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La Unión Médica Nacional solicitó a la Procuraduría de la Ética Pública investigar a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por nombrar al economista Gustavo Picado Chacón en la Gerencia Financiera de la entidad.
El funcionario es uno de los 16 imputados en una causa penal relacionada con aumentos de salarios y de cesantía, aparentemente irregulares, aplicados entre 2006 y 2010, así como por la compra de títulos valores en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sin contar con estudios técnicos de respaldo.
También están implicados exdirectivos y exfuncionarios de la institución. El caso se tramita bajo el expediente 12-0046-0615-PE por el delito de influencia contra la Hacienda Pública.
El sindicato de la Caja estimó que el nombramiento de Picado Chacón es inconveniente, pues el funcionario es investigado por la crisis financiera que enfrentó la entidad en el 2011, supuestamente producto de aquellas decisiones.
“Lejos de promover valores éticos dentro de la CCSS este tipo de actuaciones dan a entender que existe algo irregular en la función pública, que los actos no resultan transparentes, que hay algo extraño en la toma de las decisiones”, señala el comunicado de prensa de la organización.
La Procuraduría de la Ética Pública estimó que las medidas administrativas implementadas por los imputados, presuntamente causaron un daño social ocasionado al Estado costarricense por poco más de ¢217.000 millones.
Por el momento, se está a la espera de la audiencia preliminar que se realizará del 9 al 20 de agosto, luego de la cual se determinará si el caso irá o no a juicio. Si el caso se eleva a juicio, Picado enfrentaría el proceso como gerente financiero de la institución. Su nombramiento rige durante los próximos seis años.
Ante consultas enviadas por La Nación, la oficina de prensa de la CCSS aseguró que la institución está al tanto del proceso judicial. No obstante, según indicaron, los miembros de la Junta Directiva consideraron el principio de inocencia para designar en la Gerencia Financiera al economista.
“De acuerdo con la información del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) se constata que el licenciado Picado Chacón no cuenta con procedimientos administrativos abiertos en este momento.
“La investigación del Ministerio Público se encuentra en su fase indagatoria, y constitucionalmente existe la garantía de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso que le asiste a toda persona procesada, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional y el derecho internacional, principios esenciales en un Estado de Derecho”, señaló la Caja
La Unión Médica Nacional, sin embargo, cuestionó el accionar de los miembros de la Junta Directiva por dicha decisión.
“Tal parece que se quiere confrontar al propio Poder Judicial, a la democracia de nuestro país y sin ningún miramiento se nombra a un funcionario que está cuestionado en el Ministerio Público. Estas actuaciones deben ser investigadas conforme a Derecho”, señaló el sindicato.
La entidad aún no revela si la decisión fue por unanimidad o por mayoría, ni tampoco cómo votaron cada uno de los miembros de la Junta Directiva. El acta de la sesión aún no está disponible en el sitio web.
La Nación envió consultas al presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, este miércoles en horas de la mañana. Sin embargo, al momento de publicación de esta nota no había respuesta.
También contactó vía telefónica a Christian Steinvorth, representante de los patronos en la Junta Directiva. Steinvorth se limitó a responder afirmativamente cuando se le preguntó si había dado su voto para designar a Picado como gerente financiero. Pidió abordar las consultas vía correo electrónico a través de la asesora de prensa.
El representante de los trabajadores José Luis Loría, pidió que se le contactara en horas de la tarde del miércoles, pues se encontraba ocupado al momento de la llamada. Entretanto, las directivas Fabiola Abarca y Marielos Alfaro no respondieron a las llamadas telefónicas.
Investigación contra miembros de Junta Directiva
Además de investigar a los directivos que nombran a Picado, el sindicato solicitó a la Procuraduría de la Ética Pública determinar si el nombramiento de Picado es procedente, así como otros elementos del proceso de designación del nuevo gerente financiero de la entidad.
Estos son los puntos que la organización sindical pidió a la Procuraduría dilucidar:
- “Si ese acto es conforme a derecho, a los principios éticos que rigen la función pública o por el contrario deviene en nulo, ilegal, injusto y alejado de la transparencia que debe primar en esta noble institución”.
- “Los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron el nombramiento del señor Picado Chacón como gerente financiero y si estos son conformes a los principios de la función pública”.
- “Si el nombramiento procede a pesar de que existe contra él una presunta acusación penal por presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, fraude de ley y administración fraudulenta”.
- “Si el acto podría ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público, esto por cuanto no concuerda presumiblemente con una decisión transparente, oportuna y legítima”.
Gustavo Picado Chacón asumirá su cargo el próximo 3 de mayo, en sustitución de Luis Diego Calderón, quien ejerció funciones de forma interina.
