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Afirmar que la administración del agua en Costa Rica es caótica se queda corto.
Aunque la información científica y técnica sugiere que el país aún posee suficiente recurso, la gran cantidad de problemas de gestión y acceso revelan riesgos para el futuro.
El panorama empeora por la falta de datos actualizados que permitan la planificación en caso de eventos extremos, como sequías o inundaciones.
El último balance hídrico data del 2008 lo cual supone “un severo rezago en la información”, indica el Vigésimoprimer Informe del Estado de la Nación , presentado en noviembre.
“En Costa Rica ni siquiera tenemos estaciones hidrométricas (que miden el volumen de agua) adecuadas para ver cómo se comportan las nacientes”, explicó Ricardo Sánchez, hidrólogo e investigador del tema en la Universidad Nacional (UNA).
Por esa razón es imposible conocer el comportamiento de las cuencas, explicó Sánchez.
“No sabemos cuánta agua tenemos. Sabemos cuánta llueve pero no cuánta se filtra al suelo, o se pierde por corrientes superficiales o dónde están las zonas de recarga acuífera”, señaló.
La falta de articulación de esfuerzos y la dispersión de datos en muchas instituciones parecieran ser el origen del problema.
Algunas de las entidades involucradas en el tema son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por el tema de generación hidroeléctrica, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), las Asociaciones Operadoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario (Asadas) y las municipalidades.
Las instituciones “hablan en lenguajes distintos”, dijo Geovanny Córdoba, coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados.
Reformas a la Ley de Aguas de 1942, en discusión en la Asamblea Legislativa, tampoco plantean una gestión integral.
Pleitos por agua. Un efecto del caos es la multiplicación de conflictos.
Entre ellos el reclamo histórico de los guanacastecos , la disputa cantonal en Cartago o entre Grecia y Atenas, en Alajuela.
Una denuncia reciente fue la que plantearo n pobladores de Poás contra la Municipalidad de Alajuela por la aparente invasión de sus nacientes para llevar agua a Quebradas de Tambor.
Los racionamientos, la paralización de construcciones son parte del panorama.
Entre 2005 y 2013 a la Sala Constitucional y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación llegaron 2.950 quejas por agua, según un estudio de la UNA.
De acuerdo con el análisis, hay una presión “enorme” sobre la infraestructura actual que, conforme se agrave el cambio climático, disparará las disputas entre comunidades, constructores y municipios, manifestó Germaín Esquivel, profesor de la escuela de Química en esa casa de enseñanza y coautor del trabajo
Ante tal situación, el AyA ha intensificado su clamor por el ahorro. Según ellos, una familia de cinco miembros gasta al mes unos 24.000 litros de agua según estimaciones de la institución.
Actualmente, los principales responsables del abastecimiento del líquido son el AyA (49%), las Asadas (25%) y los acueductos municipales (15%).
