Orlando Arrieta, vecino de barrio El Carmen de Puntarenas, tuvo la mala suerte de que los dos barcos que usaba para la pesca artesanal estaban casi pegados a la Base Naval de Puntarenas aquel 7 de abril de 2009, cuando se produjo un incendio en las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública.
Las llamas destruyeron 17 embarcaciones pesqueras, incluidas las suyas.
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Una sentencia de diciembre del 2010 ( N° 4927-2010), declaró al Estado como responsable del incendio y lo condenó a resarcir a los afectados por el daño moral, material y el lucro cesante, así como las costas procesales. Los daños materiales se calcularon en más de ¢1.500 millones.
Debido a complicaciones en la tramitación del caso en los tribunales contencioso administrativos, ni Arrieta ni ninguno de los otros 18 afectados que interpusieron la demanda han recibido el pago, aunque ya han pasado 13 años.
Para Arrieta, la situación ha sido devastadora; no solo perdió los barcos sino que, además, en el momento del siniestro debía ¢18 millones de una de las naves y adeudaba al banco ¢36 millones de la otra que perdió.
Con los ingresos por la pesca Arrieta pagaba sus obligaciones y mantenía a su familia, compuesta por él, su esposa y cuatro hijos. También, seis familias más que trabajaban como tripulantes en las naves sacaban de allí para sus necesidades.
“Debía los dos barcos que se quemaron y aún no se nos paga nada. Se puso la demanda, llevamos trece años de estar peleando y no veo que nos paguen nada a pesar de que el Estado fue condenado”, se quejó Arrieta.
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Después del incendio, el puntarenense, de 64 años, buscó “chambas” reparando cosas para poder llevar comida a la mesa y pagar los servicios básicos. También fue al banco a solicitar una prórroga, pues ya no podía hacerle frente al préstamo.
“Todo se vino abajo, no había entrada fija, quedó uno comiéndose las uñas. Tuve que correr para solventar el problema reparando cosas. Caímos a la pobreza, todo quedó en deudas y yo debía pagarle a los tripulantes lo que les correspondía de vacaciones y aguinaldo. Al final, lo pagué pidiendo clemencia a todo el mundo”, narró el pescador.
Los afectados no han recibido un solo colón a pesar de que la Sala I, en una sentencia del 7 de agosto del 2014, condenó al Estado a hacer efectivo el pago de dichos daños.
A pesar de la condena, no se determinó la causa del fuego. Sin embargo, según los demandantes, representados por el abogado Álvaro Enrique Moreno Gómez, las llamas se originaron durante un fallido simulacro de incendio en la Base Naval.