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Las sanciones a tres funcionarios públicos que incurrieron en "negligencia", "conducta omisiva" y faltas administrativas en las millonarias reparaciones fallidas del puente de la 'platina', en la autopista General Cañas, quedaron en el aire.
Los castigos determinados por la Contraloría General de la República (CGR) o el Tribunal del Servicio Civil nunca se cumplieron porque al momento de ejecutarlos los ingenieros involucrados se habían pensionado, habían renunciado o abrieron procesos judiciales que entrabaron las penas.
Entre abril de 2009 y 2013, el país gastó cerca de $4 millones en trabajos que no solucionaron los desperfectos en las juntas de expansión de la estructura; estos elementos son unas placas metálicas que funcionan como la transición entre el puente y la carretera.
El miércoles anterior, el Gobierno reabrió el nuevo puente de 161 metros, el cual pasó de cuatro a seis carriles y se reforzó por completo. Solo la fase de reforzamiento y ampliación, desarrollada entre 2013 y 2017, tuvo un costo de ¢7.400 millones ($12 millones).
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La CGR dejó en firme, en febrero de 2016, una sanción de 25 días de suspensión sin goce de salario al ingeniero Alejandro Molina, exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de 20 días de suspensión sin goce de salario al también ingeniero Benjamín Sandino, exdirector de Conservación Vial del Conavi.
Cuando se presentó el daño en la "platina", el 9 de abril del 2009, ambos coordinaron la contratación de los arreglos con soldadura de acetileno, que resistieron apenas unos días.
Por estas decisiones, la Contraloría les responsabilizó de "culpa grave" al no contar con un plan de intervención del daño, ni consultar a un experto en puentes antes de contratar las reparaciones.
"(Esa falta plan) no permitió definir el alcance de las obras a ejecutar, así como tampoco definir los sistemas de controles mínimos con el que debe contar toda obra pública durante el proceso de contratación", expresa la resolución 14981-2015 de la CGR.
En el caso de Molina, un órgano decisor de la Contraloría indicó por escrito que "actuó con negligencia y desapego a las normas jurídicas de rigor y de las reglas básicas de la diligencia y el debido cuidado propias de un funcionario público cuyo puesto implicaba cumplir con las obligaciones atinentes a su puesto".
La Nación tiene copia de este documento.
También se les investigó por pagos indebidos o ruinosos al contratista a cargo de las labores, la constructora Procom. Sin embargo, la Contraloría no lo pudo comprobar.
Molina afirmó este miércoles, vía telefónica, que solo cumplió nueve días sin goce de salario, pues la sanción quedó en firme a pocos días de pensionarse.
Él fue director ejecutivo del Consejo hasta mayo de 2010; después de esa fecha regresó a su puesto como director de Obra Pública en el MOPT, hasta que se pensionó en 2016.
Sandino dijo que renunció semanas atrás a su puesto en el Conavi luego de 18 meses de permiso sin goce de salario; durante ese tiempo se dedicó a trabajar de forma independiente.
Los dos ingenieros declararon que la Contraloría nunca quiso escuchar sus argumentos de defensa y calificaron las sanciones como injustas.
"Yo siento que fui un chivo expiatorio, a alguien había que culpar por lo que pasaba", expresó Sandino.
Los encartados alegaron en sus recursos de revocatoria que no contaban con expertos en puentes en sus equipos de trabajo y que al tratarse de una reparación de emergencia era "absurdo" pretender que se realizaran conceptualizaciones previas de la obra requerida.
Despido congelado
Uno de los intentos de reparación más recordados es la inversión de $3,8 millones en la instalación de un sistema de rejillas para sustituir la losa de concreto sobre la cual pasan los vehículos, con el objetivo de disminuir el peso de la estructura. Sin embargo, al realizar la modificación aumentó la vibración y el concreto recién puesto empezó a resquebrajarse.
Por este asunto, la Auditoría Interna del MOPT le impuso a la ingeniera María Ramírez González, experta en puentes y directora de Puentes del Ministerio Obras Públicas (MOPT), ocho días de suspensión sin goce de salario.
La Auditoría determinó que los términos de referencia del cartel de licitación con el que se compró la rejilla fueron “insuficientes e incompletos”.
Además, en julio de 2012, el Tribunal del Servicio Civil declaró el despido de Ramírez por prestarle a la empresa Soares da Costa, firma encargada de instalar la rejilla, una máquina para soldar propiedad del Ministerio.
Antes de ser despedida, la funcionaria trató de parar, en febrero de 2012, la investigación que la Auditoría Interna del MOPT realizaba en su contra por la maquinaria prestada, según consta en el expediente 12-000356-1027 del Tribunal Contencioso Administrativo.
La representación legal de Ramírez solicitó una medida cautelar para suspender el procedimiento disciplinario, pero los jueces rechazaron, en dos oportunidades, la petición.
Este diario tiene copia de las sentencias 109-2012 y 278-2012, en las cuales se niega la solicitud de Ramírez.
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No obstante, al ser despedida, en julio de 2012, la ingeniera acudió al Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por una medida para ser reinstalada en su puesto mientras se determinaba si su despido estuvo apegado a la legalidad. La medida cautelar fue aprobada el 5 de setiembre de 2013 y regresó al MOPT desde el 9 de setiembre de 2013.
Omar Segura, encargado de prensa del MOPT, informó de que en julio habrá una audiencia judicial relacionada con este tema.
Sin responsables
¿Quién se hará responsable por los ocho años de inconvenientes y atrasos para los más de 90.000 usuarios de esa vía y dineros públicos gastados?
"Cada situación ocurrió en momentos diferentes con responsables diferentes, para mí es muy difícil poder determinar una lista de culpables de las situaciones, mucho de lo que ocurrió se debió a una expectativa en la concesión de ampliación que no se dio", manifestó Carlos Villalta, ministro del MOPT.
El jerarca se refiere a que gobiernos anteriores postergaron la construcción de un puente paralelo al que existía esperando que se activara la concesión para la ampliación de la vía entre San José y San Ramón y, por ende, el puente sobre el río Virilla en la General Cañas.
Desde que empezaron los inconvenientes con el puente, el Estado ha gastado más de ¢9.400 millones ($16 millones al tipo de cambio actual) en reparaciones, incluidas el reforzamiento y ampliación.
La ampliación empezó desde febrero de 2016 y debía estar lista, según prometió el presidente Luis Guillermo Solís, en febrero de 2017, pero se presentaron varios atrasos.
Los trabajos de ensanchamiento provocaron grandes congestionamientos viales, en especial desde enero anterior cuando se tuvo que interrumplir el paso parcialmente por el puente.
El puente original sobre el río Virilla en esa carretera fue inaugurado en 1965 y contaba con dos carriles por sentido.
