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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se opone al proyecto de ley para pasar de 15 a 20 años la antigüedad de los autobuses. Su oposición se da en nombre de la seguridad de los pasajeros, expresó el regulador general, Eric Bogantes Cabezas.
El polémico plan permanece en discusión en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, con una fuerte oposición de organizaciones de usuarios; Bogantes Cabezas cierra filas con ellos.
“Sobre el tema de la antigüedad tengo algunas inquietudes. Pensaría que no debería de darse porque los buses ya fueron amortizados, ya los pasajeros pagaron por esas unidades y las tarifas deberían costear nuevas unidades”, advirtió.
Para el funcionario, quizás la pandemia trajo un problema de dos o tres años a los empresarios, en referencia a la caída en la demanda del servicio por el confinamiento de las personas durante la crisis sanitaria y la continuidad de modalidades de teletrabajo hasta la fecha. Sin embargo, a su juicio, eso no justifica la pretensión de los autobuseros que compromete a los pasajeros.
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“Recordemos que el mantenimiento de los vehículos es vital para los usuarios y suponer que se dará mantenimiento a todas las unidades en forma general, no necesariamente es realista”, afirmó.
Para él, podrían existir flotas de autobuses muy bien mantenidas que soportarían una vida útil mayor, pero no son todas.
“Hemos tenido ya dos o tres buses incendiados en tiempo reciente y me permito recordar que esos vehículos circulaban con su revisión técnica vehicular al día lo mismo que sus permisos de circulación, pero de todos modos se incendiaron”, recordó.
El regulador indicó que, cuando la Comisión de Asuntos Económicos les consultó el tema, la recomendación técnica fue valorar una extensión temporal de dos años, y luego devolver el límite de la vida útil a 15 años.
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Con plazo
Esta semana, el Consejo de Transporte Público (CTP) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes otorgó a las autobuseras tres meses de plazo improrrogable para que renueven las unidades que ya rebasaron la antigüedad máxima permitida de 15 años.
La entidad publicó este miércoles 18 de enero en el diario oficial La Gaceta la prevención para que los concesionarios y permisionarios renueven su flotilla con fecha límite hasta el 19 de abril.
Bogantes Cabezas había advertido esta misma semana que los empresarios verían una reducción de 30% en las tarifas que cobran de aprobarse el proyecto de ley.
La consecuencia se vería al momento de aplicar la metodología de la Autoridad para fijar el costo de los pasajes en los cuales se le reconoce rentabilidad y depreciación a los autobuses hasta por 15 años.
De esta forma, este cálculo refleja el costo real de los buses en servicio, pues se diseñó de manera que si el empresario invierte poco en la renovación de la flota, la tarifa será menor y, por el contrario, si hace una buena inversión también se le compense.
