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El robo indiscriminado de medidores de agua, cables del tendido eléctrico y telefónico, señales de tránsito, partes de puentes y hasta de semáforos paraliza a diario los servicios públicos.
La reposición de estructuras y equipos cuesta sumas millonarias al Estado, pero el perjuicio para los usuarios es incalculable si se toma en cuenta el riesgo contra la vida de los ciudadanos.
Esa actividad delictiva no es nueva pero ha crecido este año.
En las últimas cinco semanas los ladrones destruyeron 13 semáforos ubicados en transitadas intersecciones de la capital.
Lo que persiguen son las cajas de metal donde vienen los controladores del aparato.
Por esa pieza reciben entre ¢500 y ¢1.000, mientras cientos de personas estuvieron en riesgo de sufrir accidentes de tránsito.
Sustituir cada controlador le costó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre ¢1 millón y ¢1,5 millones.
Mario Chavarría, subdirector de Ingeniería de Tránsito, aseguró que el robo se disparó en las últimas semanas, pues dos años atrás solo se reportaron dos.
Para contrarrestarlos han colocado los aparatos hasta con cinco metros de altura, pero nada.
Advirtió que el MOPT ya agotó todas las reservas. “En cualquier momento vamos a decir no hay más semáforos y esta ciudad se convertirá en un caos”, dijo.
El problema es que la ley es muy blanda para castigar robos menores, o la maraña judicial no permite castigar a los culpables.
Golpe a miles. La sustracción del cableado eléctrico, de telefonía fija y de las radiobases del servicio celular también afectan a la ciudadanía.
Por ejemplo, hace un mes se llevaron partes de una radiobase de la red celular GSM, lo que impidió tramitar unas 100.000 llamadas diarias durante casi tres días.
Esa antena, propiedad de Ericsson de Costa Rica, está en San Sebastián y sirve de enlace para otras tres radiobases.
De enero a agosto esa empresa ha denunciado 71 robos, la mayoría ocurrieron el pasado mes.
Mientras, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó de que en los últimos tres años han perdido miles de kilómetros de cable telefónico. Y ahora también corre riesgo el cableado de fibra óptica de la red Internet.
En lo que va del 2006 esa institución ha presentado 843 denuncias por sustracción de cable. Por esos casos hay 98 detenidos.
Solo en el primer trimestre de este año la institución fue víctima de 229 robos con pérdidas por más de ¢217 millones.
Actualmente se reportan 1,5 hurtos por semana. Comunidades enteras quedan sin posibilidad de comunicarse con la Cruz Roja, hospitales, policía, bomberos y taxis.
El año anterior en Sixaola se vivió un caso dramático cuando una mujer tuvo que dar a luz en su casa pues no había servicio telefónico para llamar una ambulancia.
Por cada metro de cable robado, el ICE debe sustituir 100 metros. Los materiales y el equipo humano destinados a nuevos proyectos se han tenido que ocupar para reparar estas averías.
Nadie escapa. Representantes de diversas entidades públicas coinciden en que este año el saqueo ha superado todos los límites.
La obsesión de los ladrones por metales como cobre, aluminio o hierro convierten en blanco fácil a muchas estructuras públicas.
Acueductos y Alcantarillados informó que este año se han robado 1.484 medidores de agua ubicados en el área metropolitana.
Su reposición costó ¢26,7 millones. No se han contabilizado las pérdidas por las fugas de agua.
Los barandas de los puentes y las señales de tránsito verticales se han convertido en otro botín para los ladrones.
Cada año, el MOPT sustituye unas 1.200 señales robadas.
Además se estima que se han llevado 2.700 metros de tubos colocados en barandas de puentes.
A la lista se unen tapas del alcantarillado, piezas de la línea férrea, placas y argollas de las tumbas, partes de monumentos nacionales y lámparas del alumbrado público.
Muchos de los hurtos los cometen indigentes o drogadictos, quienes venden las piezas a precios ridículos para comprar droga.
De este robo “hormiga” son cómplices chatarreras y fundidoras, en su mayoría clandestinas, que reciben los artículos y luego los venden para la exportación.
El OIJ ha realizado varios allanamientos donde se ha encontrado material robado al ICE, MOPT y otras entidades. Incluso ese cuerpo policial creó una unidad especial para investigar esa actividad.
