EscucharPese a las dudas expresadas por el Gobierno hace dos meses, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) señaló que retomará el atrasado plan para reducir las fugas de agua potable y prometió que este quedaría listo a finales del 2026.
El proyecto “Reducción del agua no contabilizada y mejoramiento de la eficiencia energética” (RANC-EE) ha estado varado desde el 2015, cuando se obtuvo un préstamo para ejecutarlo, y por esa razón el jerarca del AyA, Alejandro Guillén, manifestó en abril pasado que tenía dudas sobre el futuro de la iniciativa.
No obstante, el director del programa, Randall Campos, aseguró que las primeras siete licitaciones (de un total de 21 que se deben sacar a concurso) se adjudicarán este año y que en los próximos dos años se completaría el resto de contratos.
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El RANC-EE pretende reducir las fugas y optimizar sistemas para evitar el despilfarro de agua potable. En la actualidad, se estima que un 50% del liquido captado se pierde; la meta es reducir el desperdicio a un 33%.
Para eso, se contempla el cambio de medidores, sustitución de tuberías, implementación de tecnología para la operación de los sistemas, reparación de fugas con sistemas de detección en tiempo real y mejoras en las mediciones de consumo de los abonados, entre otros.
El director del programa aseguró que el proyecto no solo persigue reducir la pérdida de agua, sino que también pretende optimizar la dinámica de la entidad.
“Nos va a dotar de herramientas tecnológicas para que los funcionarios puedan ejecutar su trabajo de una forma más eficiente y todo eso se traduce en una mejor calidad de servicio al cliente”, aseveró.
Ocampo indicó que aunque el plan pretende reducir el desperdicio de agua al 33%, estiman que incluso se podría bajar al 20%. Además, se pretende aumentar la eficiencia energética en un 7,5%.
“Eso significa que vamos a hacer cambios de motores en las estaciones de bombeo, cambios en paneles de control, en transformadores y demás, de forma que la institución pueda reducir ese consumo eléctrico y también evitar que, por ejemplo, cuando hay rayerías los equipos salgan de de funcionamiento”, añadió.
De acuerdo con el funcionario, ese plan beneficiará a 2 millones de personas.
Además de reducir el desperdicio y mejorar la facturación del AyA, la iniciativa también resulta clave para afrontar periodos de sequía y bajas precipitaciones como el que se espera para este año, debido al fenómeno de El Niño, en los que se suelen registrar racionamientos de agua en diversos sectores del país.
Medidores en mal estado
En abril pasado, el jerarca del AyA, Alejandro Guillén, aseguró que al menos 66% de los medidores de la Gran Área Metropolitana (GAM) requerían sustitución hace tres años.
Guillén señaló que debido al mal estado de los dispositivos el Instituto factura a la fecha solo el 43% del total de agua potable que produce. Cuando se contrajo el crédito, en el 2015, facturaba el 50%.
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Además, el jerarca manifestó que de los 180 sistemas para operación y conducción del líquido que posee la entidad, 50 tienen su disponibilidad de agua detenidas por fugas o daños en los conductos.
Aunque en esa ocasión Guillen sostuvo que el proyecto apenas había alcanzado un 10% de avance en los últimos ocho años, el encargado del programa aseguró a La Nación, la semana anterior, que el plan tiene un 34% de progreso general.
La iniciativa del RANC contempla 221 acciones que se desarrollarían en ocho acueductos de la GAM, Liberia (Guanacaste) Limón y Guácimo (Limón), Pérez Zeledón (San José), la ciudad de Puntarenas, en el centro de Alajuela y en San Ramón.
El director del proyecto agregó que pese a esa delimitación territorial, la intención es que mediante programas de capacitación se incluyan conceptos del programa en todas las regiones del país.
El proyecto de agua no contabilizada representa una inversión de $179 millones, dentro de los que se incluyen un préstamo de $130 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y una donación el banco alemán KfW, además de una contrapartida estatal de $30 millones.
Dichos fondos se gestionaron desde el 2015, aunque fue hasta el 2019 cuando el proyecto comenzó con un diagnóstico institucional y de agua no contabilizada, al cual se unió el diseño de un plan de acción que incluía las acciones críticas que se debían ejecutar.
El AyA achacó los atrasos enfrentados hasta ahora a temas logísticos, estudios de factibilidad y la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Administrativa.
