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Seis funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan una investigación administrativa por recibir cerca de 700.000 mascarillas de uso no médico. Ese proceso podría culminar en la amonestación, suspensión o despido de los involucrados.
Se trata de Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística, Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios y Maynor Barrantes Castro, jefe de la Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
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También figuran en la pesquisa las profesionales en enfermería Shirley Ramírez Moya, Grace Corrales Saborío y Magda Canto Oreamuno.
Como integrantes de la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Implementos y Equipo Quirúrgico, ellas firmaron, el 30 de junio, el oficio de análisis técnico y la boleta de recepción de los insumos.
Además de ser tapabocas no aptos para el uso en centros médicos, aceptaron un producto de una marca distinta a la aprobada.
El procedimiento administrativo para determinar si los trabajadores de la Caja incurrieron en faltas fue abierto el 8 de setiembre, es decir, dos meses después de la recepción.
Porras permanece suspendido con goce de salario desde agosto mientras avanzan varias investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y respiradores KN-95 durante la pandemia.
El funcionario, nombrado en esa gerencia desde setiembre de 2019 por decisión de la Junta Directiva de la CCSS, recibe un salario de ¢4,8 millones. Antes de asumir ese puesto laboraba para la distribuidora de medicamentos Nutrimed.
Salas y Barrantes fueron separados de sus puestos en setiembre por un periodo de tres meses. Contra ellos también avanza una indagación por la adjudicación de 12 millones de mascarillas por $4 millones a favor de la empresa de comunicaciones de una periodista y de un contador público en mayo del presente año.
En el caso de las integrantes de la Comisión no hay, por ahora, medidas cautelares en su contra.
Las 700.000 mascarillas no médicas forman parte de una compra de emergencia realizada bajo el expediente 2020CD-000064-5101 por 2.890.000 tapabocas por un monto de $1,1 millones a la empresa de servicios de limpieza y aseo de vías, Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A..
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Adrián Herrera, representante de la compañía, admitió que ellos no contaban con experiencia en la venta y suministro de dispositivos médicos, pero indicó que por sus contactos en China decidieron explorar ese negocio.
En la actualidad, esa firma encara un procedimiento administrativo para precisar su responsabilidad y establecer sanciones, las cuales podrían ser inhabilitación para futuros concursos públicos o multas económicas.
FUENTE: Elaboración propia a partir de los expedientes de contratación || DISEÑO / LA NACIÓN.
