Escuchar
Daniel Montoya Vargas denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el desvío del hígado que iba a recibir su hermano en una cirugía de trasplante, el domingo 13 de marzo, en el Hospital México. Su hermano fue convocado por ese centro médico y pasó todos los exámenes de rigor previo a la operación, pero sin mayores explicaciones para él o para el equipo de cirujanos que lo intervendrían, el órgano se llevó al Hospital Calderón Guardia, donde se le trasplantó a otro paciente.
Según relató Montoya en la denuncia, su hermano –quien pidió reservar su identidad– fue llamado por el equipo médico del México para que se presentara ese día al hospital, pues había aparecido un órgano compatible. Lo contactaron porque otro paciente que estaba de primero en esa lista salió positivo por covid-19 y, en esas condiciones, era imposible hacerle la cirugía. Así, el hermano de Montoya fue convocado a hacerse los exámenes previos a la operación de trasplante, incluida la prueba para detectar SARS-CoV-2, la cual salió negativa.
“A pocos minutos de las 12 de la noche, un médico le informó de que, por razones administrativas y no médicas, se decidió reasignar el hígado legalmente asignado a mi hermano a otro paciente. Por eso, denuncio la manipulación de la lista de espera de trasplante al arrebatarle el hígado a mi hermano a pesar de ser el paciente a quien le tocaba.
“Con mi hermano ya hospitalizado y todo listo para ser trasplantado, el hígado fue asignado ilegalmente a otro receptor en una reunión de tres autoridades utilizando argumentos y procedimientos que no están en la ley”, mencionó Montoya al referirse a funcionarios relacionados con la donación y trasplante en el Ministerio de Salud y la CCSS.
A partir de esta denuncia, que fue interpuesta un día después por Montoya ante el OIJ, el Ministerio de Salud investiga el supuesto desvío del hígado que iba a ser trasplantado al hermano del denunciante.
Ante consulta de La Nación, Salud confirmó que elabora un informe sobre lo ocurrido luego de que un familiar del paciente que iba a ser trasplantado denunció los hechos ante OIJ. Por medio de la oficina de prensa, el ente rector indicó de que solicitará otro informe a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que detalle los pormenores del operativo de trasplante del 13 de marzo.
LEA MÁS: Hospitales incentivan donación de órganos pese a atrasos de CCSS en ordenar programa de trasplantes
La denuncia, cuya copia facilitó Montoya a La Nación, fue interpuesta en la Unidad de Delitos contra la Vida, del OIJ. Montoya aportó entre sus testigos a personal del equipo quirúrgico de trasplante hepático del Hospital México. Se intentó hablar con los cirujanos, pero refirieron las consultas al nivel central de la CCSS.
Montoya calificó lo sucedido como supuesto tráfico de órganos pues, según alega, tráfico no es solo vender o negociar un órgano. “También es usar información falsa y procedimientos ilegales para cambiar el destino legal de un órgano”, adujo.
La recepción de esta denuncia fue confirmada por la oficina de prensa del OIJ, que informó sobre su traslado a la Sección Especializada Contra Violencia de Género y Trata de Personas, que atiende este tipo de asuntos.
El Ministerio de Salud manifestó que aportará la información que requieran las autoridades judiciales para efectuar la investigación correspondiente. “No podemos brindar mayor detalle sobre los hechos tomando en cuenta que el proceso ya se encuentra en vía judicial”, aclaró la cartera.
La Gerencia Médica de la CCSS, en un comunicado enviado la mañana de este miércoles, afirmó que tampoco puede referirse en detalle a lo ocurrido el 13 de marzo por estar el caso en instancias judiciales.
“(...) la Gerencia Médica siempre está en observancia de que las acciones estén al apego a la legalidad, la oportunidad y el compromiso de asegurar el aprovechamiento de los órganos y tejidos donados, salvaguardando toda la consideración para la familia del donante y la condición de los posibles receptores.
“La asignación de cada órgano es un proceso cuidadosamente elaborado en el cual se toman en cuenta aspectos clínicos, sociales, administrativos, logísticos y humanos. Esto convierte a la decisión en un proceso muy dinámico, en el cual puede haber cambios de último momento, dadas las condiciones de los pacientes, de la gestión de coordinación entre los grupos que extraen y los que trasplantan los órganos, de los deseos de la familia del donante o de las condiciones del propio receptor”, afirmó la Gerencia.
Según alegó, ya antes ha ocurrido que un receptor se arrepiente de recibir el órgano a la entrada del quirófano o que la persona elegida para el trasplante da positivo por covid-19.
“Como en esas ocasiones, varias circunstancias pueden provocar cambios en el curso de la distribución e implante del órgano y, ante determinadas circunstancias, el objetivo es asegurar que ese órgano sea utilizado y colocado en la persona idónea, cumpliendo así la voluntad de la persona donante y su familia”, señaló la CCSS.
Programa en la mira
La presidenta de la Fundación Vida Nueva Donación y Trasplante, Rosibel Arrieta Alvarado, espera que esta situación se aclare.
“En concordancia con uno de los objetivos de la Fundación, relacionado con velar por el derecho a la salud y a servicios de salud eficientes y de calidad, esta organización espera que la situación se aclare y que en caso de detectarse alguna irregularidad, se tomen las medidas legales y disciplinarias que correspondan.
“Como representantes de muchos pacientes, esperamos que el país cumpla con los principios orientadores de diversos acuerdos que ha suscrito en materia de salud, como son la equidad, ética, igualdad y no discriminación, transparencia y enforque de derechos, entre otros. Tenemos confianza en que esta denuncia se dilucide de una forma responsable y ética”, aseveró Arrieta.
Esta Fundación solicita intervenir la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud y la Coordinación Institucional de Donación y Trasplante de la CCSS.
El programa de trasplante de órganos, a cargo de la CCSS, ha sido cuestionado desde el 2019, cuando La Nación reveló el desperdicio de órganos donados, principalmente riñones, debido a discrepancias salariales para pagar a los equipos quirúrgicos que participan de los operativos de donación y trasplante.
La crisis ameritó la intervención del Ministerio de Salud. El actual jerarca, Daniel Salas Peraza, emitió una orden sanitaria a la CCSS, el 31 de octubre del 2019, para que pusiera orden en su programa de trasplantes. Cinco meses después, se declaró la pandemia y estas cirugías se paralizaron, como muchas otras en la CCSS.
Todavía sigue pendiente resolver el tema del pago a los equipos quirúrgicos para asegurar su disponibilidad, aunque la CCSS ha anunciado en forma reciente operativos en los que se han trasplantado seis o más órganos a la vez.
