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La Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) detectó indicios de posibles prácticas fraudulentas en la adquisición de boletos aéreos, debido a incumplimientos en las normas que rigen estas compras, lo que expone a la entidad a pagar precios excesivos, perjudicando sus finanzas.
Así lo revela el informe AI-C-01-2024, emitido en febrero a solicitud de la Junta Directiva del ICT, que había ordenado la investigación desde octubre de 2023.
El documento señala que, en el 100% de la muestra analizada (25 vuelos comprados entre noviembre de 2022 y octubre de 2023), los responsables de esas adquisiciones no realizaron estudios de mercado ni sondeos de precios. Durante ese período de 11 meses, el ICT gestionó la compra de 104 boletos aéreos.
El informe detalla que, en 17 de las compras analizadas no se cumplió con requisitos establecidos en la Ley General de Contratación Pública para garantizar la razonabilidad de los precios.
“No se verifica que los criterios técnicos de razonabilidad del precio se ajusten a la normativa, especialmente cuando solo se recibe una oferta”, advierte el documento.
Este método de adquisición, añade el análisis, impide obtener precios de referencia y provoca que los boletos se adquieran por montos que podrían no ser razonables ni justos, alejándose de los promedios del mercado.
Esto, según la Auditoría, pone en riesgo la transparencia, equidad y eficiencia en las compras, con la posibilidad de que existan prácticas fraudulentas.
Solicitudes para compra de boletos en ICT
La Auditoría descubrió que, en algunas adquisiciones, los encargados de las compras especificaban las condiciones de los boletos a través de mensajes de texto desde el celular, solicitando requisitos como: “no cerca de los baños, cerca de la salida principal, con posibilidad de prechequeo, preferencia por asientos de pasillo”.
También se encontraron solicitudes como: “boletos que permitan cambios” y “equipaje de mano incluido”.
Para vuelos a Europa, se pedían condiciones como: “sin escalas o máximo una escala”, “no pasar por EE. UU.” y “vuelo directo en el regreso”.
En el caso de salidas a Estados Unidos, los mensajes solicitaban “preferencia por vuelos con escala en cierto estado” y pedían “no cotizar vuelos en ciertos estados porque se están retrasando y se pierden las conexiones”.
En vuelos a Latinoamérica, se pedía que, para destinos en Brasil, se priorizaran las escalas en Panamá, mientras que se solicitaba no cotizar escalas en Bogotá.
Sin embargo, el documento de la Auditoría señala que estas exigencias no contaban con el respaldo de criterios técnicos ni justificaciones claras en los pliegos de condiciones o en los mensajes de texto.
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Este tipo de solicitudes, advierte la Auditoría, limita la participación de oferentes y obstaculiza la igualdad de condiciones entre proveedores, lo que podría derivar en precios más altos y un uso ineficiente de los fondos públicos, además de potenciales beneficios para ciertas empresas.
La Ley General de Contratación Pública, en su artículo 34, establece que antes de realizar cualquier contratación, la Administración debe llevar a cabo un sondeo o estudio de mercado, con información confiable, para obtener precios de referencia. De esta manera, se busca evitar precios excesivos o ruinosos.
Asimismo, el artículo 41 de la ley dicta que la Administración debe realizar un estudio de razonabilidad de los precios en todos los casos, conforme al reglamento.
Este miércoles, La Nación dio a conocer que el ICT pagó $8.936 (¢4,6 millones) por un boleto aéreo a Londres para William Rodríguez López, presidente ejecutivo de la entidad y ministro de Turismo. La erogación se dio a pesar de que el costo original del tiquete había sido cotizado en menos de $4.000.
Rodríguez tiene previsto viajar a Londres del 2 al 9 de noviembre para participar en la feria World Travel Market 2024, un evento que reúne a aerolíneas, agencias de viajes, delegaciones políticas y agencias de publicidad de la industria turística mundial.
