Conforme pasan las horas, más organizaciones presionan para que el gobierno levante los bloqueos instalados por pequeños grupos, en múltiples puntos de las carreteras nacionales, desde este miércoles 30 de setiembre.

La tarde de este jueves, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Cámara de Comercio de Costa Rica publicaron pronunciamientos en los que solicitan que se ponga fin a la obstrucción de las de vías y se restaure el libre tránsito.

Según el último reporte de Casa Presidencial, grupos de manifestantes mantienen 51 bloqueos en rutas nacionales de todo el territorio para expresar su oposición a la negociación de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar la crisis fiscal.

El principal reclamo de los manifestantes es que el acuerdo con el FMI implicaría nuevos impuestos para la población.

Durante este jueves, las autoridades reportaron cierres en distintos puntos de la Interamericana Norte, la Interamericana Sur como el puente sobre el río Jilguero; la ruta 27, la vía que comunica San Miguel de Sarapiquí con Ciudad Quesada, múltiples vías y cruces en San Carlos, la Costanera y la ruta 32.

También interrumpieron el paso en la ruta 6 (Interamericana Norte - Upala) en la entrada a río Celeste, en Bijagua, en el puente río Zapote, en Upala, en Upala centro, en el cruce hacia Tilarán y en la entrada a Herradura, en Garabito, entre otros.

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Uccaep hizo un llamado al Poder Ejecutivo “para que asuma el rol que le corresponde en la búsqueda de un diálogo que permita deponer los bloqueos promovidos por organizaciones sociales y que se están traduciendo en una afectación en la movilidad de las personas, en el empleo, en la productividad y en la imagen del país”.

Sin respuesta clara

Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, manifestó, en un video enviado por su oficina de prensa, que bloquear carreteras es un delito, pero omitió precisar qué acciones tomará el Estado para restablecer el tránsito.

“En estos dos días de manifestaciones hemos tenido una serie de eventos que no deberían ser. Por ejemplo, un manifestante amenazó con un machete a una persona que quería pasar por un retén; en algunos retenes han parado ambulancias para revisarlas y se ha impedido que lleguen muestras de laboratorio de la Caja Costarricense de Seguro Social a su destino y en los alrededores del aeropuerto Juan Santamaría un manifestante fue majado por un vehículo (...) esos eventos no deberían ocurrir”, expresó el jerarca de Seguridad.

La Nación solicitó a Casa Presidencial una entrevista con el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, o con el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, para conocer la estrategia del Ejecutivo para solucionar esta crisis, pero al cierre de esta información no se recibió respuesta.

Este diario llamó en varias oportunidades a esos dos ministros, pero no contestaron las llamadas.

En agosto del 2019, los magistrados de la Sala Constitucional condenaron a la Policía de Tránsito y a la Fuerza Pública por no actuar ante un bloqueo protagonizado por transportistas y estudiantes en las rutas a Limón y Pérez Zeledón, entre junio y julio de 2019.

De acuerdo con la Sala Constitucional, los participantes excedieron el ejercicio de su derecho a manifestarse al afectar de manera grave los derechos de terceros.

Recordaron además que el Código Penal establece que “se impondrá pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes”.

Graves perjuicios

“El país atraviesa hoy por un clima de tensión social y desde UCCAEP estamos haciendo un vehemente llamado al Gobierno de la República para que asuma el rol que le corresponde y genere el diálogo y las gestiones necesarias y urgentes para que se depongan los bloqueos”, dijo José Álvaro Jenkins, presidente de Uccaep.

La organización agregó que en los próximos días presentará una propuesta para reactivar la economía y generar nuevos empleos.

Julio Castilla Peláez, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, reiteró el pedido para que se restaure el tránsito con el fin de no afectar aún más las actividades comerciales en el país.

“El llamado que hacemos a las personas que se quieren manifestar es que lo hagan, pero que no afecten a personas o empresas. La tarea que tenemos como país es salir adelante y volver a trabajar”, comentó Castilla.

En algunos de los bloqueos colocados por los manifestantes hay personas que reportan estar atrapados desde este miércoles.

La mañana de este jueves, la Cámara Nacional de Turismo también requirió que se liberen las carreteras para no afectar el turismo el fin de semana.

También, el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), Juan Rafael Lizano, advirtió de que entre miércoles y jueves se paralizó la salida de productos de las fincas a raíz de los bloqueos viales.

La situación, agregó, afecta plantaciones de las zonas Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca.

Explicó que los empresarios agrícolas redujeron la actividad de cosechas, ante el aviso de los bloqueos, pero hay productos que están en momento de corta y no se pueden sostener en las plantaciones.

A mediana mañana de este jueves, al menos 30 empresarios llamaron para decir que deben sacar producto para exportación con urgencia, señaló el dirigente de la CNAA.

Las manifestaciones se dan además en momentos en que autoridades de salud piden evitar aglomeracione para frenar la propagación de la covid-19.