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Para el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) y Afines, Lenín Hernández Navas, el mayor problema que actualmente tiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la injerencia política del Poder Ejecutivo. A su criterio, esta intromisión, principalmente en la Junta Directiva, pone en riesgo la vida de los costarricenses.
Hernández Navas compareció este 5 de noviembre ante la comisión legislativa que investiga presuntas irregularidades en la Caja. Entre ellas, las que son objeto de investigación judicial desde el 23 de setiembre relacionadas con aparentes sobreprecios en la adjudicación para administrar 138 Ebáis, conocido como Caso Barrenador.
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La diputada liberacionista y presidenta de la comisión investigadora, Andrea Álvarez Marín, le preguntó a Lenín Hernández si coincide con el modo de operar del Poder Ejecutivo el cual, según ella, consiste en apoderarse del control de las juntas directivas en instituciones como el Banco Popular y la CCSS.
“(...) he estado observando, desde el inicio de este gobierno, la intención del Poder Ejecutivo de inmiscuirse en la Junta Directiva del Banco Popular. He visto ese modus operandi en otras instituciones del Estado. El Ejecutivo se ha ido apoderando de estas juntas directivas, ¿coincide con mi percepción?“, preguntó Álvarez, primera legisladora en intervenir en las dos horas que tardó la comparecencia.
La respuesta de Hernández fue afirmativa. Según dijo, desde finales del año pasado preside la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Aseguró que presenció cómo, desde Casa Presidencial, irrespetan la voluntad de los sectores. Una de las evidencias, dijo, es que los miembros de Junta Directiva del Banco Popular no fueron ratificados por el Consejo de Gobierno.
“Es exactamente el mismo modus operandi lo que sucedió en el Banco Popular con relación a remover los miembros de Junta Directiva en la Caja", recalcó Hernández.
Más adelante, al contestar otra pregunta de la diputada Olga Morera Arrieta, de Nueva República, sobre la conformación de la Junta Directiva y el gobierno corporativo, Hernández se refirió a atentados contra la autonomía de la CCSS.
Puso como evidencia los constantes y numerosos cambios en los puestos de autoridad: las 22 personas que han pasado por la Junta Directiva de la CCSS y los 18 diferentes gerentes durante la administración Chaves Robles, según cálculos del sindicato.
Esta situación, para Hernández, genera otro de los problemas más grandes en la Caja: que la Junta Directiva se haya alejado, en reiteradas ocasiones, de los criterios técnicos emanados de la propia institución.
Lenín Hernández reclamó la deuda del Estado con la CCSS. También le reclamó a Rodrigo Chaves que mencionara, el miércoles 30 de octubre, que “pagarle a la CCSS es echarle agua a un canasto".
“Vuelve a mencionar que la Caja es un sistema de estafa. Menciono esto porque siendo la Caja ese pilar fundamental de nuestra democracia, no se vale que el señor presidente diga que no va a aportar lo que al Estado le corresponde.
“¿Qué mensaje le estamos mandando a los empleadores responsables que pagan ese 26,67%, a los trabajadores que hacen el esfuerzo de pagar el 10,67% de su salario, y el esfuerzo enorme de los trabajadores independientes para pagar un 19% a la seguridad social?“, manifestó Hernández.
Sobre este tema, la diputada liberacionista, Paulina Ramírez Portuguez, recordó que la deuda estatal supera los ¢4 billones, pues cada mes se agregan a la cuenta ¢55.000 millones que el Estado se niega a pagar.
Lenín Hernández es el segundo en una lista que supera las 70 personas llamadas a declarar ante esta comisión. El martes 29 de octubre, compareció la primera de ellas: el expresidente ejecutivo de la Caja, Álvaro Ramos Chaves, destituido en setiembre del 2022 por el presidente Rodrigo Chaves Robles.
Este martes, además, los seis diputados de la comisión aprobaron, de manera unánime, convocar al mandatario para que se refiera a los hechos investigados.
