La suspensión por casi dos meses de los sorteos de lotería y chances golpeó las arcas de la Junta de Protección Social (JPS) y ahora también a las organizaciones dedicadas a la atención de adultos mayores, adolescentes en riesgo social y personas con discapacidad, que subsisten de las ayudas de esta institución.

Casi ¢6.000 millones no llegarán a 430 organizaciones de bien social este año, como resultado de la reducción de ingresos de la Junta al dejar de hacer sorteos entre el 22 de marzo y el 8 de mayo, en medida preventiva para evitar la propagación de covid-19.

Para 2020, se tenía presupuestado distribuir más de ¢33.476 millones entre estos grupos que se dedican a la atención de población vulnerable como adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de explotación sexual comercial. Sin embargo, por efecto de la pandemia, estos ingresos se redujeron a ¢26.672 millones, según las proyecciones.

Con el aporte extraordinario del superávit específico que tiene la Junta, dedicado a cubrir las necesidades de las organizaciones de bien social, se proyecta inyectar al menos ¢1.626 millones entre junio y julio, de acuerdo con información facilitada por Esmeralda Britton González, presidenta ejecutiva de esa institución.

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Sin embargo, los ingresos siempre caerán en ¢5.578 millones con respecto al presupuesto ordinario proyectado antes de covid-19. El total estimado para distribuir este 2020 es de ¢27.898 millones.

Durante los casi dos meses sin sorteos, solo funcionó la lotería electrónica, que representa alrededor de un 26% de las entradas de la Junta, explicó Britton.

El 16 de junio, la institución envió una circular a las organizaciones para informarles sobre la reducción y que tomen las medidas que consideren oportunas para cubrir las necesidades.

Esto tendrá que ser así por lo menos durante un mes, dijo Britton. Ese es el tiempo durante el cual la Junta espera recibir autorización de la Contraloría General de la República (CCSS) para ejecutar un presupuesto extraordinario que les permitiría utilizar ese superávit específico en la cobertura de las necesidades que enfrentan los beneficiarios de esas organizaciones, de aquí a julio.

“Fueron casi dos meses que estuvieron sin ejecutarse los sorteos. Lógicamente, las organizaciones sociales se ven impactadas. (...) Próximamente, solicitaremos otra modificación en la que se incluirá lo que proyectamos de agosto a diciembre”, explicó Britton.

La jerarca de la Junta reconoce que la emergencia por covid ha vuelto todavía más compleja la administración de ese tipo de organizaciones. Por eso, explicó, se les advirtió que deben tomar previsiones.

Estrechez por pandemia

Recientemente, hogares de larga estancia que integran de la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano (Fecrunapa), manifestaron la preocupación por la falta de recursos suficientes para enfrentar las necesidades que les ha generado la pandemia.

Según dijeron, encaran una “situación extraordinaria” con presupuestos ordinarios los cuales, con costos, les permitirán solventar el incremento en la demanda de limpieza, desinfección y construcción de nueva infraestructura generadas por la emergencia por covid-19.

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Lisbeth Quesada Tristán, presidenta de la Federación, confirmó que están a la expectativa de lo que decida la Contraloría sobre la solicitud planteada por la JPS.

“Vamos a ver qué nos da la Junta, porque aún no ha dicho qué es lo que va a dar. No sabemos si vamos o no a tener dinero suficiente. Si sigue la pandemia ¿qué pasará el año entrante? Hay hogares que han incurrido en deudas.

“También hay un juego perverso: si la Junta no da la plata, los hogares no tienen para pagar la planilla a la Caja (Costarricense de Seguro Social), y estar al día es una condición para que la Junta gire dinero”, explicó Quesada.

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Britton asegura comprender la complejidad de la actual situación para estos y otros centros.

“Este año ha tenido un comportamiento atípico. En febrero, todas las organizaciones recibieron el doble de lo que reciben normalmente, excepto cuidados paliativos que recibe ingresos de otras fuentes. Ellos tienen que tener esa previsión”, manifestó.

La Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas Excepcionales (Anampe), una de las 430 organizaciones que reciben ayuda de la lotería, tuvo que recurrir a “amarrarse la faja” desde que la Junta les advirtió sobre lo que podría pasar, confirmó su administradora Lourdes Sánchez Campos.

Ahí atienden a 80 personas con algún tipo de discapacidad, entre los 18 años y 64 años. "

“Para nadie es un secreto que la Junta vive y se mantiene de la lotería para poder ayudar a las organizaciones. Al ver nosotros que en marzo abril y mayo no tuvieron ventas, supusimos que no iban a tener utilidades.

“Fue cuando Anampe acordó tomar medidas de precaución, no gastar en cosas innecesarias que, hasta ahora, nos ha permitido estar bien. Pero no sabemos cuánto podríamos sostener la situación. Estamos a la espera de que la Contraloría, ojalá, resuelva rápido porque son muchos ancianos, personas con discapacidad y gente en pobreza que urge de estos recursos”, dijo Sánchez.

Según la administradora de esa Asociación, la Junta ha hecho “de tripas chorizo” para no dejar a ninguna organización sin dinero. “Ahora, los costarricenses deben volver a comprar lotería porque esa es la fuente de los recursos que nosotros recibimos para atender a la población más vulnerable”, solicitó.

En espera de aprobación

“Deben estar tranquilos porque la Junta está haciendo esta gestión para lograr que ellos tengan el ingreso. Tal vez no el mismo que en un tiempo normal, pero sí es suficiente para que enfrenten las necesidades que están teniendo”, aseguró la jerarca de la Junta.

Las autoridades de esa institución también decidieron destinar el uso de fondos de proyectos que iniciarían a final de año, en la cobertura de las necesidades que actualmente tienen esas organizaciones para no afectar su gestión.

La Junta también ha apoyado con sus fondos la emergencia nacional por covid-19. El 26 de marzo, aportó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ¢600 millones para la compra de pruebas para detectar el SARS-CoV-2.

También apoyó a 1.900 vendedores que, como trabajadores independientes, recibieron un subsidio por ¢200.000 mensuales cada uno, durante tres meses. En total, esa institución financió a estos vendedores con ¢1.146 millones.

La Junta de Protección Social apoya más de 500 programas manejados en todo el país por esas 430 organizaciones de bien social.

En el 2019, informó Britton, trasladaron alrededor de ¢15.000 millones solo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la adquisición de equipo y mejoramiento de la infraestructura.