EscucharEl riesgo para los trabajadores del sexo se multiplicó en los últimos meses desde que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) los dejó, aseguran, sin las consultas de vigilancia de enfermedades venéreas.
La Fundación Transvida, que reúne a unas 200 ‘chicas trans’ que laboran en las calles de la capital, y la Asociación La Sala, que agrupa a prostitutas de la misma zona, denunciaron el cierre de estos servicios.
Nubia Ordóñez Ugalde, de La Sala, asegura que la Caja no atiende a las trabajadoras del sexo, sino están aseguradas.
También afirmó que la llamada atención de enfermedades “de la cintura para abajo” ya no se realiza.
Dayana Hernández, líder de Transvida, agregó que si no fuera por una organización no gubernamental (ONG) que les dona 5.000 condones al mes, las muchachas que laboran en las calles no tendrían con qué protegerse, para no contraer infecciones sexuales de sus clientes.
Las llamadas infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema de salud pública en todo el mundo.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día, más de un millón de personas contraen una de estas enfermedades, entre las cuales se encuentra sífilis, gonorrea o herpes.
Antes de que se diera la reforma al sector salud, a inicios de los años noventa, el llamado control de enfermedades venéreas estaba a cargo del Ministerio de Salud.
Luego de los cambios, esos controles pasaron a manos de la Caja. Esa modificación, aducen estos grupos, los perjudicó.
Salud pública. El ministro de Salud, Fernando Llorca Castro, reconoció que este problema existe.
“Hemos analizado el tema. Lo que me dijeron en la Caja es que necesitamos conocer la cantidad de personas, para sopesar la posibilidad de asegurarlos por el Estado. Estamos en ese proceso porque somos conscientes de la necesidad”, manifestó Llorca.
Entre tanto, la gerenta médica de la Caja, María Eugenia Villalta Bonilla, aclaró que todos los centros de salud de la institución están obligados a atender a quienes vengan con algún síntoma de una ITS.
Prometió dos cosas: primero, enviar una circular recordando a los funcionarios atender esos casos y facturarlos al Estado, cuando así se requiera.
Luego, dijo Villalta, funcionarios de la Gerencia se reunirán con estos grupos para ver qué está sucediendo en cuanto a la vigilancia, para prevenir el contagio de estas enfermedades.
Marco Castillo, líder del Movimiento Diversidad, dijo que ahí integrarán una comisión de salud, para analizar este tema.
Según Ordónez, en noviembre les quitaron el servicio de atención de ITS que en el caso de San José, se daba en la Clínica Moreno Cañas.
“Queremos decirle a la CCSS que como trabajadoras sexuales, tenemos que ser atendidas. Si nosotras no somos vistas y no tenemos cómo pagar a un doctor, es un problema de salud pública”, manifestó Ordóñez.
La Caja está interesada en que el mayor número de estas personas se asegure por su cuenta, dijo Gloria Terwes, encargada de este tema en la institución.
