EscucharLa Sala Constitucional admitió para estudio los reclamos planteados por los alcaldes de Cartago contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por frenar la construcción del nuevo edificio del Hospital Max Peralta.
En el amparo, al que se le dio curso el 18 de abril, los jerarcas municipales plantean una larga lista de deficientes que tiene el inmueble de más de 100 años de antigüedad y las complicaciones que presenta para atender las necesidades en servicios de salud de la población que atiende.
“Este hospital ya agotó la vida útil desde hace rato, no le cabe la conexión de un solo aparato eléctrico más porque la red eléctrica no da. No es lo que observamos, sino que la misma Caja lo ha admitido, a la hora de empezar el proceso de licitación así lo indicó, de que el actual edificio es insuficiente”, manifestó Mario Redondo, alcalde cartaginés.
También suscribieron la gestión Carlos Manuel Ramírez, alcalde Paraíso; Erick Jiménez, alcalde de Oreamuno y Víctor Luis Arias, alcalde de El Guarco, entre otros funcionarios.
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La Caja anunció el 10 de marzo la suspensión de nuevos centros de salud y nuevos terrenos. Unos días más tarde informó que seguirían avanzando 45 proyectos y luego subió el número a 107; entre los proyectos que continuarán están el nuevo Hospital Tony Facio, de Limón, y la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños. El Max Peralta quedó excluido.
Otro de los argumentos planteados en el amparo es el costo de alquiler inmuebles porque el principal no da abasto, se gastan anualmente ¢266 millones.
“En cuanto al Servicio de Emergencias destacaron que el área es menor a los 300 metros cuadrados y tiene una capacidad para 28 pacientes, pero en la realidad de deben atender en promedio entre 70 y 90 pacientes en observación, en condiciones de hacinamiento, las cuales no son adecuadas ni para los pacientes, ni el personal médico, quienes incluso ven afectadas su salud mental”, se consigna en el curso del amparo, tramitado bajo expediente 23-008311-0007-CO
Por su parte, Redondo recordó que se aprobaron dos créditos para este proyecto. Uno en 2016, por $420 millones, que la Caja utilizaría para los hospitales de Cartago, Turrialba y Golfito; y el segundo, “alrededor del 2020 por $500 millones”.
“De ahí que tampoco la Caja puede vacilar a la Asamblea Legislativa pidiendo créditos, diciendo que son para construir hospitales y después no usa la plata en lo que tiene que usarla”, expresó.
Sobre todos estos argumentos, la Sala solicitó a la CCSS remitir un informe en los tres días siguientes a la notificación.
Este recurso de amparo es instruido por el magistrado Fernando Castillo, presidente de ese tribunal.
Entretanto, también la Comisión de Cartago del Congreso llamó a cuentas a la presidenta de la Caja por este tema.
