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La Universidad de Costa Rica (UCR) deberá pagar ¢2.104 millones a la CCSS por incumplimientos en los servicios de los Ebáis que administró hasta 2014, en Montes de Oca, Curridabat y La Unión.
Se trata de una resolución del Juzgado Especializado de Cobro de Goicoechea, mediante la cual se resolvió un reclamo presentado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El conflicto data de los años 2012 a 2014, cuando la UCR planteó que el funcionamiento de los 45 Ebáis (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) le hacía incurrir en mayores gastos que los recursos que recibía de la Caja.
Esta situación originó una huelga en 2013 que dejó en suspenso por 17 días la prestación de servicios en esos centros de salud de Montes de Oca, Curridabat y los distritos de San Juan, San Diego y Concepción, todos de La Unión.
Ante los incumplimientos, la Caja realizó un procedimiento administrativo, en el cual se determinó el cobro, caso que llevó ante el juzgado respectivo.
En sede judicial se determinó que la UCR debía pagar el capital por ¢927, 7 millones, ¢475,4 millones intereses, al tiempo que se decretó el embargo de sus cuentas bancarias.
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“La resolución notificada incluye un embargo de ese monto más un 50 % de lo demandado para las costas e intereses futuros, ascendiendo a ¢2.104, 7 millones”, confirmó la casa de enseñanza en un comunicado.
Según la información suministrada, la UCR procederá a realizar un depósito judicial inicial por ¢1.403 millones para evitar ese embargo.
Asimismo, presentará un recurso de apelación contra esta decisión del Juzgado, adelantó Carlos Araya, rector interino de la Universidad.
“Lo que sucede es que el juez decreta un embargo a las cuentas de la UCR, para que el embargo no se concrete, lo que hicimos fue un depósito judicial pero no estamos aceptando la responsabilidad, se van a presentar los alegatos el próximo jueves”, explicó Araya.
Otro proceso
Derivado de esa relación contractual entre la UCR y la CCSS para la administración de los Ebáis también el centro de estudios acudió a la vía judicial.
En ese caso, planteó una demanda ante los tribunales contencioso administrativos para reclamar el pago de los gastos extra en los que incurrió la Universidad para dar los servicios de salud de los Ebáis.
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"Se generaron pérdidas porque lo que la CCSS pagaba en su momento no era suficiente para cubrir los costos. En el 2012, lo que sucedió es que entramos en una negociación con la Caja que llevó a que la Universidad se apartara de la prestación de esos servicios, en 2014.
"Había un compromiso de las autoridades de la Caja de que iban a reconocer los costos en que incurría la Universidad por prestarlos servicios. Se determinó que la UCR había incurrido en costos adicionales a los aportados por la Caja, superiores a los ¢3.000 millones, en eso la UCR interpuso un proceso judicial que en este momento está en discusión en los tribunales”, explicó Araya.
Luego de este conflicto, la CCSS otorgó a la Universidad Iberoamericana (Unibe) el contrato de administración de 36 de los Ebáis que antes tenía la UCR.
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No obstante, el año pasado informó que a partir del 2020 sería la propia Caja la que se encargue de manejar esos servicios.
