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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) propuso este jueves aumentar de oficio y en forma extraordinaria las tarifas de autobús nacionales debido a la escalada de precios en los combustibles, durante este año. La medida excepcional persigue generar ingresos adicionales a los autobuseros para cubrir sus gastos en diésel.
El alza prevista sería de 6,73% y afectaría a 4.117 tarifas vigentes distribuidas entre todas las rutas regulares del servicio y sus ramales. Se trataría de una modificación por caso fortuito, indica el estudio tarifario ET-050-2022 de la Intendencia de Energía de la Autoridad creado este jueves 8 de junio.
En el análisis, la Aresep justifica esta alza amparándose al artículo 30 de la Ley de la Aresep (Ley N° 7593) según el cual, el ente regulador podrá introducir ajustes excepcionales por “variaciones importantes en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza mayor y cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste”, dice la ley. En tal circunstancia, la Autoridad realizará de oficio dichas fijaciones.
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En este caso, la Intendencia atribuyó el aumento propuesto a la subida de precios internacionales de los hidrocarburos entre los cuales figura el diésel, cuyo precio en Costa Rica ha subido 48% desde enero a la fecha; revelan informes preliminares de la Intendencia de Energía. “Ese combustible representa el segundo rubro de costo más importante según la estructura productiva modelo del servicio de autobús con 28.1%”, agrega el análisis técnico.
Según el documento, ese combustible es “un insumo crítico de consumo diario para la prestación del servicio de transporte remunerado de personas modalidad autobús, las alzas en el pago innegablemente afecta el flujo de caja de los prestadores, constituyéndose en un riesgo para garantizar la continuidad del servicio público”.
La Aresep abrirá desde el 14 de junio un espacio de consulta pública para la recepción de posiciones a favor o en contra de la ciudadanía a su propuesta. Los interesados tendrán ocasión de enviar sus posturas y razones hasta el 20 de junio al correo consejero@aresep.go.cr o de forma presencial en las instalaciones de la Autoridad en el edificio Turrubares del Oficentro Multipark, localizado en Guachipelín de Escazú.
En marzo anterior, los usuarios del servicio de autobús sintieron un alza de 6,3% en todas las rutas luego de otra subida del 5% introducida a finales de octubre. Aquellas alzas, sin embargo, fueron parte de ajustes ordinarios que la Aresep realiza una vez cada semestre del año, cuando traslada a las tarifas de los pasajeros variaciones en costos de salarios, combustibles, gastos administrativos y operativos de los autobuseros.
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Análisis por delante
El ajuste anunciado este jueves consumirá primero varias semanas de estudios antes de resolverse por parte de la Intendencia de Energía. En forma paralela, esa instancia también debe revisar dos decretos firmados este jueves 9 de junio por el presidente Rodrigo Chaves, tendientes a bajar el precio de los combustibles.
Si bien la Aresep ha reconocido que examinará esas propuestas, se desconoce cuál sería su efecto en el caso de este pedido de alza en los pasajes de autobús por tratarse de análisis tarifarios distintos entre sí.
Adicionalmente, la Autoridad también abrirá a partir de la otra semana un estudio extraordinario al precio de los carburantes correspondiente a junio, que incluso podría verse influido por los decretos que el Gobierno emitió este jueves.
El primero es N°43.575-MINAE, con el que se solicita una reducción del precio del diésel que impactan directamente a los sectores productivos y a la población más vulnerable del país. Ahí, el Gobierno solicita a la Autoridad aplicar rebajas previstas por ajustes recientes en su metodología de cálculo tarifario para reducir ¢100 el precio del diésel por litro.
Entretanto, el decreto ejecutivo N°43.576-MINAE pretende eliminar subsidios que han estado aportando las gasolinas y el diésel a los precios del asfalto y a la emulsión asfáltica, conforme a lo dispuesto desde el año 2016, como parte de una política sectorial de precios emitida ese año.
