EscucharPuerto Viejo, Sarapiquí. La vida, excepto por algunos marcados detalles, sigue su curso normal en la ribera costarricense del río San Juan.
Para los pobladores de esta zona limítrofe con Nicaragua, las preocupaciones son las de siempre: el trabajo, la comida, el clima y el combustible para viajar en lancha por las achocolatadas aguas del río.
Más allá de eso, en la orilla tica se respira tranquilidad. "Aquí vivimos como lo manda Dios: en paz con nuestros vecinos nicaragüenses", aseguró el jueves Socorro López Sequeira, un campesino de 65 años, quien reside en El Jobo de Sarapiquí.
Al igual que López, quien procreó 13 hijos en esta remota zona, los vecinos de otros caseríos cercanos afirmaron que lo único que ha cambiado en el último año es que los policías costarricenses ya no navegan por el río San Juan y los visitan muy poco.
Este repliegue policial sí genera alguna inquietud. El finquero Rigoberto Acevedo, de San Antonio de Sarapiquí, dijo que, aunque comprende las limitaciones que ahora tienen las autoridades para trasladarse por la región, su presencia es necesaria.
"Si aquí se presentara una emergencia, no tendríamos quién nos socorra", advirtió.
La presencia de los guardias se redujo casi por completo en los caseríos de la ribera tica, desde que el gobierno de Nicaragua prohibió -el 15 de julio de 1998- la navegación de policías ticos armados por el río San Juan.
Juan Alfaro, jefe del puesto Delta Costa Rica -en Sarapiquí-, explicó que la determinación del gobierno del presidente Arnoldo Alemán ha obligado a las patrullas de la Policía de Fronteras a trasladarse por tierra hasta los distintos puntos de vigilancia.
Relató que estos desplazamientos por la montaña y potreros resultan muy penosos, debido al pésimo estado de los caminos.
Añoran el río
Los policías destacados en el puesto conocido como Delta 14, en Cureña de Sarapiquí, aseguran ser los más perjudicados ante las limitaciones de Nicaragua.
Antes ellos tardaban menos de dos horas para trasladarse en lancha desde el Comando Atlántico, en Puerto Viejo de Sarapiquí, hasta Delta 14. Ahora, deben viajar siete horas en carro por un camino rústico e incluso caminar los dos últimos kilómetros.
La Nación visitó ese puesto de control como parte de un recorrido de 70 kilómetros, realizado entre el jueves y viernes, por los caseríos y poblados que colindan con el cauce fronterizo.
Delta 14 no tiene ningún medio de transporte, ni siquiera un caballo, y el vecino más cercano que cuenta con una lancha, llamado Carlos Espinoza, vive a dos kilómetros de distancia. Además, el equipo de comunicación a veces se descompone varios días.
El policía Ricardo Chaves admitió que, en caso de una emergencia, no tendrían posibilidades de actuar de inmediato.
José Calderón, de 58 años de edad y 14 de laborar para el Ministerio de Seguridad, reveló que su gran deseo es que el gobierno de Nicaragua revoque la prohibición. "Queremos volver a pasar por el río, soñamos con eso".
El jefe del puesto del Ejército de Nicaragua en Boca Sarapiquí, quien solo se identificó como el "teniente Calderón", sostuvo que el diferendo sobre la navegación de policías ticos por el río San Juan ya está arreglado.
"Costa Rica lo único que tiene que hacer es respetar la decisión del gobierno nicaragüense", indicó.
Malestar por cobros
Algunos costarricenses, quienes no viven en la ribera del San Juan pero tienen propiedades allí, se quejan de que desde hace unas cuatro semanas las autoridades migratorias de Nicaragua cobran $5 para navegar incluso por la margen tica del río.
Todas las personas que deseen viajar por el afluente deben reportarse en un puesto migratorio instalado por los nicaragüenses en Boca Sarapiquí.
Quienes no residan en ese sector deben pagar allí, aunque no vayan a cruzar la frontera, una tarjeta de turismo. La navegación se permite solo de 6 a. m. a 5:30 p. m.; después de esa hora únicamente se puede transitar en caso de emergencia.
Aclímaco Salazar, de San Carlos y dueño de una finca en el Delta Costa Rica, afirmó que nunca antes le habían cobrado.
Luego de cumplir estos trámites, La Nación consultó a Celso Rivas, del puesto nicaragüense, acerca de ese cobro y se limitó a responder que obedecía órdenes.
