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Los sindicatos de la CCSS rechazaron la propuesta del Gobierno de promulgar un decreto ejecutivo que postergaría hasta diciembre de 2020 la aplicación de la reforma fiscal en la institución.
La condición es que durante los 17 meses de plazo, empleados y autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debían buscar “fórmulas” para cumplir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre.
Esta reforma establece límites al crecimiento presupuestario de la entidad, mayor rigor en la evaluación de desempeño de los empleados, y un freno al crecimiento en los incentivos.
Uno de los aspectos fundamentales de la nueva ley que objetan los sindicalistas es que los incentivos se transformen en un monto nominal y dejan de ser un porcentaje del salario base. Lo que detiene el crecimiento exponencia de incentivos como las anualidades.
Por ejemplo, los empleados antiguos se quedaron con el monto nominal que recibían a 2018, mientras que los nuevos recibirán la suma correspondiente a 1,94% del salario base para los profesionales y de un 2,56% para los no profesionales. Ese monto no crecerá.
La misma medida se aplicará con otros incentivos, que tendrán freno.
Actualmente, por ejemplo, la Caja paga por anualidades 5,5% del salario base a los profesionales en ciencias médicas; 3,5% a los enfermeros y nutricionistas y 3% a los no profesionales
Por años, significan ¢240.000 millones, según una estimación con base en el presupuesto institucional del 2019.
De ahí, la objeción de los sindicatos a aplicar la reforma sea en este momento o dentro de 17 meses. Para los representantes de los trabajadores, la propuesta es una “burla” y un “engaño” del Poder Ejecutivo.
Este jueves, los líderes gremiales estuvieron reunidos en las instalaciones del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), en Sabana sur, para definir las medidas de protesta que realizarían en los próximos días.
La información la confirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), Lenín Hernández, y Edwin Solano, de la Unión Médica Nacional, quien divulgó un video del momento en que el bloque sindical se levanta de la reunión sostenida el miércoles con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, el de Trabajo, Steven Núñez, y el presidente de la Caja, Román Macaya.
La propuesta que llevó Piza a ese encuentro, pretendía garantizar la vigencia, durante esos 17 meses, del acuerdo firmado en febrero entre sindicatos y autoridades de la Caja, el cual busca mantener anualidades e incentivos y otros derechos laborales en vez de aplicar los cambios establecidos en la reforma fiscal.
En el acuerdo de febrero, la entidad tampoco estaba obligada a aplicar la regla fiscal, un mecanismo que le pondría límite a los gastos en momentos en que la Caja está desarrollando proyectos de infraestructura, equipamiento y dotación de personal.
Esa posición la mantuvo también la Junta Directiva de la institución mediante un acuerdo de la semana pasada, de tomar las “medidas necesarias” para librarse de la medida de ahorro en el gasto público.
"La propuesta no es de recibo por dos razones. Primero, porque seguimos teniendo el problema de dejar a la Caja dentro de la regla fiscal cuando consideramos que tiene autonomía por Constitución Política.
“Segundo, porque lo que pactamos en febrero está apegado a la legalidad. Desde un inicio, cuando se pensó la ley 9635, uno escuchó al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa decir que se iban a respetar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. Pero el decreto de mayo se trae abajo los acuerdos laborales”, explicó Hernández.
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El sindicalista se refiere a una nueva disposición ejecutiva que les cambia las reglas en anualidades y pluses, dos de los diez puntos del acuerdo firmado hace cinco meses.
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Hernández calificó la posición del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya Hayes, de “elocuente y concordante” con la defensa de la autonomía institucional y de los acuerdos firmados a inicios de año.
Intento infructuoso
El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, y el ministro de Trabajo, Steven Núñez Rímolo, presentaron la propuesta de decreto este miércoles en la sala de sesiones de la Junta Directiva de la Caja.
"El objetivo de la sesión fue transmitir la disposición del Gobierno de apoyar a las autoridades de la Caja para que encuentren un acuerdo con el sector sindical, en el marco de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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“El Gobierno entiende que la aplicación de la ley requiere un transitorio que permita la adaptación de la institución a las reglas de la ley y del decreto que la desarrolla, y que mientras ese periodo se da, todos los sectores puedan plantear sus reclamos y alegatos, aplicando temporalmente las reglas vigentes hasta que la CCSS pueda adaptarse técnicamente a las nuevas regulaciones”, manifestó Piza a una consulta enviada por La Nación.
De acuerdo con el ministro de la Presidencia, lo que se pretende es que, durante ese periodo, Caja y sindicatos encuentren fórmulas para garantizar el cumplimiento de la ley, respetando los derechos aplicables.
“El Ministerio de la Presidencia no tiene competencia para determinar el alcance de la ley, ni puede ajustar un decreto ejecutivo en este ámbito. Mi función, en este caso, fue transmitir la voluntad del Gobierno de apoyar esa negociación por parte de la CCSS en el marco de la Ley”, aclaró Piza.
Esta posición no es de recibo de los trabajadores. “Volvemos a decir que el Poder Ejecutivo nos está engañando”, manifestó Edwin Solano, de la Unión Médica, en un video donde inmediatamente después se ve el retiro en bloque de la sala de Junta de los representantes sindicales.
El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, quien encabezó la reunión, solicitó a los trabajadores mediante un comunicado de prensa “enfocarse en la senda de la construcción institucional” en un evidente llamado a frenar cualquier movimiento de protesta que pudiera alterar la provisión de servicios de salud en todo el país.
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Macaya reiteró que la CCSS tiene en marcha decenas de proyectos de infraestructura y equipamiento y dejó abierta al diálogo la puerta de la presidencia ejecutiva.
La Nación envió a Macaya, por medio de su oficina de prensa de la CCSS, varias consultas adicionales sobre este tema, pero al cierre de esta nota no había contestado. En la oficina de prensa informaron de que se encontraba en sesión ordinaria de Junta Directiva.
El acuerdo del 20 de febrero frenó una oleada de protestas con las que los sindicatos amenazaron a la institución.
El documento que salió de esas reuniones, según la CCSS, mostró coincidencia entre los grupos sobre la interpretación de legalidad que había, en ese ese momento, en relación con la aplicación de Ley 9635 o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y su reglamento en la institución.
Entre los acuerdos, hay aspectos relacionados con los puntos de carrera profesional reconocidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 9635.
También se acordó crear una comisión bipartita para formular el nuevo modelo de evaluación de desempeño; y una mesa técnico-jurídica para el auxilio de cesantía y, sobre todo, la inaplicabilidad de la regla fiscal en la CCSS.
Sin embargo, la promulgación de otro decreto ejecutivo (N° 41729-MIDEPLAN-H), en mayo, afectó dos de los diez puntos del acuerdo de febrero en lo que se refiere especialmente, al pago de anualidades y pluses salariales y volvió a encender la chispa del conflicto en la institución.
El 4 de julio, un grupo de empleados paralizó varios servicios en todo el país como protesta y en la lista de motivos estaba el anterior.
Como resultado, 198 cirugías y casi 1.200 citas se perdieron ese día en todos los hospitales.
