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El presidente de la República, Carlos Alvarado, advirtió que el Gobierno no dialogará con los grupos sindicales, mientras continúe la huelga iniciada este lunes en diferentes instituciones públicas contra la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.
“Este movimiento es improcedente, es injustificado, dado que las puertas de diálogo de esta administración han estado, están y estarán abiertas, pero no entraremos en un proceso de diálogo mientras haya movimientos que lo que buscan es afectar a las y los costarricenses”, declaró Alvarado en una conferencia de prensa con jerarcas de distintas entidades.
El mandatario aseveró que “es público y notorio que nosotros hemos hecho un llamado a dialogar”.
El presidente indicó que el movimiento no ha tenido mayor impacto en los servicios públicos. Además, firmó una directriz para que el servicio de trenes se brinde con más frecuencia durante la huelga.
24 instituciones solicitaron la declaratoria de ilegalidad de la huelga, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como los ministerios de Justicia y Paz, Vivienda y Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó el ministro de Trabajo, Steven Núñez.
Núñez apuntó que esperan que más instituciones presenten solicitudes de ilegalidad en las próximas horas. El ministro explicó que si los tribunales declaran la ilegalidad del movimiento los empleados deben volver a sus trabajos en 24 horas, de lo contrario se les rebajaría el salario.
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Según el jerarca de Trabajo, los huelguistas incumplieron con el procedimiento para ir a huelga que establece la Reforma Procesal Laboral.
“Es nuestro criterio y el de cada jerarca que ha solicitado la declaratoria de ilegalidad que ese procedimiento no se ha realizado, entiéndase la presentación de un conflicto económico social, un conflicto jurídico, además de realizar las respectivas asambleas”, dijo Núñez.
También hubo 14 entidades en las que ningún funcionario se unió a la protesta, como el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Trabajo, agregó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
Por su parte, el ministro de Educación, Édgar Mora, manifestó que reportes del 9% de los 5.300 centros educativos del país, revelan que el 30% de los funcionarios se presentaron a trabajar. Mora aclaró que esa cifra no representa una proporción.
“Tenemos reportes de cientos de miles de escuelas abiertas, también de colegios abiertos, que funcionan con anormalidad, es decir, sin todo el personal que requieren”, dijo el ministro.
La presidenta ejecutiva del Incofer, Elizabeth Briceño, declaró que solo hubo afectación en un viaje en el que algunos manifestantes se subieron indebidamente al tren, por lo que la institución presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El único bloqueo total de una vía a nivel nacional persiste en Barranca, Puntarenas, donde el Ministerio de Seguridad ha “estado en negociaciones con las personas allí presentes para evitar todo tipo de confrontación”, dijo el ministro, Michael Soto.
Soto alertó sobre videos que circulan en redes sociales que “no corresponden con la realidad, lo que pretenden es indisponer a la ciudadanía con los cuerpos policiales”.
La mayor afectación en la CCSS se dio en el Hospital San Juan de Dios, donde se debieron suspender cirugías. Asimismo, Recope reportó que no hubo problemas de abastecimiento.
