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Los sindicatos de la Caja acudirán a los tribunales contenciosos y de trabajo para defender el pago de sus anualidades y otros incentivos.
Este es uno de los dos acuerdos a los cuales llegaron las 17 organizaciones gremiales que integran el autodenominado Frente Sindical para la Defensa de la Caja, la mañana de este martes.
Según informaron en un comunicado de prensa, llevarán a la vía judicial el criterio emitido por la Contraloría General de la República (CGR), que ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ignorar los acuerdos firmados con los sindicatos en febrero y agosto, y cumplir la reforma fiscal, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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El Frente está integrado, entre otros, por la Unión Médica Nacional, la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) y el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca).
El grupo también advirtió que tomarán medidas de presión “inmediatas”, que no precisaron, “en el momento que se anuncien rebajos a los funcionarios de la CCSS”, lo cual sucedería en el pago de la próxima quincena.
La última protesta por esta causa fue el 10 de setiembre, cuando paralizaron varios servicios de salud en el país, principalmente las cirugías, mientras la Junta Directiva sesionaba de forma extraordinaria para analizar la orden que le dio la Contraloría. Los directivos, finalmente, decidieron acatar el mandato.
Se intentó obtener una reacción de las autoridades de la Caja sobre esta nueva amenaza sindical, pero la oficina de prensa informó de que no se encontraban disponibles.
Las autoridades de la Caja firmaron con los sindicatos un acuerdo el 20 de febrero en el cual, entre otras cosas, se comprometieron a pagar las anualidades y pluses acumulados antes de la entrada en vigencia de la reforma fiscal (4 de diciembre) como porcentaje del salario.
Este acuerdo evitó, en ese momento, que una huelga paralizara los hospitales.
Sin embargo, la publicación de varios decretos ejecutivos que reiteraban la obligatoriedad de frenar el incremento exponencial de eso beneficios laborales, pagándolos como montos nominales o fijos, hizo que una huelga de ocho días trastornara todos los servicios hospitalarios, entre el 5 y el 12 de agosto.
Ese día, la firma de un nuevo acuerdo entre el Gobierno, autoridades de la Caja y sindicatos, suspendió la protesta a cambio de llevar el diferendo por el pago de anualidades y pluses a un tribunal contencioso administrativo, ante el cual se presentaría un proceso de lesividad.
Mientras ese trámite se resolvía por la vía judicial –lo cual podría llevar no menos de cinco años, según expertos–, los más de 57.000 empleados de la Caja mantendrían los incentivos laborales como porcentaje del salario.
Esta situación desencadenó la molestia de empresarios, diputados y hasta ministros, pues la propia jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar, criticó el compromiso adquirido.
Un grupo de diputados de la Unidad, encabezados por Pedro Muñoz, solicitó a la Contraloría anular estos acuerdos, situación que se dio el 5 de setiembre, cuando el órgano contralor ordenó a la Junta Directiva de la CCSS ajustar el pago de pluses de sus 57.000 empleados a lo que dispone la ley fiscal, es decir, por montos fijos.
La Caja debe ignorar los dos acuerdos firmados por el presidente ejecutivo, Román Macaya, con los sindicatos, en los cuales prometió continuar con el pago de sobresueldos en forma porcentual, lo cual implicaba un aumento exponencial en el gasto público.
En cumplimiento de esa orden, la Junta Directiva acordó, el pasado 10 de setiembre, acatar la orden y dejar sin efecto los acuerdos con los sindicatos de salud, al tiempo que ajustará el cálculo de pluses y anualidades según lo dispone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