Ebáis y presuntos sobreprecios
En sus respuestas, el dirigente sindical recordó que el Sinae presentó una denuncia ante el Ministerio Público, entre otros, por los supuestos delitos de prevaricato, malversación de fondos y corrupción.
La situación con los Ebáis, dijo, no es solo por la adjudicación que se dio el sábado 6 de julio en una sesión “anormal”, sino que hay acontecimientos que se dieron antes de esa fecha.
Citó la creación de una comisión de la Junta Directiva el 29 de febrero. En ese momento, la integraban Marta Eugenia Esquivel, Isabel Camareno y Roberto Quirós. Estos últimos, según reveló, con contactos en cooperativas.
Hernández aseguró que es ahí cuando empezaron las modificaciones a los carteles; entre ellas, aumentar el plazo de la adjudicación a diez años sin justificación técnica y ajustar la oferta al cartel y no a las necesidades de la Caja.
Hubo, además, criterios técnicos de la Dirección Jurídica, el área de costos y la Dirección de Aprovisionamiento, entre otros, para declarar infructuosos estos procesos.
Sin embargo, aún así, María de los Ángeles Gutiérrez, quien luego fue nombrada gerenta general interina, presentó un informe el 5 de julio con el aval para adjudicar los Ebáis, acuerdo que se tomó un día después en una sesión extraordinaria convocada por Marta Esquivel para estos efectos.
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Cuando el diputado del Partido Liberal Progresista Luis Diego Vargas Rodríguez, le preguntó a Hernández si considera que el presidente podría estar involucrado en estos actos de corrupción, el sindicalista respondió: “(...) haber retirado a la Junta Directiva, paralizar el portafolio con obras tan importantes como los hospitales de Cartago y Limón, eso es cruel e inhumano. Yo digo que sí, el señor presidente, a hoy, es parte de la corrupción”.
Hernández Navas también se refirió a la derogatoria del reglamento para la tercerización de servicios, de febrero del 2023. A ese tema también se había referido Álvaro Ramos, para quien esta derogatoria fue abrir el portillo a la polémica adjudicación otorgada a cooperativas para la administración de 138 Ebáis.
El sindicalista afirma que esa derogatoria sucede cuando el bloque laboral no tenía sus representantes en la Junta Directiva. “(...) estábamos ayunos de lo que pasaba. Nos dimos cuenta meses después”, aseguró para reconocer que luego les llamó poderosamente la atención que más tarde se integrara la comisión con Esquivel, Camareno y Quirós.
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Freddy González y el Conacoop
Andrea Álvarez también preguntó a Hernández su criterio sobre Freddy González, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop). “Por un lado, aparece relacionado con el Banco Popular, y por otro con la CCSS”, afirmó la diputada.
“Yo tuve la oportunidad de reunirme con don Freddy González posterior a la reunión que tuve en Casa Presidencial (finales de 2023), y don Freddy me señaló que el señor presidente no quería ningún diálogo social a través de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
“Don Freddy González, palabras más palabras menos, me preguntó qué quería, que si era un tema de protagonismo. Yo le dije que era un tema de causa. Fue la última conversación con don Freddy González hasta después que me lo topé en ese programa el Octavo Mandamiento”, dijo Hernández.
El secretario general del Sinaes se refirió a González como “operador político”. “(...) en las últimas semanas prácticamente ha sido el vocero de las cooperativas de salud y, más que operador político, como un pupilo del presidente de la República”, aseveró.
Según Hernández, el presidente del Conacoop ha tratado de polarizar la situación de las cooperativas. Reiteró en calificarlo de “operador político, amigo, cercano al presidente”.
Para efectos de esta licitación de 138 Ebáis, dijo Hernández, el presidente de Conacoop se interesó en justificar los sobreprecios al aducir que una cooperativa como Coopesaín (que da servicios a Tibás), ofrece cirugía ambulatoria.
Esto no es así, aclaró Hernández, pues se trata de un programa aparte que nada tiene que ver con la administración de estos 138 Ebáis.
