EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó investigaciones administrativas contra seis funcionarios por aparentes irregularidades en la apertura de un costoso centro de llamadas para la asignación de citas y otros servicios a asegurados.
Entre los involucrados están Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la CCSS; Priscila Balmaceda, directora del Hospital de Heredia e integrante del Comité Estratégico EDUS; y Ana Lorena Solís Guevara, jefa del Área de Estadística en Salud.
La justificación para abrir el procedimiento disciplinario contra Ruiz señala que pudo haber incumplido artículos e incisos de la Ley de Control Interno y de la Ley General de Administración Pública al no vigilar la “eficiencia y eficacia” de sus subalternos.
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El análisis, elaborado a partir de informes de la Auditoría Interna, expone que Ruiz carecía de información suficiente para tomar una decisión como la institucionalización de un centro de llamadas. También advierte de una presunta omisión a la hora de evaluar las implicaciones y los riesgos relacionados con el proyecto.
El Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos de la CCSS informó de que cinco de las seis personas investigadas ya fueron notificadas sobre el inicio de las pesquisas, pero no dio detalles sobre las fechas de notificación.
La investigación contra Ruiz se da a conocer 19 días después de que presentó su renuncia como gerente médico. El 9 de setiembre, a través de un comunicado de prensa enviado después de las 11 p. m., la entidad comunicó que el gerente dejaba su puesto alegando razones personales. De acuerdo con ese boletín, la salida de Ruiz se hará efectiva a partir del 29 de noviembre del 2021.
La Nación intentó consultar al gerente médico sobre este asunto, pero no respondió los mensajes enviados, este lunes y martes, a su celular. También se le pidió una reacción a Balmaceda, pero tampoco contestó.
Razones para investigar
El 28 de mayo, una investigación de este diario reveló que la Gerencia Médica decidió asumir un call center con funcionarios y equipo propio basados en costos erróneos. Por ejemplo, calculó la planilla a partir de una remuneración mensual de $83 para cada uno de los 128 trabajadores encargados del servicio en el primer año. El salario correcto, según datos de la CCSS, es de ¢466.650 ($750 al tipo de cambio del 28 de setiembre).
El error provocó que la institución fijara la planilla de esos 128 empleados en $127.470 anuales (¢79 millones). Sin embargo, con los números correctos, ese monto subiría a $1,1 millones por año (¢716,7 millones), es decir, 762% más que la cuenta original. Los $1,1 millones no incluyen aguinaldos, anualidades ni cargas sociales.
Las pifias en los cálculos eran desconocidos para Ruiz hasta que La Nación se los hizo ver en una entrevista realizada en mayo.
Según la Gerencia Médica, el call center sería operado por empleados de clínicas y hospitales que, con el paso del tiempo, la digitalización y la modernización, han perdido funciones como llevar archivos médicos en papel, trasladar resultados de laboratorio de un consultorio a otro o guardar grandes registros, entre otros.
No obstante, la decisión implicó una reducción en el horario del servicio, pues cuando la línea telefónica era operada por una empresa privada se atendía entre 14 y 24 horas al día, con los empleados de la Caja la atención se redujo de 7 a. m. a 4 p. m.
Además, cuando el servicio era tercerizado se cancelaban ¢500 millones anuales, aproximadamente, lo cual es mucho menor a los costos directos de operarlo de forma directa por la CCSS.
La determinación de institucionalizar el call center también obligó a la entidad a usar sumas millonarias en la compra de sistemas informáticos. En abril anterior, por medio de una licitación abreviada, la CCSS adquirió un software para atención de llamadas y mensajería a la empresa GBM Costa Rica por ¢400 millones.
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Todos esos elementos motivaron la intervención de la Auditoría Interna para la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 3 de agosto anterior, para que determine si los funcionarios involucrados en esas decisiones incurrieron en algún delito.
