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Durante 2017, 2018 y 2019, “Aresep aplicó mal la metodología” para fijar tarifas de compra de energía eléctrica a generadores privados, lo cual llevó al ICE a pagar $24 millones de más a esas empresas.
Sin embargo, ahora se sabe que desde el 2016, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos contaba con la fórmula correcta para calcular los pagos, pero la Junta Directiva desdeñó su aplicación, pese a que desde 2017, los mismos técnicos de la Aresep habían corroborado que el sistema era válido.
Así lo confirmaron la Contraloría General de la República con el informe DFOE-AE-IF-00009-2019 y también los propios criterios técnicos de Aresep.
La fórmula correcta (sin sobrecosto) estaba lista desde 2016, pero el 12 de mayo de ese año, la Junta Directiva (acuerdo n.° 06-27-2016) ordenó un estudio técnico para cerciorarse que podía ser usada.
Mientras se hacía ese estudio, la Aresep renovó en enero del 2017 los contratos a los generadores privados de electricidad y en ese proceso recurrió a la metodología que sí reconocía el sobregiro.
Un mes después, en febrero del 2017, sus técnicos entregaron el análisis que confirmaba que se podía utilizar el método sin sobrepago. Sin embargo, la Aresep mantuvo la primera tarifa no solo en 2017: también en el 2018.
El origen del problema se dio en la fijación tarifaria por los contratos que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con empresas privadas que construyen plantas hidroeléctricas y eólicas con dinero propio y las operan con la condición de vender su producción al Estado.
La tarifa que se les fijó erró al ser única, pues las plantas hidroeléctricas y la eólicas “difieren en tecnología, vida útil, costos de inversión y operación”, indicó la Contraloría.
De esa forma, la metodología que se “aplicó mal” reconoció una tarifa de $0,07 (centavos) por KWh en 2019, pero en el caso de eólicas debió de ser mucho menor: $0,058 (centavos) por KWh.
Las sumas giradas de más a privados acumularon a mayo de 2019, $5,3 millones; a diciembre 2018, $6 millones, y a diciembre 2017, $12,5 millones, determinó la Contraloría.
¿Por qué Aresep mantuvo la tarifa con sobrecosto por tanto tiempo? Ante consultas de La Nación, la Intendencia de Energía dijo que antes de aplicar la fórmula y hacer el cambio se necesitaba recopilar información entre los generadores privados.
La disposición de la Directiva, señala la Intendencia, era solicitar a “todos” información precisa, porque había diferencias de datos sobre las diferentes plantas de producción energética.
“Todo esto, porque la lógica de la modificación de eliminar el factor de antigüedad (Xu) como denominador de los costos de explotación (Ca), requería de datos distintos a los que se venía utilizando (similares a la industria de plantas existentes)”, argumentó.
Supuestamente, para cumplir con la orden de solicitar información tenían cinco días. La entidad, no aclaró en su respuesta qué ocurrió luego de ese proceso o por qué se abstuvo de usar la metodología que eliminaba el sobrecosto.
¿Qué dijo la Contraloría?
Para la CGR, las tarifas aplicadas en el 2017 (y de nuevo en el 2018) también se fijaron con referencia en datos de plantas de generación eléctrica que operaron menos de 10 meses en un año como parte de una variable en la fórmula llamada el cálculo del factor de planta individual.
La Contraloría determinó que, en cambio, debieron utilizarse datos de referencia de plantas que hubiesen operado 10 meses o más. Esto incluso lo advirtió el ICE en el oficio n.° 0610-128-2018 del 22 de noviembre del 2018 el cual acogió la Aresep para la fijación tarifaria del 2019.
Sin embargo, ahí tampoco se eliminaron las distorsiones, más bien se extendieron durante el 2018 y 2019 porque, al renovarse dichos contratos de esos años, la Aresep incluyó información de plantas eólicas (costos de explotación, factor de antigüedad, factor de planta y costos de inversión) para calcular la tarifa cuando la metodología precisa que el cálculo debe efectuarse sólo con información de plantas hidroeléctricas.
Según el informe, la Aresep estimó para el presente año que el ICE debía pagar los $0,07 (centavos) por cada kilovatio hora sea de plantas hidroeléctricas o eólicas, cuando según la estimación de la Contraloría, el costo de la energía eólica debía ser de $0,058 (centavos).
El órgano contralor también llamó la atención a la Aresep, porque en su cálculo de tarifa estima, en algunos de los casos, que las plantas privadas operan en su capacidad máxima instalada y durante todo el año, cuando no siempre ocurre de esa forma.
Es decir, hay diferencias en cuanto a tecnología, costos de inversión, costos de operación y vida útil.
Para la Aresep, los criterios de la Contraloría se dan por un uso inadecuado de la información.
“Durante el estudio, la CGR hace uso de la discrecionalidad y utiliza criterios propios, que conducen a resultados diferentes y, por tanto, llegan a sus propias conclusiones, pero estas conclusiones no invalidan lo actuado técnicamente por la Aresep”, respondió la Intendencia de Energía.
La Intendencia incluso agregó que “hecha la valoración técnica de los cálculos realizados por la CGR, se identificaron errores conceptuales que invalidan sus resultados, conclusiones y disposiciones dictadas, tal y como fueron demostrados numéricamente, y haciendo uso de las propias hojas de cálculo de la CGR, en el recurso de revocatoria con apelación en subsidio sobre dicho informe, el cual al día de hoy está pendiente de respuesta por parte de la CGR”.
El órgano contralor, sin embargo, abrió procedimientos para determinar eventuales responsabilidades no solo sobre actuaciones de Aresep sino también del ICE, pues encontró que el Instituto compró electricidad a generadores, sin existir una fundamentación adecuada.
También, la Comisión de Control de Gasto Público de la Asamblea Legislativa convocó al regulador general, Roberto Jiménez Gómez, a explicar los sobrepagos por casi $24 millones y las razones por las cuales no aplicó la metodología como era debido a partir del 2017.
