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Un careo entre la presidenta del PANI, Patricia Vega; su antecesora, Ana Teresa León; y la auditora interna, María Auxiliadora Chávez, reveló los desórdenes que arrastra la institución desde años anteriores, para invertir los fondos públicos destinados a proteger a la niñez.
Los diputados convocaron a las funcionarias a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, este jueves, a raíz de los señalamientos de trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y algunas organizaciones no gubernamentales, sobre un supuesto debilitamiento de los programas de protección a niños y adolescentes.
Dichos grupos aseguran que la entidad ha dejado de utilizar recursos públicos disponibles, pese a la necesidad de contratar más personal y de ampliar los programas para menores.
La actual presidenta ejecutiva aseguró haber heredado una institución desordenada con proyectos que no tenían sustento técnico, seguimiento ni control, por lo que se estaban utilizando fondos públicos sin tener certeza de que las iniciativas generaran resultados.
Según datos de la Contraloría General de la República (CGR), en el 2018 la institución no ejecutó ¢18.000 millones de los ¢79.800 millones que se le asignaron.
“Cuando yo llego al Pani recibo varios informes que me llamaron la atención. El Departamento Financiero Contable señaló que, sobre algunos proyectos específicos, había debilidades como desvínculo con metas y objetivos, debilidades en seguimiento y control, carencia de indicadores, falta de presupuestos detallados”, señaló Vega.
A raíz de esas alertas, según señaló la funcionaria, se decidió frenar algunos proyectos. Varios de ellos eran ejecutados por organizaciones no gubernamentales, que recibían transferencias del Patronato.
La auditora interna, María Auxiliadora Chávez, entró en la discusión cuando afirmó que durante la gestión anterior, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, nunca se elaboró un plan estratégico que permitiera enrumbar la entidad para cumplir sus objetivos.
“La administración anterior prácticamente pasó los cuatro años elaborando un plan estratégico que lo divulgó saliendo, pasaron elaborando y por lo menos la Auditoría Interno no lo conoció”, afirmó Chávez.
Al respecto, Ana Teresa León, anterior presidenta del Patronato, desmintió a la auditora y entregó a los diputados de la comisión legislativa, documentos y actas de Junta Directiva que, según alegó, evidencian que sí existía la mencionada estrategia.
“Desde julio de 2015 existía un plan maestro que se iba mejorando sobre la misma base, nada más que agregándole nuevos elementos conforme se nos fueron aumentando los recursos”, indicó la exjerarca.
También afirmó que ese plan fundamentaba los proyectos de organizaciones no gubernamentales que se financiaban con recursos de la institución.
Críticas
Los diputados llenaron de críticas a la auditora, con 20 años de carrera en la institución, por no darle seguimiento y control a los proyectos, que según la actual presidenta, se realizaban sin sustento técnico durante la pasada administración.
“La auditoría interna no hizo informes a esos proyectos aún cuando año a año se destinaba una cantidad importante (de dinero). Y que conste, yo aquí no estoy cuestionando la razón de ser de estos proyectos, que me parece muy importante poder trasladar esos recursos a organizaciones, estoy cuestionando cómo financiamos proyectos sin que estén vinculados a un plan de trabajo”, señaló la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por otra parte, los congresistas también criticaron que la presidenta ejecutiva del Patronato deje sin utilizar recursos en momentos en que se cuestiona la actuación de la entidad con respecto a los casos de dos pequeños fallecidos este año.
Un niño de cinco años murió, en mayo anterior, debido a una hemorragia intestinal ocasionada por golpes. El personal de la oficina regional del Patronato, en Alajuela, recibió la denuncia por maltrato, pero no encontró la casa donde vivía el menor.
La otra muerte ocurrió en junio. El menor fallecido, de tres años, fue devuelto días antes a su familia junto a sus cinco hermanos.
“Podemos pasar seis o siete sesiones con ellas presentes, cada una echándose las responsabilidades, mientras tanto afuera hay miles de niños esperando atención y miles de organizaciones esperando el traslado de recursos para proyectos que son importantísimos de este país.
"Esta sesión es penosa, en donde ni siquiera la auditoría interna tiene claro lo que ha pasado en los últimos seis años”, criticó Roberto Thompson, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
