EscucharA la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) le preocupa el nivel de seguridad de los datos de todos los trabajadores del país, tras el hackeo del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
“¿Quién nos puede garantizar que el hackeo no haya sido una práctica en el pasado y, sobre todo, quién nos va a garantizar que una situación similar no se presente en el futuro?”, manifestó Hermes Alvarado Salas, presidente de ACOP, ante consulta de este diario.
Los gerentes de las seis operadoras de pensiones que funcionan en el país, aprovecharon una reunión que tenían con el superintendente de Pensiones, el viernes pasado, para externarle esa preocupación.
Según confirmó Alvarado, entre los gerentes estaba también el de la operadora del BAC San José, grupo financiero para el cual trabajan los dos sospechosos de haber sustraído más de 522.000 registros laborales del Sicere, el cual maneja información de salarios y otros datos personales de 1,7 millones de trabajadores. Estos dos funcionarios fueron suspendidos.
Los hechos se dieron en marzo y mayo, denunció la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al Ministerio Público.
“Lo que uno creía que estaba muy seguro, no lo estaba tanto, puesto que alguien pudo entrar. Nuestro interés es garantizar la seguridad de los datos. Yo confío en que la investigación (del Ministerio Público) sea transparente”, recalcó Alvarado.
La ACOP, hasta ahora, no le ha pedido explicaciones a la operadora del BAC San José, confirmó su presidente.
El Ministerio Público allanó las oficinas de BAC Pensiones, el 8 de setiembre, una semana después de que se hiciera público el hackeo y casi un mes después de que la CCSS denunciara el caso.
Información. Como parte de las investigaciones por este caso, el superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, confirmó a este diario que le solicitó al Sicere verificar si se dio algún uso de los 522.000 registros sustraídos.
Según Ramos, se pretende contrastar la información que se extrajo con la de las personas que se trasladaron de operadora de pensiones en los últimos meses.
“Es una de las opciones que estamos revisando. Hasta ahora no hay una evidencia de que eso haya ocurrido”, aclaró Ramos, quien ya se reunió con los fiscales a cargo de la investigación.
El coordinador del Sicere, Rónald Lacayo, confirmó a La Nación que ya envió al Ministerio Público la información solicitada por la Supén. Lacayo no adelantó criterio por estar el caso en manos de la Fiscalía.
Esta superintendencia también analiza un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Protección al Trabajador, y que le da más potestades de regular al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Sicere.
“Estamos analizando si conviene enfatizar la parte de Sicere y minimizar o quitar del todo la parte del IVM, para concentrarnos en lo relevante ahora, que es el Sicere”, explicó Ramos.
