones personales, sean religiosas, morales o filosóficas.
“Desde la CCSS, lo que hicimos fue protocolizar a partir de la norma. No nos hemos salido de lo que está contemplado en el artículo 121 del Código Penal. A raíz de esto, lo que se le brindó a los profesionales de salud fue un instrumento y una guía donde se operativizan estas intervenciones para garantizar una atención integral a aquellas mujeres que solicitan o son sujetas a una interrupción terapéutica del embarazo”, explicó Hellen Porras Rojas, médica salubrista del Programa de Normalización de Atención a la Mujer, de la CCSS.
Por lo anterior, Gríos ve difícil que alguien diga que no sirve o que se empiece nuevamente de cero pues, a su criterio, la norma técnica está muy bien elaborada. “No tenemos ningún inconveniente en hacer alguna revisión de acuerdo a lo que se instruya desde la institución o la gerencia respectiva”, agregó.
Nuevo escenario
Grupos de mujeres han manifestado su preocupación por la promesa presidencial de revisar la norma. La presidenta ejecutiva del Inamu, Adilia Caravaca Zúñiga, y la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, respondieron en un oficio a colectivos y organizaciones de mujeres, que le consultaron su posición.
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“(...) el Ministerio de la Condición de la Mujer, en conjunto con el Inamu, apoyaríamos cualquier modificación que implique la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y no retrocesos de derechos ya alcanzados”, afirmaron las funcionarias en respuesta del 8 de junio, donde ofrecieron a estos grupos una reunión para ampliar sobre el tema, el 5 de julio.
Por medio de su oficina de prensa, la Conferencia Episcopal aclaró a La Nación que en la reunión donde el Gobierno hizo ese compromiso los obispos no pidieron revisar la norma técnica. “(...) fue una iniciativa del presidente y una promesa que hizo en campaña electoral.
“La reunión la solicita la Conferencia Episcopal de Costa Rica como una visita de cortesía y en función de trabajar por el bien común. El tema fue propuesto por el Gobierno. La Iglesia sigue trabajando porque prevalezca el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, respondieron.
En un comunicado del 19 de mayo, poco después de la cita con Rodrigo Chaves, los obispos informaron de que al presidente se le habló de varios temas. Entre ellos, destacaron lo que consideran atentados contra la vida humana en las últimas administraciones, y mencionaron la norma técnica, la eutanasia y considerar a la vejez como enfermedad.
El 4 de diciembre del 2020, cuando se aprobó el protocolo a la CCSS, la Cecor manifestó que este iba “más allá del artículo 121 del Código Penal”, y que su aprobación “haría del aborto un derecho”.
En medio de este nuevo escenario, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Mauricio Guardia Gutiérrez, ofrece a la organización como árbitro para “lograr el buen entendimiento entre las partes”. Lo haría, dijo, con criterios técnicos y científicos.
Para Guardia, la norma técnica permite la objeción de conciencia, un elemento que él considera muy importante y que antes de la norma no existía. A la vez, reglamenta procesos, dijo. No obstante, destaca el espacio que abrió el Gobierno a un nuevo diálogo sobre el tema, que calificó de “interesante”.
“Llegó el momento en que el Gobierno dice que quiere oír las opiniones. No se cerró a decir ‘aquí está la norma y no más’. Yo creo que lo importante en esto es tener diálogo para ver cuáles son las diferencias de criterio”, recalcó.
“Esto habla mucho de la idiosincrasia del pueblo, con un fondo religioso importante. Es oír las opiniones. No podemos conjeturar sobre lo que se trata. Ahí es donde nosotros, como colegio profesional, nos ofrecemos como árbitros para llegar a un buen entendimiento entre las dos partes”, reiteró.
El Colegio de Médicos recibió recientemente a un grupo de profesionales pro-vida con objeciones al protocolo elaborado por la Caja para la norma técnica. Guardia no precisó el contenido de las observaciones, pero dijo que las están evaluando.
