El enfrentamiento protagonizado, la noche del pasado miércoles, por oficiales de la Fuerza Pública y estudiantes dentro del campus de la Universidad de Costa Rica (UCR) reactivó el debate sobre los alcances de la autonomía universitaria.

Bloqueos realizados por estudiantes en la vía principal de San Pedro de Montes de Oca desatóron un forcejeo con policías que culminó con la persecución y la captura de cuatro jóvenes en las instalaciones de esa casa de enseñanza.

Henning Jensen, rector de la UCR, pidió una disculpa al mandatario, Carlos Alvarado, por la supuesta violación de su jurisdicción y convocó a la comunidad universitaria a realizar, al día siguiente, una marcha de protesta a Casa Presidencial.

No obstante, abogados constitucionalistas coinciden en señalar que la autonomía de las universidades públicas se limita a la política, administración y organización de cada una de ellas.

Rubén Hernández, especialista en derecho constitucional, aseguró que hay una interpretación errónea sobre ese concepto.

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“Hay un equívoco desde hace muchos años, sobre todo en los estudiantes y profesores universitarios, en el sentido de que autonomía universitaria implica soberanía, y evidentemente no lo es. Los territorios de las universidades estatales son iguales a cualquier territorio del país”, aseguró Hernández.

La autonomía

De acuerdo con el artículo 84 de la Constitución Política, “la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.”

Especialistas consultados por La Nación coinciden en que, a pesar de las facultades concedidas por la Carta Magna, las universidades están supeditadas al ordenamiento jurídico del país. Por esa razón, ante cualquier acto delictivo que se genere en los campus, la policía tiene la potestad de ingresar y actuar conforme a sus facultades.

"Sin ningún tipo de limitaciones la policía puede hacer detenciones, puede seguirlos dentro del campus porque es parte del territorio nacional, no tiene ninguna extensión, ningún privilegio, y en consecuencia, ese mito de la autonomía universitaria como restricción de que ingresen las autoridades de policía, es simplemente una falacia”, señaló Hernández.

La Sala IV, en la sentencia número 2002-08867, confirma las manifestaciones de Hernández al determinar que “el artículo 84 constitucional establece una reserva normativa en favor de las universidades, en el sentido de que su poder reglamentario es el único competente para normar la organización del servicio universitario; disposiciones que integran de esta manera un subsistema jurídico particular. Lo anterior, empero, no cabe interpretarlo en el sentido de que la universidad se encuentre desvinculada del ordenamiento estatal. Como bien se ha afirmado, la institución universitaria es una institución más dentro del Estado y ha de operar en el marco del ordenamiento general."

El mismo presidente Alvarado comentó, luego de una reunión que mantuvo este jueves con los rectores de las universidades públicas, que si bien conocen los alcances jurídicos en materia de autonomía universitaria, también se debe reconocer que hay elementos políticos y de tradición en torno al tema.

“No estamos poniendo en cuestionamiento los alcances que tiene en materia de flagrancia la Fuerza Pública, pero sí entendemos las consecuencias que tiene la no coordinación en esa materia, que no profundicemos esa coordinación.

“Entendemos los alcances de la jurisprudencia, pero también entendemos que hay un contexto político que nos obliga a tener estos espacios de diálogo”.

Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA), dijo la mañana del jueves, que no estaban defendiendo extraterritorialidad, pero insistió en que siempre ha existido un fuero de autonomía y un protocolo que se debe seguir antes de ingresar a un campus.

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Para el abogado Hernández, ese protocolo no es más que una cortesía. Lo mismo opinó Fabián Volio, también abogado constitucionalista, quien añadió que los oficiales que ingresaron al campus el pasado miércoles no están expuestos a una sanción, pues para ello, se tendría que apelar a una norma legal prohibitiva, la cual no existe.

“La autonomía mayor que concede la Constitución es la que le otorga a las universidades estatales. Es una triple autonomía; la administrativa que es semejante a la que tienen las instituciones autónomas; la autonomía política, que además de las universidades solo las tienen las municipalidades; y la autonomía de autoorganización, que significa que son los únicos entes en el país que pueden darse su organización interna. No puede ser impuesta por una ley”, explicó Hernández.

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En el 2012, la Sala Constitucional rechazó el reclamo de un profesor por el ingreso que hicieron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al campus de la UCR, para detener a un oficial de tránsito sospechoso de cobrar “mordidas”.

El recurrente alegó que los agentes violaron el principio de autonomía que rige a esa casa de enseñanza. Sin embargo, los magistrados consideraron que no podían resolver sobre la queja porque la Universidad, al ser una institución y no una persona, carece de derechos fundamentales.

Volio insistió en que la independencia dada a las universidades no es sinónimo de extraterritorialidad.

“Entonces, en una investigación, los fiscales perfectamente podrían obtener una orden de allanamiento de un juez, entrar libremente a la universidad, allanar una oficina, retirar los documentos que sean necesarios para la investigación sin pedirle permiso absolutamente a nadie”, explicó Volio.

En el caso de los delitos de flagrancia ocurre igual, según el especialista.

“La policía puede perseguir a una persona en el momento sin importar si ingresó a una propiedad privada, a una institución pública de otro tipo o a un recinto público universitario”, sostuvo.

Ante los hechos del pasado miércoles, el presidente Alvarado ordenó crear una comisión con representantes de los rectores, de los estudiantes y del Gobierno para detarminar qué fue lo que sucedió. Por su parte, el ministro de Seguridad, Michael Soto, se reunió con los oficiales que participaron en el operativo en la UCR y respaldó su actuación.