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Al tiempo que los hospitales alistan planes de emergencia, la Policía se agrupa para asegurar el libre tránsito en las calles. Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) advierte que registrará ausencias para futuras sanciones.
Estas son algunas de las medidas anunciadas este miércoles por instituciones públicas ante la amenaza de huelga a partir del lunes 10 de setiembre lanzada por grupos sindicales en oposición a la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.
Las citas y cirugías de asegurados, así como las lecciones en escuelas y colegios son, normalmente, los servicios más afectados por movimientos como al que llamaron el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), Patria Justa y las centrales sindicales.
Su última protesta fue el 25 de junio, cuando miles de pacientes se quedaron sin atención, lo mismo que los estudiantes pues el 81% de los docentes se sumaron al paro.
Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), garantizó ya se encuentra activado un comité de atención de emergencias que hará frente a los efectos en clínicas y hospitales, según los efectos que monitoreen en durante el paro.
Las medidas incluyen un tratamiento diferenciado para los pacientes según las especialidades, además se garantizará el aprovisionamiento de insumos, medicinas, lavandería y seguridad.
Los centros médicos, además, darán prioridad a los pacientes crónicos que requieren atención continua y a las emergencias.
El gerente médico, Roberto Cervantes, explicó que para tomar las decisiones los directores de los hospitales tendrán instrumentos para medir en tiempo real la afectación en cada uno de los servicios. El objetivo es minizar los efectos en la atención.
Con un llamado a la calma y una advertencia al mismo tiempo, el ministro de Seguridad, Michael Soto, informó de que los miembros de la Fuerza Pública están preparados para evitar bloqueos en las vías. Recordó que entorpecer el paso de terceros es ilegal.
Aunque espera no tener que acudir al recurso, reconoció que el cuerpo de policía antimotines está listo.
Por ello, fue insistente en pedir prudencia a los sindicalistas que hablan de huelga indefinida.
“Yo esperaría que no haya bloqueos (...) Estamos en un país de derecho y cualquiera tiene el derecho a manifestarse, pero el cierre de vías es un delito y no podemos permitir que eso ocurra bajo las circunstancias en las que todos los costarricenses necesitamos movilizarnos y la economía se mueve en torno a eso”, dijo.
El jerarca insistió en que esperan no llegar al uso de la fuerza pero están “listos como corresponde”.
“Espero estar aquí con mis compañeros monitoreando, las carreteras no tienen por qué cerrarse, cuando usted cierra una calle afecta a otras personas”, agregó.
Registro de ausentes
El Ministerio de Educación Pública por su parte, adelantó que levantará un registro de los docentes y demás funcionarios que no lleguen a laborar por sumarse a la huelga convocada por grupos sindicales y solicitará la declaratoria de ilegalidad del movimiento.
“No existen razones para unirse a una huelga indefinida convocada por los sindicatos porque el Estado no ha violado ninguno de los derechos laborales”, señala el documento.
“Si no hay justificaciones en el vínculo funcional, si no hay justificación en la relación de trabajo y más bien está diáfanamente cuidada a través de acciones que se han tomado en estos tres y pico de meses, no se justifica, la huelga será ilegal y pediremos la declaratoria de ser necesario”, agregó el ministro de Educación, Édgar Mora.
El ministro advirtió sobre la afectación que podría representar para los estudiantes perder lecciones en este momento del año en el que muchos deben prepararse para pruebas nacionales y de final de curso.
Además recordó que se mantienen en pie los actos de celebración de la Independencia del 15 de setiembre.
Combustible y transporte
Por su parte la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) también anunció la activación de “protocolos de continuidad del negocio” establecidos en la empresa para asegurar el suministro de combustibles al mercado nacional.
También la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) aclaró que los autobuseros no son parte de ningún movimiento de protesta. Así lo aclaró Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la organización.
Por separado, la empresa de buses Coesa, que brinda servicios en el sector este de San José, ratificó de que operarían en todas sus rutas con normalidad, hasta donde las acciones anunciadas lo permitan. Incluye rutas de San Pedro, San Ramón de La Unión, Sabanilla, Curridabat- Zapote por pista, Zapote por Corte, Quesada Durán, Villas de Ayarco, Montufar y San Vicente de Tres Ríos.
Colaboraron Irene Vizcaíno y Juan Fernando Lara.
