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El Centro de Promoción del Comercio y la Inversión Asia Pacífico-América Latina (AP-LAC) manifestó su preocupación por el reciente decreto emitido por el Gobierno que excluyó a empresas chinas como potenciales proveedores de la tecnología 5G en el país.
La organización advirtió que el desarrollo de redes 5G en Costa Rica no debe basarse en criterios geopolíticos, sino que deberían prevalecer consideraciones y normas “técnicas estandarizadas, maduras y adoptadas por la industria” que garanticen la seguridad de las redes, la libre competencia, la neutralidad tecnológica y la seguridad jurídica.
En un comunicado, el Centro también llamó la atención sobre el hecho de que excluir a proveedores chinos, como Huawei, por ejemplo, implicará importantes pérdidas económicas al país, al tener que reemplazar gran parte de la infraestructura tecnológica que ese empresa ha desplegado.
La situación, indicó, supondrá enormes costos de inversión que finalmente serán trasladados por los operadores a los usuarios finales, aunque no hizo estimaciones.
El reemplazo de toda esta infraestructura impactará también la capacidad de cobertura de las redes 5G, lo cual afectará a la población y usuarios en general, poniendo en riesgo y limitando el acceso a las nuevas tecnologías.
La reacción del grupo surge a raíz del decreto que el presidente Rodrigo Chaves firmó el 31 de agosto el cual excluyó de la participación en la subasta para 5G a empresas que provengan de países que no hayan ratificado el Convenio sobre Ciberdelincuencia, firmado en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001. Una de esas naciones es China.
El decreto se dio a conocer después de la reunión del mandatario costarricense con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
AP-LAC estima que esta medida impactará negativamente en el intercambio comercial, cultural, educativo y tecnológico del país con una región que comprende 66% de la población mundial y un mercado caracterizado por su dinamismo y crecimiento económico.
Jairo Hernández, presidente de AP-LAC expresó que cuando Costa Rica optó por el modelo de expandir sus fronteras comerciales con tratados de libre comercio, “se comprometió a cumplir con una serie de preceptos para dinamizar y fortalecer el comercio de bienes y servicios con países de todas las regiones del mundo”.
Citó ejemplos de esto en el caso de EE.UU., la Unión Europea y la República Popular China.
Reglas claras
“Esto significa seguir pautas consistentes con un proceso de diversificación de alcance global que beneficie al país y, sobre todo, a nuestros consumidores”, insistió.
Andrés Álvarez, director ejecutivo de la organización, declaró que la decisión de Chaves lesiona los avances alcanzados en las relaciones comerciales, diplomáticas y económicas y es una postura contraria a la ley de libre mercado y competencia leal.
En su criterio, Costa Rica debería caracterizarse por brindar seguridad jurídica a las empresas que inviertan y establezcan sus operaciones en el país, así como garantizar principios de neutralidad tecnológica y libre competencia.
Además, según las consideraciones de AP-LAC, el convenio de Budapest, al que hace mención del decreto de Gobierno, es un tratado internacional cuyo objetivo es establecer la definición del “crimen cibernético” y la cooperación conjunta entre los países en materia de investigación, evaluación y penalización del “crimen cibernético”.
De ninguna forma, aseveró el grupo, aporta al fortalecimiento de la ciberseguridad pues fue suscrito en el 2001 y 18 años antes que la tecnología 5G fuera lanzada al mercado, “por lo que resulta imposible que su contenido incluyera elementos para garantizar la seguridad de esa tecnología”.
