EscucharLa Unión de Empleados de la Caja (Undeca) solicitó el jueves a la Contraloría General de la República (CGR) investigar a la dirección jurídica de la Caja, a la cual responsabilizan de la pérdida de casi 5.000 juicios con un costo para la institución superior a los ¢7.500 millones.
El anuncio lo hizo en su página de Facebook el principal sindicato de trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La oficina de prensa de la Contraloría confirmó el ingreso de la solicitud. "Conforme corresponde, se analizará en admisibilidad en la Unidad de Denuncias e Investigaciones y se determinará lo pertinente", dice la CGR.
En conversación telefónica con La Nación, Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta de Undeca, confirmó que la solicitud se hizo a inicios de esta semana pues las peticiones enviadas a la junta directiva de la Caja hace varios meses terminaron en manos de la dirección jurídica, que recomendó archivar el caso.
"Nosotros pedimos a la Contraloría que haga una verdadera investigación. El director juridico de la Caja (Gilberth Alfaro) tiene el rango de subgerente y es el asesor jurídico de la junta directiva.
"La idea de que se haga una investigación en la Contraloría es buscar imparcialidad y determinar si esa dirección juridica sigue con los procedimientos que corresponden en resguardo de los intereses institucionales", manifestó Rodríguez.
Según la vocera sindical, ellos han logrado registrar casos en donde la institución, por errores de procedimiento, ha perdido juicios laborales que le han costado hasta ¢600 millones por pago de salarios caídos, entre otros conceptos.
Undeca investigó la situación de demandas de empleados contra la institución por despidos desde hace una década. Rodríguez dice que durante ese tiempo hubo, al menos, 10.000 procedimientos de ese tipo, pero ellos solo lograron documentar casi 5.000.
A mediados de marzo, la Unión Médica Nacional exigió a las autoridades de la Caja buscar a los responsables de pagos pro ¢577 millones por juicios perdidos contra funcionarios despedidos sin causa justa.
Recientemente, la institución se vio obligada a reinstalar en su puesto de subdirector médico del Hospital San Juan de Dios a Mario Arias Murillo, a quien había despedido sin responsabilidad patronal en el 2008. A Murillo se le tendrán que pagar más de ¢224 millones.
