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Una deuda de ¢235 millones en cuotas obrero-patronales llevó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a cerrar el centro turístico Termales del Bosque, en Ciudad Quesada, San Carlos, el 11 de octubre.
El negocio estuvo cerrado por nueve días, tiempo durante el cual se mantuvieron los sellos oficiales en puertas y ventanas del centro turístico.
Solo se retornó a la operación normal con un acuerdo de pago que el dueño logró con la CCSS, según confirmó Douglas Navarro, encargado de reservaciones, el 5 de noviembre.
"Tenemos un arreglo de pago con la CCSS y nos interesa que la gente sepa que fue un hecho aislado, que nunca antes nos había pasado esto en 23 años", señaló Navarro.
En esta ocasión, según dijo, el elevado pago de las cuotas de 30 trabajadores en planilla se sumó a la situación económica que atraviesa el país, así como a un aumento en la competencia turística en la zona norte.
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El caso de Termales del Bosque está entre los 3.424 negocios contra los cuales se tramitó la sanción por atraso en el pago de cuotas.
Este castigo no representa el cierre definitivo de los establecimientos, pues la entidad solo aplica medidas temporales por cinco días para presionar a los deudores. Esta se puede prorrogar por cinco días más, pero siempre implicará clientes que se dejarán de atender e ingresos que no llegarán, aparte del eventual golpe en la imagen.
De acuerdo con la Dirección de Cobros de la Caja, del total de trámites de cierre, solo se procedió a ejecutar la sanción administrativa en 38 negocios.
Otras 1.662 empresas morosas pagaron la deuda o firmaron un acuerdo de pago con la institución, mientras que los 1.724 trámites de cierre restantes continúan en trámite. De no llegar a un convenio con el deudor el negocio también sería cerrado y el caso podría pasar a cobro judicial.
“El objetivo de la Caja nunca es cerrar negocios, pero en ese contexto, obviamente, cuando un patrono o un trabajador independiente se encuentra moroso, pues también hay una ley que obliga a la institución a aplicar las medidas respectivas de cobro para recuperar lo adeudado y una de las herramientas es el cierre de negocios”, señaló el director adjunto de Cobros de la Caja, José Eduardo Rojas.
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Las gestiones de cobro de este departamento permitieron que la CCSS recuperara ¢296.600 millones a setiembre. La suma es ¢11.000 millones más alta con respecto al mismo periodo del año anterior.
Para entonces, la entidad había tramitado el 80% de las gestiones de cierre realizadas durante 2018, cuando se presentaron cerca de 4.300 procedimientos de clausura.
"Lo que uno ha visto en el entorno, con las condiciones económicas, es que las empresas ahora tienen algún grado de dificultad (para pagar)", señaló Rojas.
De hecho, el personal de la CCSS se ha topado con casos en los cuales cuando llegan a cerrar, ya los negocios han puesto puesto candado porque ya la operación no era rentable. En esas situaciones, la institución continúa con el cobro judicial.
Dificultad económica
El sector comercial está entre los más más afectados por el lento crecimiento de la economía nacional y el bajo consumo de los hogares costarricenses.
Según Rojas, “muchos” de los negocios morosos con la Caja son comercios, aunque sin precisar un porcentaje.
“La situación es muy complicada y es poco lo que nosotros como cámara podemos hacer. Yo creo que las medidas que el Gobierno ha optado, algunas que inclusive hemos propuesto, han sido insuficientes. Vea que los negocios cierran, ni siquiera es que no pueden pagar las cargas sociales, es que no tienen ni para pagar el salario de la gente”, señaló Elizondo.
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En un intento de atender el problema de las deudas de patronos y trabajadores independientes, se impulsa en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone abrir un periodo de amnistía de seis meses, para que morosos salden la deuda con la CCSS, con el perdón de multas e intereses.
“La voracidad de la CCSS es contraproducente. Más bien hay que dar una amnistía general y bajar el monto que pagan los trabajadores independientes”, expresó el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), proponente de la iniciativa.
Otro plan del legislador socialcristiano para contrarrestar esta situación y reducir la informalidad laboral, eliminaría el mecanismo con el que la CCSS fija el cobro de cargas sociales a trabajadores independientes.
Actualmente, un trabajador por cuenta propia debe desembolsar entre 10,5% y 18,5% de sus ingresos, cuando un asalariado aporta el 10,3% de su remuneración.
El proyecto propone equiparar los porcentajes, además de permitir que la cuota se calcule sobre la renta neta y no la bruta.
En octubre, la CCSS comenzó a aplicar un reglamento que rebaja las cargas sociales a las microempresas durante sus primeros cinco años de vida. Sin embargo, ese beneficio solo aplica para nuevos emprendimientos, no para aquellos que ya se encuentran operando.
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