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Una cadena de negligencias provocó ayer la muerte de cinco personas al caer un bus al río Grande de Tárcoles, tras desplomarse el puente de hamaca que unía Orotina con Turrubares.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sabía desde el 2006 que la estructura de 89 años tenía un avanzado deterioro y corría peligro de colapsar.
Hace siete años, la institución compró las cerchas que conformarían parte de un nuevo puente pero no comenzó la construcción, pese a las reiteradas peticiones de vecinos y municipios de la zona.
El autobús en que viajaban 39 personas excedía el peso máximo permitido para pasar por la estructura (4 toneladas) y, además, no tenía autorización del MOPT para operar la ruta Orotina-El Barro-Río Turrubares.
Según el INS, el automotor tampoco contaba con la póliza de responsabilidad civil, lesiones y muerte, la cual es exigida a empresas de transporte público. Solo tenía el seguro obligatorio del marchamo.
Testigos narran que, la tarde anterior al accidente, un camión de una empresa estatal no pudo pasar por el puente debido a su gran tamaño. Echó marcha atrás y golpeó la estructura, lo cual habría roto un cable tensor.
Una persona que pasó por el puente, segundos antes del accidente, vio que un cable colgaba de la estructura hasta el río.
El accidente ocurrió a las 6:40 a. m. cuando el bus iba a Orotina. Además de los cinco fallecidos, 34 personas resultaron heridas.
Advertencias. Hace 22 días, el alcalde de Turrubares, Rafael Vindas, envió una última solicitud a Karla González, ministra de Transportes. “El puente tiene muchos tablones malos y despegados. Por dicha, a la fecha no ha pasado ninguna emergencia”, dijo. Otras solicitudes datan del 2003.
Por ejemplo, la firma turística Turubarí contrató un estudio en el 2006 que demostró el mal estado del puente y lo envió a las autoridades.
Allí, se destaca que se sobrecargó el paso con tuberías de ocho pulgadas de diámetro para transportar agua, lo que implicó un aumento en el factor de riesgo.
González y María Ramírez, directora de Puentes del MOPT, aseguraron que el concurso para construir una nueva obra de 110 metros saldría este año, pero se atrasó por falta de dinero. Las expropiaciones están listas desde el 2008.
Pese a ello, la Ministra se defendió al decir que el MOPT tomó la previsión de prohibir el paso de vehículos de más de cuatro toneladas desde el 2006 y colocó señalización.
Ramírez agregó que, en un lado del puente, se instaló un arco de concreto para evitar el paso de automotores de cierto tamaño y peso.
Bus rechazado. En diciembre del 2008, el Consejo de Transporte Público (CTP) negó el permiso para que el autobús accidentado (con la placa AB 4540), circulara en la ruta, porque solo tenía una puerta.
Este bus pesa 5,4 toneladas, según datos del Registro Nacional y pertenece a la firma ARHAR Internacional, de los hijos de Lirión Aguilar Córdoba (ya fallecido), permisionario de la ruta desde 1980.
Miguel Zamora, abogado de la sociedad, dijo que la autorización para usar el bus estaba en trámite.
Rolando Aguilar, uno de los dueños, alegó que nunca recibió una orden del MOPT para suspender el tránsito por el puente o bajar a los pasajeros. Eso fue confirmado por Javier Vargas, director del CTP.
Según el empresario, en ocasiones los pasajeros se bajaban pero esa no era lo habitual: “El problema es que, al ser de madera, a la gente no le gustaba pasar a pie porque se podían resbalar”, sostuvo.
Añadió que varias veces se zafaron algunas tablas del piso del puente y los pasajeros ayudaban a buscar materiales.
El autobusero Aguilar alegó que nadie controlaba el paso de carga pesada.
