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El ministro de Salud, Daniel Salas, anunció este jueves que el Gobierno de la República presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, con el propósito de agilizar las intervenciones en propiedades privadas donde se celebren fiestas o eventos masivos, durante la emergencia sanitaria por la pandemia.
De acuerdo con el jerarca, se trata de una reforma parcial al artículo 347 de la Ley General de Salud, el cual permite a las autoridades sanitarias presentar solicitudes de allanamientos en inmuebles donde se realicen actos que atenten contra la salud pública. Las órdenes deben autorizarlas las instancias judiciales.
“Este artículo ya faculta al Ministerio de Salud a hacer una solicitud de allanamiento ante las autoridades judiciales, en caso de que el propietario del lugar se niegue a que haya un acceso para verificar las situaciones que hemos tenido de fiestas, de actividades de muchas personas que obviamente están violando los protocolos sanitarios.
“El artículo, ahora como está, nos dice que los jueces deberán dar esa solicitud de allanamiento siempre que corresponda en las siguientes 24 horas, pero es claro que esta situación que estamos viviendo amerita una respuesta mucho más ágil y rápida”, afirmó Salas.
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Dicho anuncio ocurre luego de múltiples reportes de fiestas o actividades realizadas en fincas o propiedades privadas, en momentos en que el país atraviesa su peor crisis sanitaria en 14 meses de pandemia por el nuevo coronavirus.
Incluso, un juez rechazó el sábado una solicitud de allanamiento en una finca, ubicada en Fraijanes de Alajuela, donde se realizó una boda en la que habrían participado unas 350 personas.
Policías llegaron a la entrada de la finca para dispersar el evento masivo, no obstante, los organizadores no dieron permiso para que entraran a la propiedad.
Ante la negativa de los responsables, una asesora del Ministerio de Salud solicitó un allanamiento para que los oficiales constataran posibles incumplimientos a las medidas sanitarias establecidas por la pandemia, no obstante, fue denegada.
El Juzgado de Alajuela rechazó la petición pues, según alegó, la gestión la debía realizar la Fiscalía, por tratarse de la posible comisión de un delito. El Ministerio de Seguridad aseguró que la Fiscalía había remitido a los oficiales a presentar el proceso en el Juzgado.
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Dicha situación, que impidió establecer multas a los responsables de incumplir las medidas sanitarias, evidenció la falta de claridad y rapidez para actuar en esos casos.
Durante la conferencia de prensa, Daniel Salas no brindó detalles sobre la propuesta que presentarán a los diputados para su posible aprobación.
“Estamos trabajando en esa reforma para solventar esa no posibilidad de actuar con toda la contundencia necesaria en estos casos, que estamos viendo que siguen proliferando”, sentenció Salas.
