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Los ¢5.283 millones que Japdeva tenía para pago de operaciones y salarios quedaron congelados luego que un banco, sin que se diera a conocer cuál, acatara una orden de embargo preventivo.
Esa medida dictada por un juzgado es producto de la demanda presentada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
El embargo se realizó sobre las cuentas donde se albergan los fondos provenientes de superávits de otras instituciones, que se reunieron para financiar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), con tal de que pudiera hacer frente a sus gastos de operación.
Se trata, específicamente, de recursos que se tomaron del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), así como de la cuenta donde se registran los fondos de la Ley de Transformación de Japdeva (9764), destinados al pago de prestaciones de las personas acogidas a alguna de las alternativas que se ofrecieron para dejar la institución, pues necesitaba adelgazar su planilla.
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“Con extrema urgencia y preocupación, tal cual lo hemos manifestado desde el fin de semana por las consecuencias que esta medida podía implicar, la Administración de Japdeva hará los trámites procedentes y pertinentes ante el Juzgado para apelar esta decisión y pedir las aclaraciones respectivas”, informó la institución en un comunicado.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la empresa portuaria, dijo que se encuentran tomando las medidas respectivas.
“No dudamos de las preocupaciones y alarma que esto puede generar en nuestros colaboradores, pero les garantizamos que de parte de la Administración se actuará con inmediatez y responsabilidad. La operación de servicio público se busca mantener sin afectación para ello, Japdeva ya se encuentra tomando las medidas respectivas”, afirmó Centeno
Horas más tardel, el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, confirmó la gravedad del hecho y se sumó a la preocupación.
“La solicitud del Sindicato y la resolución del Juzgado han sido hechos sin considerar las gravísimas consecuencias de una medida de esa magnitud. Al congelar todas las cuentas de Japdeva, se pone en riesgo la operación de la institución, que ofrece un servicio público esencial y estratégico. Pero más aún, la acción de Sintrajap, pone el peligro el pago de la planilla de la institución, es decir, el salario de los trabajadores”, señala un comunicado.
“El Gobierno de la República hará uso de todos los mecanismos legales a su alcance para combatir esta decisión, claramente ilegal y desproporcionada. También accionará las vías necesarias para que se sienten las responsabilidades que el ordenamiento prescribe”, expresó el ministro en el documento.
Este domingo, La Nación dio a conocer que el Juzgado de Trabajo de Limón embargó todas las cuentas de Japdeva por ¢5.283 millones, al resolver una solicitud de medida cautelar planteada por el Sindicato en relación con una demanda presentada desde 2013.
La acción judicial se realizó en reclamo por aportes de Japdeva al fondo de ahorro de los trabajadores.
De hecho, ya la Junta perdió el proceso, pero contra ese fallo fue planteado un recurso de casación que está en conocimiento de la Sala Segudna de la Corte Suprema de Justicia.
El MOPT advirtió que esta medida podría afectar el ingreso de insumos médicos que llevan vía marítima, “sabotea el proceso ordenado de liquidación de trabajadores" y pone obstáculos a la exportación en momentos críticos para el país debido a la pandemia por covid-19.
Según explicó Centeno, el orirgen del conflicto dato del 2002, cuando se negoció en la convención colectiva un aumento del aporte patronal al fondo de ahorro.
Ese incremento en el aporte se cargaría a las tarifas, no obstante, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no lo aprobó. Por esa razón, la Administración no pudo cubrirlo y no se presupuestó.
Dicho acuerdo implicaba un aporte patronal del 8% para dicho fondo. En el 2006, ese aporte se redujo al 6%.
