Escuchar
Los empresarios autobuseros verán una reducción de 30% en las tarifas que cobran a los usuarios del servicio, de aprobarse el proyecto de ley para aumentar de 15 a 20 años la antigüedad de las unidades de transporte público que operan en el país.
La consecuencia se vería al momento de aplicar la metodología de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para fijar el costo de los pasajes. Actualmente, el polémico proyecto está en discusión en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.
La causa está en la fórmula matemática que se usa para fijar tarifas de buses que está vigente desde 2016.
Este cálculo refleja el costo real de los buses que prestan el servicio, pues se diseñó de manera para que si el empresario invierte poco en la renovación de la flota, la tarifa será menor y, por el contrario, si hace una buena inversión también se le compense.
El valor de la flota se calcula a partir de datos oficiales del Ministerio de Hacienda, explicó el regulador general Eric Bogantes Cabezas. Con esto se buscó evitar el deterioro y envejecimiento de la flota y un financiamiento más justo para los que utilizan el servicio.
Antes, los usuarios pagaban el costo de los buses en un plazo de siete años, mientras que con esta metodología pagan 80% de su valor. Lo anterior, en razón de que después de siete años (plazo de una concesión para dar el servicio), los vehículos pueden ser utilizados 8 años más.
LEA MÁS: Nogui Acosta rechaza usar créditos internacionales para renovar buses
Como parte del cálculo tarifario vigente, hoy a los autobuseros se les reconoce en los pasajes un componente de depreciación, el cual asegura un ingreso para que repongan gradualmente sus unidades.
Igualmente se les reconoce rentabilidad por cada vehículo, es decir, la relación existente entre los beneficios que brinda una determinada operación u activo y la inversión realizada.
Sin embargo, el efecto de reconocer la rentabilidad y depreciación desde el cálculo es variable: afecta los pasajes según ingresen unidades nuevas y salgan viejas.
Cuando se hace una revisión tarifaria de oficio o a solicitud del empresario, Aresep corre la fórmula de cálculo a partir de información provista por el Ministerio de Hacienda sobre los autobuses, en la que se revisa en primer lugar el modelo y año del automotor para ajustar los precios, según su edad.
“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Si una empresa tiene hoy todos sus vehículos con la vida útil casi vencida y esta se extiende a 20 años de funcionamiento, en la tarifa ya no se le reconocerá ningún monto por depreciación o valor del activo porque contablemente este fue pagado”, advirtió el regulador.
Como la metodología se basó en una vida útil de 15 años por unidad (cada una pagada 80% al cabo de siete años desde las tarifas), en los años adicionales que sigan por las calles ya no se les reconocerá ningún monto por depreciación. Eso significa, recalcó Bogantes Cabezas, que hay que sustraer esas variables del método vigente y la tarifa bajará.
LEA MÁS: MOPT podría operar buses de empresas que paralicen servicio
Impacto previsto
De acuerdo con el regulador general, 30% de cada tarifa de autobús cobrada en Costa Rica representa el reconocimiento por depreciación de unidades para que los buseros actualicen sus flotillas con el paso de los años.
“Entonces uno se pregunta si las buenas intenciones podrían, por el contrario, perjudicar tanto al operador como al usuario. Con autobuses por encima de 15 años circulando, los autobuseros se quedarán sin un reconocimiento tarifario, y los pasajeros, andarán en unidades viejas”, comentó.
El regulador explicó que, desde el punto de vista del operador, la fórmula ideal es que, si la vida útil de cada autobús expira a los 15 años, debe dividirse la cantidad de autobuses en uso entre 15. El resultado de la división sería la cantidad anual de buses a renovar.
No obstante, señaló que si esas inversiones no se atendieron oportunamente, podría ser que una empresa se vea hoy en apuros para renovar varios autobuses y, además, con problemas adicionales de aprobarse una legislación para subir a 20 años la antigüedad de los unidades, sin vínculo con la metodología tarifaria; un tema cuyo competencia recae exclusivamente en la Aresep.
El mes pasado, unas 20 empresas autobuseras amenazaron con un “paro técnico” para este mes porque parte de sus unidades superan la antigüedad permitida de 15 años o porque tienen unidades cuya vida útil está vencida hace más de un año.
Dichas compañías deberían sacar de operación 84 buses a inicios del 2023, los cuales se sumarán a otros 60 que no podían circular desde inicios del 2022.
De acuerdo con datos del Consejo de Transporte Público (CTP), para el segundo semestre del 2022, 113 empresas debían renovar casi 350 unidades las cuales no podrán circular en el 2023 porque cumplen los 15 años máximos que permite la Ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).
