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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció esta semana su intención de trabajar con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en busca de tarifas “justas”, según describió en su comunicado.
La intención la dio a conocer luego de que la Autoridad rechazara su solicitud de alza y, más bien, le abriera un proceso de fiscalización a su contabilidad debido a “lagunas” de información.
En un comunicado, el lunes pasado, el Instituto informó de un acercamiento con personal de la Intendencia de Agua de la Aresep como parte, de lo que llamó, un “trabajo conjunto” para asegurar una nueva tarifa de agua potable justa para “fortalecer al AyA”.
Sin embargo, el “acercamiento” en realidad fue el arranque de una fiscalización técnica, financiera y de gestión de los proyectos de inversión que le abrió la Aresep, después de hallar diversidad de omisiones y errores en la solicitud de ajuste ordinario de precios para el 2022 por sus servicios de agua potable.
El 20 de enero pasado, la Autoridad archivó de oficio ese estudio tarifario del AyA y dejó los precios intactos para este año, después de revisar el plan anual de inversiones y su estructura de costos y gastos. La Aresep confirmó la decisión se tomó por las siguientes razones:
- No se justificó ni se dio trazabilidad a los proyectos de inversión que realizó el AyA en los últimos cinco años.
- No capitalizó el 54,7% de los recursos aprobados vía tarifa en proyectos de inversión para el periodo 2019 (monto ascendía a ¢14.560 millones). Además tampoco aportó la debida justificación o razones de su aplazamiento para periodos posteriores.
- Tampoco presentó las justificaciones técnicas para respaldar “variaciones significativas”, entre los montos proyectados de las inversiones y el monto real ejecutado.
Proceso a fin de año
Asimismo, el AyA solo justificó 12 de 909 cuentas comprendidas en su estructura de costos y gastos del servicio de acueducto. Tampoco justificó plazas nuevas que abrió y su incidencia en el servicio y, según precisó la Aresep, “muchos de los documentos que aportó para validar el comportamiento de los costos y gastos en el tiempo, se encuentran incompletos”.
Para la Intendencia de Agua, eso contraviene el objetivo de disponer de una fijación tarifaria trazable y que le garantice a los usuarios la pertinencia del gasto por ese servicio regulado.
En su comunicado, el presidente ejecutivo del AyA, Tomás Martínez, dijo que la fiscalización “es una oportunidad valiosa para el AyA el contar con un equipo especializado trabajando en cerrar brechas y en tener muy claro qué se puede incorporar en la tarifa; además, es una excelente forma de unir el trabajo de ambas instituciones”.
Durante el proceso de fiscalización, indicó prensa de la Aresep, se recopilará la información necesaria para analizar la tarifa y así “justificar cada colón” que incorpore a lo largo de un trabajo que concluiría a finales de este año. Si el proceso es satisfactorio y avanza más veloz, el plazo podría ser menor y el AyA podría entonces solicitar un nuevo ajuste de precios.
