Los servicios de seguridad privada que contraten los costarricenses en sus barrios también deberán pagar impuesto al valor agregado (IVA), pero algunos diputados lograron que el monto sea del 6% y no del 13% como originalmente se planteaba en el texto del plan fiscal.
La moción aprobada ayer fue presentada por la legisladora de Unidad, Lilliana Salas, aunque su compañero Ricardo Toledo, precandidato presidencial del PUSC, es otro de los que venía insistiendo con el tema.
"Esto no es populismo", dijo Toledo, sino que se trata de una solución balanceada para un problema nacional.
En su criterio, el no haber exonerado por completo el servicio obligará de todas formas a las empresas de seguridad privada a presentar la documentación que permita controlar que pagan el impuesto de renta correspondiente.
La razón de que sea un 6% y no otra cifra, es simplemente que pensaron en una reducción de la mitad, señaló Toledo.
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides avaló la moción. Lo justificó diciendo que no debe perderse de vista que en realidad la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad del Estado.
Ante una realidad de falta de recursos e incapacidad para satisfacer ese mandato, dijo Benavides, lo menos que se puede hacer es tratar de no perjudicar en exceso a los ciudadanos que optan por estar un poco más seguros a partir de sus propios recursos.
Por su parte, Epsy Campbell, del PAC, no apoyó la moción ya que en su opinión hay aspectos que no justifican el cambio.
Por ejemplo, dijo, es muy probable que aquellas personas con capacidad para pagar seguridad privada estarían en disposición de asumir un 13% de impuesto sin que implique un golpe al bolsillo.
Pero, además, Campbell dijo no entender la arbitrariedad con que mueven y transforman una cifra sin el respaldo técnico que diga cómo se llegó a un 6%.