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La Contraloría General de la República (CGR) detectó una baja o nula cooperación en diferentes niveles de organización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para mejorar la gestión en áreas silvestres protegidas.
El ente contralor halló además que el Sinac podría mejorar acciones en la recopilación y análisis de información para evaluar los cambios en la diversidad biológica de estas áreas, así como los resultados económicos y sociales producto del uso sostenible de la biodiversidad nacional.
Estas conclusiones son parte de un informe de seguimiento sobre el avance en la aplicación de acciones relevantes en la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).
La Nación consultó al Sinac sobre los hallazgos, pero al final de la tarde la entidad seguía sin referirse a la investigación de la Contraloría, dada a conocer este lunes.
El Informe DFOE-AE-SGP-00001-2020 consideró aspectos como dotación de recursos, articulación de acciones y orientación a resultados entre el 2019 y la situación observada por la Contraloría en el 2014.
Costa Rica tiene ocho categorías de ASP declaradas de forma oficial entre terrenos, humedales y porciones de mar, declarados como tales para conservar y proteger la biodiversidad.
Entre estas se encuentran reservas biológicas, parques nacionales, refugios de vida silvestre, humedales, zonas protectoras, reservas forestales, áreas marinas de manejo y monumentos nacionales.
Sin embargo, la Contraloría determinó que no necesariamente todas tienen las condiciones para alcanzar los objetivos para los cuales se crearon, o que se propicie el uso de datos comparativos por parte del Sinac para mejorar la gestión de la totalidad de territorios.
Por ejemplo, los 29 parques nacionales evidencian, en conjunto, un mejor nivel de gestión respecto al 2014 , pues la mayoría tiene un plan general de manejo, instrumentos reguladores del uso sostenible de los recursos, y mecanismos para la participación de interesados.
El avance más significativo, descubrió la CGR, se centró en las 32 zonas protectoras nacionales que sí mejoraron “considerablemente en casi todas las acciones referentes a su gestión”.
Sin embargo, la categoría de refugio nacional de vida silvestre, la cual abarca la mayor cantidad de ASP al ser 50, es la de menor avance entre 2019 y 2014, principalmente por una disminución en los recursos financieros, lo cual impactó en la ejecución de actividades esenciales como investigación, monitoreo de biodiversidad y visitación.
Los humedales son la categoría menos atendida pues presentaron muy baja implementación de acciones relativas a su gestión en el 2014 y esto se mantuvo así en el 2019.
Estas 12 áreas protegidas carecen de recursos humanos, financieros, de infraestructura, equipo y servicios públicos básicos necesarios para efectuar sus actividades básicas, alerta el ente contralor.
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“Por consiguiente, presentan dificultades para monitorear la biodiversidad, regular el uso sostenible de los recursos naturales, promover la visitación, fomentar la investigación”, advierte el análisis.
Asimismo, dice el órgano contralor, su regularización territorial está incompleta, y carecen de demarcación y señalización. Además, en su mayoría, tampoco tienen un plan general de manejo.
Al considerar causas de este nivel desigual de avances, la Contraloría concluyó que existe una baja cooperación a lo interno del Sinac y con municipalidades para mejorar la gestión de estas áreas.
De 2014 al 2019, la cooperación intra e interinstitucional del Sinac para mejorar la gestión pasó de 18% a apenas 32% pues solo 47 de 146 ASP indicaron que existe colaboración.
Más en detalle, solo 31% (45 de 146 áreas) reportaron al 2019 alta cooperación intrainstitucional entre los diversos niveles de organización del Sinac y solo 16% (24 de 146) indicó alta cooperación entre distintas áreas del Sinac y municipalidades.
La CGR recomendó al Sinac considerar la revisión de procesos de gestión de las ASP para evaluar su efectividad y así definir y poner en marcha planes de acción hacia un modelo de gestión por resultados, sobre la base de buenas prácticas establecidas y allegando los recursos necesarios.
