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Alrededor de 400 personas, entre enfermeros, médicos y personal de registros y mensajería, quedarán sin trabajo a partir de este lunes.
Ellos laboraron durante los últimos seis años con la Universidad de Iberoamérica (Unibe), que desde el 2013 le vendió servicios de atención primaria en salud a la CCSS en los 37 Ebáis ubicados en los cantones de Montes de Oca, Curridabat y La Unión.
El 17 de febrero finaliza el contrato que esta universidad privada tenía con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que asumirá la atención de 200.000 vecinos de esas comunidades un día después.
“Solo nos dieron la carta para hacer preaviso, y el 17 (de febrero) es nuestro último día. Hemos escuchado que (la CCSS contratará) a algunos Ataps (técnicos de atención primaria en salud) y técnicos de Farmacia pero no a todos. En los demás servicios, nada”, comentó una funcionaria de Unibe que solicitó mantener en reserva su identidad.
Armando Villalobos Castañeda, director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur, de la Caja, confirmó a La Nación, sin dar números, que la institucionalización de estos servicios implicó la contratación de 419 funcionarios: “Es mixto: hay gente nueva y otra que se movió”.
Durante casi dos décadas, los habitantes de Montes de Oca, Curridabat y La Unión han sido atendidos por terceros contratados por la CCSS.
El primer contrato se firmó con la Universidad de Costa Rica (UCR), que en el 2012 tomó la decisión de no renovar el compromiso que tenía con la CCS, al considerar que dar esos servicios la hacía incurrir en mayores gastos que los recursos que recibía de la Caja.
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La relación contractual no finalizó en buenos términos, pues hasta una huelga de funcionarios hubo y un proceso legal de por medio, y los asegurados dejaron de recibir servicios por 17 días, en el 2013.
Posteriormente, la CCSS contrató a Unibe, que brindó servicios durante los últimos seis años; el último de ellos, con una prórroga autorizada por la Contraloría para dar tiempo a la CCSS de planificar la transición de los servicios.
La institucionalización de estos servicios será un hecho pese a una advertencia de la Auditoría Interna de la CCSS que, en el 2017, afirmó que dar ese paso no era conveniente.
En ese momento, según cálculos de la propia CCSS, la institución tendría que pagar ¢4.000 millones más al retomar los servicios, solo en el primer año.
