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La Unión Médica Nacional denunció ante la Procuraduría de la Ética Pública a los abogados de la CCSS responsables de investigar a funcionarios de la institución por supuestas irregularidades en compras de mascarillas durante la pandemia.
Los denunciados laboran en el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA).
Según un comunicado enviado este jueves, la Unión Médica solicitó investigar las actuaciones de Grettel Camacho Marín, Sergio Alfaro Esquivel y Mario Cajina Chavarría.
Los primeros tenían a cargo los tres procedimientos administrativos vinculados con las compras urgentes, el último fungía como director del CIPA, pero fue separado del cargo.
Para el sindicato de médicos, estas personas, presumiblemente, habrían afectado “la transparencia del debido proceso en el caso de las mascarillas, socavando la imparcialidad del caso al no actuar de manera eficiente, oportuna y conforme a derecho para llevar a cabo las audiencias de ley”.
El viernes anterior, las propias autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordaron separar, por al menos dos meses, a Cajina Chavarría, como medida cautelar, mientras una comisión emite un informe sobre el funcionamiento de la dependencia que dirigía.
Aquella decisión se tomó un día después de que La Nación publicara que el CIPA, encargado de las pesquisas, aplazó por tiempo indefinido el proceso, pues resolvió convocar a los investigados a audiencias orales hasta que cesaran las medidas de restricción y distanciamiento fijadas para evitar los contagios de la covid-19.
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Además, se le achaca que marginara a la Gerencia General y la excluyera de la toma de decisiones finales en esos procesos administrativos.
Ante esos hechos, el gerente general de la institución, Roberto Cervantes, señaló al CIPA por “irrespeto” y “desobediencia” y ordenó su intervención para resguardar las investigaciones.
En la misma línea que las autoridades de la CCSS, la Unión Médica hizo alusión a las publicaciones de este diario en su denuncia pues, asegura, dicho aplazamiento indefinido supone “un retraso indebido en perjuicio de la justicia y el erario público, así como en la credibilidad, ética, confianza y seguridad jurídica que debe prevalecer en la Caja”.
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La Unión Médica incluso solicitó revisar si existe una posible dilación indebida en el procedimiento disciplinario y extralimitación de competencias del CIPA, al no proceder con las audiencias orales de ley, poniendo de excusa disposiciones que no son compatibles con este tipo de procesos.
“Debe investigar esta Procuraduría sí estos funcionarios han actuado o no con probidad y apegados a los más altos principios que orientan nuestro Estado de Derecho. Pedimos que actúen de inmediato y sienten las responsabilidades del caso”, indica la agrupación en su comunicado.
Este jueves, los abogados de la Caja comparecieron en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. En ese foro, Cajina fue consultado sobre si conocía de la denuncia planteada por la Unión Médica. Dijo desconocerlo.
“No lo sabíamos, me parece lastimoso que se hayan dejado guiar por informaciń parcial, en mi caso atenderé cualquier denuncia”, manifestó.
Durante la audiencia, él rechazó que se hubieran atrasado los expedientes bajo investigación.
Los procedimientos administrativos por las polémicas compras de mascarillas involucran a 13 funcionarios de la Caja, entre ellos al gerente de Logística, Luis Fernando Porras; y dos de sus asesores, dos de sus asesores, Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera.
Ellos permanecen suspendidos con goce de salario. Desde agosto han percibido, entre los tres, más de ¢50 millones en remuneraciones.
Estos casos también son investigados por la Fiscalía y por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
